TRAS LA OCUPACIÓN DE MAYO DE 2019

Reabren el caso de la ocupación sindical de la planta de Friopan

El juez Huberto Álvarez decidió el miércoles 10 que un nuevo fiscal reinvestigue la ocupación hecha en 2019 a la planta de Friopan donde sindicalistas provocaron pérdidas millonarias.

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Según la empresa, más de media tonelada de masa se perdió durante la ocupación. Foto: Friopan

Las fotos de los destrozos provocados por la ocupación de la planta de Friopan, y los audios de las amenazas de un sindicalista a un empleado de la empresa, se hicieron virales en 2019.

La fábrica fue ocupada el 24 de mayo de ese año. En la madrugada del 25 ingresaron a dicha fábrica personas que bajaron de un ómnibus.

Según los encargados de Friopan, algunas de esas personas no trabajaban en la fábrica. Supuestamente, la movilización se efectuó en rechazo a la compra de nueva maquinaria y ante la posibilidad de que los nuevos equipos provocaran despidos de trabajadores.

La medida gremial terminó el 28 de mayo de 2019. Poco después, la empresa denunció ante la fiscal Silvia Pérez supuestos delitos de apropiación indebida de mercadería y materia prima, daños efectuados a productos en proceso de fabricación y maquinaria, y amenazas de un trabajador sindicalizado a otro por filmar los estragos de la ocupación.

Casi dos años después de la ocupación, la fiscal Pérez archivó el caso por considerar que no surgían pruebas de ninguna actividad delictiva durante la medida sindical.

Los abogados de la empresa, Andrés Ojeda y Fernando Posada, solicitaron a la Justicia la reapertura del caso.

El miércoles 10, el juez de 32° Turno, Humberto Álvarez, dispuso el reexamen de la denuncia de Friopan, por entender que se podría estar ante delitos, y agregó que “es posible” continuar “útilmente” la indagatoria penal.

Ahora el expediente será analizado por el fiscal Carlos Negro.

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Planta de Friopan tras la ocupación. Foto: Gentileza Friopan

Cámaras tapadas.

El escrito presentado por Ojeda y Posada ante el juez Álvarez, solicitando el reexamen del caso, no ahorra cuestionamientos hacia la labor investigativa de la fiscal Pérez.

Dice, por ejemplo, que apenas la empresa presentó denuncia penal en junio de 2019, la fiscal adoptó “algunas medidas investigativas” con cierta inmediatez, tales como citar a los denunciantes a que ratificaran y explicaran la denuncia, escuchar audios entregados por los dos penalistas y citar a unos pocos trabajadores de los muchos denunciados.

Todas esas instancias ocurrieron en julio de 2019. Luego, la investigación se “paralizó” durante un año y medio hasta ser archivada en diciembre de 2020, con pocas actuaciones más.

Para ambos penalistas, la investigación llevada adelante por la Fiscalía fue “sumamente precaria y defectuosa”.

Y entienden que aportaron pruebas que evidenciaban los hechos denunciados pero que, sin embargo, la Fiscalía primero no las tuvo en cuenta, y luego las desechó con una “escasez argumental preocupante”. Ojeda y Posada explican en su escrito que la empresa tomó la precaución de labrar un acta al momento de la ocupación de la fábrica y otra cuando se desocupó, siendo esta última acompañada de decenas de fotos que mostraban los deterioros y faltantes ocasionados.

En la ampliación de la denuncia, los abogados se refieren a tres supuestos ilícitos causados durante la ocupación:

1) Daños. “El calamitoso estado en que se encontraron las instalaciones, cuyas cámaras de seguridad fueron manipuladas por los ocupantes tras haber sido algunas tapadas con cartones y otras desenfocadas, fue registrado en video por un empleado en su celular”.

2) Faltantes. “A su vez, uno de los depósitos que estaba lleno de mercadería y cerrado con candado previo a la ocupación, aparece con el candado abierto y con mercadería faltante cuya cantidad no pudo constatarse, hurtada en el marco de la ocupación”.

3) Amenazas. “Se agregaron los audios en los que se escucha a S. (trabajador sindicalizado) decirle “gordo cornudo de mierda”, “perro lambeta”, y le dice también “mañana te voy a hacer sentir el rigor” al trabajador que filmó los daños. Le advierte que no debió haber difundido los videos (sobre los destrozos en la fábrica) porque no es dueño, sino empleado”.

"No menciona las pruebas".

“La Fiscalía de Flagrancia casi no hace referencia a todos los medios probatorios presentados por la denuncia de Friopan a la hora de disponer el archivo de la denuncia, sino que se basa casi exclusivamente en cuestiones jurídicas que no compartimos ni nos parecen mínimamente fundamentadas”, expresa el escrito de los penalistas Andrés Ojeda y Fernando Posada.

Propietario de Friopan: “Sentí que era una maldad”
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El 7 de setiembre de 2020, 16 meses después de la ocupación, el dueño de Friopan, Adolfo Fernández, afirmó a El País que lo que sufrió la empresa fue un atropello. “Sentí que era una maldad, una violación al trabajo, al respeto, a la falta de valores, porque el pan es un producto delicado”, expresó Fernández. También señaló que las pérdidas que sufrió la empresa por este episodio fueron de aproximadamente $ 6.000.000, tanto en materia prima como en mercadería.

“Hubo roturas, robos, dieron vuelta las cámaras de seguridad y hubo clientes que me dijeron: ‘no me cumpliste, no me importa, vos tenés tus problemas y yo los míos’. Nosotros quedamos como los malos de la película”, expresó el empresario. Adolfo Fernández es la cuarta generación de panaderos de Friopan. Dijo que la empresa aún carga “con una mochila pesada” tras lo sucedido. “No encontramos en la Justicia aún una respuesta, un seguimiento. Está todo trancado y pareciera que esto (por los daños y las pérdidas) no pasó nunca. Se olvidaron de nosotros”, afirmó el propietario y agregó: “Queremos que se resuelva esto en la Justicia”.

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