Un hombre que había sido golpeado tras denunciar una fiesta no autorizada y reclamar por ruidos molestos llegó a un acuerdo reparatorio con sus agresores, quienes deberán pagarle US$ 4.000. La fiesta se desarrolló a fines de enero, en una casa ubicada en Punta del Este, que luego fue adquirida por el chef y comunicador Sergio Puglia.
Las partes, representadas por Jorge Barrera —por la víctima— y Joaquín Abal —por los agresores—, tendrán una audiencia el próximo martes en la que confirmarán un acuerdo reparatorio para darle punto final al caso.
Luis María Rodríguez tiene 71 años y reside en San Rafael. Sobre las 10:00 de la mañana del 26 de enero, se dirigió hacia una vivienda para reclamar por ruidos molestos que habían llegado hasta su vivienda durante toda la madrugada.
"Habían llamado varios vecinos para denunciar ante la Intendencia de Maldonado el desorden en el lugar; algunos también llamaron a la Policía, pero se les dijo que ellos no actuaban directamente, que tenía que ir la intendencia y ellos apoyaban", relató el vecino al medio Cadena del Mar el día de la agresión.
"Me agarraron unos patovicas ni bien llegué, me sujetaron de los brazos, mientras los que organizaron la fiesta me insultaban y me pegaban, me querían quitar mi celular para que no documentara nada", relató.
Un golpe en el rostro mientras tenía puestos sus lentes causó una herida por encima de su nariz (ver foto). También patearon su vehículo, causando abolladuras en dos de sus puertas.
Rodríguez huyó, y se presentó ante la Jefatura de Policía de Maldonado para denunciar el hecho. Además, fue asistido y se le diagnosticó traumatismo facial.
Si bien Fiscalía ordenó la detención de cuatro personas, finalmente estas fueron liberadas. Se terminó individualizando a dos de ellas, quienes finalmente deberán pagar por la agresión.
La vivienda en la que se desarrollaba la fiesta estaba siendo alquilada a los agresores, y días después fue inaugurada por su nuevo propietario, Puglia.
Llegaron a un acuerdo
Luego de varias semanas de investigación, Fiscalía consiguió elementos para solicitar la formalización de dos de los agresores por un delito de lesiones, pero tras este anuncio, las partes finalmente llegaron a un acuerdo reparatorio. El monto que deberán pagarle al vecino agredido es de US$ 4.000.
"Por concepto de total y única indemnización derivada del referido evento (...) La indemnización incluye daño moral —directo e indirecto o por rebote—, daño emergente, lucro cesante pasado y futuro", dice el documento presentado ante la Justicia, al que accedió El País.
La víctima, representada por Barrera, presentó fotografías, videos y constancias médicas, según relató el abogado a El País. "Este caso ratifica la importancia de la participación de la víctima en el proceso", aseguró Barrera.
La defensa de su contraparte estuvo encabezada por Abal, que trabajó junto a Emiliano Chimuris y Santiago Noguera. "No son ningunos delincuentes; cometieron un error, lo comprendieron y desde el primer momento estuvieron dispuestos a colaborar con la Justicia", dijo Abal a El País, y señaló que el acuerdo garantiza una indemnización para la víctima y permite que sus clientes "no carguen con antecedentes penales que afecten su futuro".
Las dos partes resaltaron la importancia de haber llegado a una "solución alternativa", y aseguraron que es necesario trabajar más en ellas. "Ampliar las herramientas alternativas de resolución de conflictos no solo permitiría agilizar la Justicia, sino que también tendría un impacto positivo en la política penitenciaria", destacó Abal.
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