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Primera condena por tráfico de cocaína a Bélgica en budines y alfajores: está en su casa por motivos de salud

La pericia respecto de su imposibilidad de estar en la cárcel fue "contundente"; La pena es de seis años y se le harán análisis de manera periódica.

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Cargamento que llegó desde Montevideo a Amberes en un barco que contenía 2,16 toneladas de cocaína
Amberes: fue en el puerto en donde fue incautado el cargamento con las dos toneladas de cocaína.
Foto: Aduana Bélgica

El 9 de febrero, cuando fue detenido, el hombre de 50 años respondió con soltura las primeras preguntas de la jueza: su nombre, edad y a qué nivel educativo había llegado. Llegó a contar que le faltaban dos materias para recibirse de licenciado en Relaciones Internacionales. Luego, la magistrada María Helena Mainard, lo interrogó respecto a qué se dedicaba. Ahí, por primera vez, demoró unos segundos en contestar.

-¿Yo? -repreguntó, generando un margen de tiempo ínfimo para pensar la respuesta.

-Sí. ¿Trabaja?

-Sí, trabajo. (Soy) agente de carga -contestó.

El 6 de mayo aceptó un acuerdo abreviado por colaborar para traficar cerca de dos toneladas de cocaína a Bélgica camufladas en una exportación de budines y alfajores marca Portezuelo. La pena impuesta es de seis años de prisión, pero al momento la cumple en prisión domiciliaria por encontrarse en un delicado estado de salud. Así surge de los audios de las audiencias judiciales a los que accedió El País.

En este caso también está imputado Carlos Mengen -quien fue concejal por el Partido Nacional en el municipio de Cardona (Soriano)- y hay dos hombres con medidas limitativas vigentes, aunque no están imputados.

Según dijo frente a la jueza la fiscal adjunta de Estupefacientes de 1er Turno, Gabriela Fernández, el condenado “no puede evadir su responsabilidad en estos hechos porque la droga iba en una operación de exportación tramitada por él mismo y es el único que sabía a dónde estaba dirigida la mercadería”.

Por eso, la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera -que asumió el caso luego de que Mainard fuera trasladada- lo condenó por un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de exportación, a seis años de prisión. A su vez, se le decomisó un vehículo marca Ford, 550 reales, 43.800 pesos argentinos, $ 54 mil, US$ 2.800, dos computadoras y un cargador.

Fiscalia General de la Nación
Fiscalia General de la Nación.
Foto: Estefanía Leal

La maniobra

La fiscal hizo un detallado relato de cómo llegó el contenedor con los budines, alfajores y las dos toneladas de cocaína a Bélgica. Especificó que el contenedor se cargó en un campo en Canelones, cuyo dueño no se encuentra y que el contenedor fue escaneado en el Puerto de Montevideo, pero no saltó ninguna alerta que ameritara abrirlo. De todas formas, el encargo era “canal verde” por lo que se preveía que el riesgo de que hubiera droga fuera bajo.

El cargamento de budines con cocaína llegó al puerto de Amberes (Bélgica) el 28 de diciembre de 2023 y las 2,16 toneladas de droga iban en cajas de cartón debajo de los budines.

El remitente era Dositar S.A. (de la que el condenado era titular). El 3 de enero, funcionarios de Aduana fueron a la empresa Portezuelo, logrando constatar que no hacían exportaciones a Europa porque “los controles sanitarios son muy estrictos”. Además, tienen una validez de tres meses y al exportarse en barco llegan a destino muy próximos a la fecha de vencimiento, lo que no lo vuelve un negocio redituable.

Dositar S.A. era la empresa encargada de la logística y fue quien compró los budines, alfajores y vermouth a Tienda Inglesa. Fue el condenado quien se presentó a comprarla en noviembre del año pasado.

Así, lo subieron al camión de una empresa transportista. No hay ninguna factura que acredite la contratación de los servicios de esta empresa de transporte. Se compraron 3.780 budines de 200 gramos cada uno, 1.260 budines de 240 gramos cada uno y 17.280 alfajores de 40 gramos cada uno. Esto es un peso total de la mercadería de 1.749,6 kilogramos aproximadamente.

“Con la diferencia de pesos existente entre la salida de la mercadería de Tienda Inglesa y la entrada a Zonamerica, se puede deducir que además las cajas de budines y alfajores que entraron a zona franca en el camión (...) también se ingresó la cocaína la cual estaba camuflada dentro de las cajas de los budines y alfajores”, explicó la fiscal. Mientras que en el vermouth no se escondió droga.

A su vez, la defensa del condenado aportó documentos que demuestran que hubo un hombre que, en nombre de una empresa de logística, le solicitó la cotización de productos como membrillo y budines. El 13 de octubre de 2023, el condenado le envió una lista de productos disponibles a este hombre, entre los cuales se encontraban los alfajores y budines de la marca Portezuelo y un adjunto de bebida.

Uno de los dos hombres que está con medidas limitativas operaba como depositante en zona franca y empezó a trabajar con Dositar S.A. “para algunos clientes”. A su vez, en 2019 el condenado adquirió la empresa Liderking S.A. para la que este hombre mencionado empezó a trabajar como “apoderado general”. Esta sociedad fue la que trabajó como “usuario indirecto” (usuario o arrendatario del espacio) en zona franca.

El vermouth se adquirió con la participación de un usuario indirecto y la mercadería pasó a la empresa de este hombre que tiene medidas limitativas.

Quien hacía traslados para el condenado era Carlos Mengen, pero como no tenía camiones, se contactó con el propietario de la empresa de transporte antes mencionada. Luego, se dirigieron a un predio en Canelones donde dejaron el camión cerrado y la mercadería en la parte de atrás, cubierta por una lona. Ahí es cuando, según la Fiscalía, se cargó la droga. El hombre que prestó el galpón no fue ubicado.

Mengen y la repercusión política de su detención

Mengen era coordinador del Municipio de Cardona y renunció el 29 de diciembre de 2023, un día después de la incautación en Bélgica. En febrero, cuando se supo que estaba detenido, el intendente del departamento, Guillermo Besozzi, dijo a El País que cuando renunció adujo que “se iba a trabajar a Brasil”. En este sentido, consideró “increíble” el desenlace que tuvo el episodio, porque aparentaba ser “un paisano bueno” que no se podía “ni imaginar que andaba en esto”. El intendente lo echó de su sector.

Paquete abierto en Amberes, en embarcación que transportaba 2,16 toneladas de cocaína desde Uruguay
Paquete abierto en Amberes, en embarcación que transportaba 2,16 toneladas de cocaína desde Uruguay
Foto: Aduana de Amberes
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El arresto domiciliario se analizará periódicamente

Desde la audiencia de imputación -el 10 de febrero- el ahora condenado insistió en que por su grave estado de salud no podía estar preso. El hombre padece de diabetes grave y es transplantado.

Incluso llegó a tener un par de episodios de salud que hicieron detener la audiencia. En esa oportunidad, el abogado Eduardo Sasson pidió que no se lo derivara a prisión sino que cumpliera un arresto domiciliario.

En ese momento le fue negado porque no había pericia que lo acreditara, pero dado su notorio problema de salud fue derivado al Hospital de ASSE que está dentro de la cárcel.

Poco tiempo después, al mes, se presentó nuevamente ante la Justicia y llevó la pericia médica que había llevado adelante una junta de médicos del Instituto Técnico Forense que acreditaba que su cliente no estaba en condiciones de estar preso. También habían llevado a una médica dispuesta a declarar.

Tras ver la pericia, la fiscal adscripta de Estupefacientes Patricia de Amorín no se negó a la solicitud de la defensa porque el informe era “contundente”.

Sin embargo, sí solicitó que se le hagan pericias cada seis meses para constatar su estado de salud y evaluar si está en condiciones de ser ingresado a la cárcel.

A la luz de eso, la jueza Diovanet Olivera dispuso su arresto domiciliario total con tobillera electrónica.

Más allá de la condena, esta situación se mantiene vigente.

La pericia médica se hizo con la historia clínica completa del paciente a la vista. Así lo exigió la Suprema Corte de Justicia en una circular emitida recientemente a raíz del caso en el que, al menos una abogada y un experimentado estafador, montaron un negocio por el que generaban certificados de salud falsos para que presos obtuvieran el arresto domiciliario. Por ello fueron condenados la abogada Mercedes Acosta, Matías Campero y un narcotraficante de Villa Española que fue beneficiado por la maniobra.

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