TRAS AUDIENCIA JUDICIAL

Este lunes se realizó la audiencia de conciliación por el conflicto de Riogas luego de que la empresa trasladara el suceso al ámbito de la Justicia y que fueran citados 75 trabajadores involucrados en lo que la compañía consideró un piquete. La empresa de supergás estima que las pérdidas ocasionadas por esta medida sindical —que produjo una paralización y bloqueo de la actividad— fueron de 18 millones de pesos.

Sin embargo, no hubo conciliación entre las partes y “según lo determina la Justicia, ahora la empresa tiene hasta cuatro años para iniciar la demanda”, dijo a El País Fabio Riveron, dirigente de Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys).

Se debe esperar a que Riogas demande, explicó uno de los abogados de los trabajadores citados. “Es un tema de pruebas, primero tienen que probar que existieron los piquetes, segundo tienen que probar que no fue huelga y después tiene que probar que esos 18 millones de pesos que perdieron fueron una consecuencia de lo que pasó a raíz del conflicto”.

Lo que se discute es si el accionar de los empleados de la empresa de supergás se trató de una huelga —amparada por la ley— o un piquete, que estaría prohibido con la vigencia de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Además, la defensa de los trabajadores no reconoce ningún hecho de los que alega Riogas.

“Se atenta contra la libertad sindical en medio de una actividad gremial legítima, pacífica y bajo el derecho de huelga; se atenta contra la Constitución”, dijo otra de las abogadas y agregó que “es innovador que trabajadores en derecho gremial reciban una citación por 18 millones de pesos”.

Ana Laura Alonso, abogada de Fuecys dijo a El País: “La empresa entiende que hubo daños ocasionados por el conflicto y nosotros no compartimos la judicialización de los conflictos colectivos, sino que debió llevarse en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

La abogada dijo que no se logró solucionar el conflicto con el MTSS como mediador, dado que la empresa Riogas no se avino a la negociación, sino que tenía propuestas de imposición. Alonso indicó que en el medio del conflicto hubo una reestructura que no fue negociada, sino impuesta. “Nos quedó la sensación de que el ministerio no llegó al equilibrio necesario para un acuerdo”, destacó.

El País se comunicó con las abogadas de la firma Ferrere, que representan a la empresa Riogas, pero declinaron brindar declaraciones.

En la puerta del juzgado Riverón dijo a El País que la idea de la caravana  que realizaron previo a la audiencia fue “rodear a los 75 trabajadores de Riogas que la empresa resolvió judicializar” y enfatizó que esto es algo que les “llama mucho la atención”.

El sindicalista también informó que el trabajador que inició el conflicto en mayo aceptó el despido, pero de todas formas la relación conflictiva con la empresa se acentuó a partir de la medida de huelga.

El 1 de setiembre hay otra instancia donde se citó a Fuecys y a la Asociación de Trabajadores de Riogas (ATR)”.