Planos, falso testimonio y peso de la soja: en qué consiste la denuncia de Mutio que implica a la fiscal de Corte

Redacción El País
La jueza de Crimen Organizado de 2^do Turno, Diovanet Olivera, hizo lugar al pedido de la defensa de Martín Mutio —condenado a 15 años de prisión por el envío de un cargamento de 4,5 toneladas de cocaína a Europa— de que su denuncia por irregularidades en el proceso sea reexaminada. Según sus abogados, existió ocultamiento de pruebas y falsos testimonios, de los que habría participado la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

La audiencia llevada adelante este viernes tuvo como objetivo debatir el reexamen de la denuncia, debido a que esta había sido archivada por el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez. Uno de sus argumentos para tomar esa resolución fue considerar que el camino correcto no es el reexamen por parte de un fiscal, sino que la defensa debería interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia.

"(El archivo) No fue una resolución arbitraria", dijo el fiscal durante la audiencia presenciada por El País. A pesar de sus argumentos, no mostró oposición a que un fiscal subrrogante investigue la denuncia.

Tras la resolución de la jueza, que hablitó el reexamen de la causa "para dar certezas de que se agotó la investigación", la Oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía deberá seleccionar a otro de los fiscales de Delitos Económicos y Complejos, quien tendrá 20 días para determinar si cuenta con los elementos para continuar la investigación o si archiva definitivamente el caso. Las opciones son Alejandro Machado o Sandra Fleitas.

Según pudo saber El País con el entorno legal de Mutio, el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia también será presentado, aunque aguardarán a una resolución con respecto a la denuncia.

La denuncia contra la actual fiscal de Corte, un oficial de la División de Investigaciones de Prefectura y dos funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, fue presentada inicialmente a fines de abril. Ferrero había sido la encargada de investigar el caso de Mutio como titular de la Fiscalía de Estupefacientes.

Según presentó ante la jueza uno de los abogados de Mutio, Juan Raúl Williman, el caso tenía que seguir siendo investigado ya que habrían existido "hechos de apariencia delictiva" y "diligencias que no todavía se han hecho". Uno de los puntos en los que hizo mayor hincapié fue en que existieron falsos testimonios que resultaron "determinantes para la condena".

Tanto Williman como los abogados Pablo Pisciottano y Carlos Uriarte mencionaron el ocultamiento de planos que revelarían que el contenedor en el que viajaba la droga atribuida a Mutio no era inaccesible, como sí se presentó durante el jucio en su contra. Esto es utilizado para respaldar la teoría de que el contenedor pudo haber sido cargado fuera de Uruguay.

Otro punto de la denuncia se basa en diferencias de peso entre la Administración Nacional de Puertos y la información brindada por el Puerto de Amberes, asegurando que los funcionarios uruguayos "ajustaron la información para hacer cerrar los números". "Lo tenían que hacer porque corroboraba la teoría del caso de Fiscalia", dijo Williman. Es que, según su versión, se interpretaron los datos aportados por Bélgica con respecto al peso de soja de una forma que no correspondía.

La defensa también apuntó contra el fiscal Gilberto Rodríguez, asegurando que no diligenció prueba. En la denuncia presentaron videos e intercambios de correos electrónicos con altos mandos de las Fiscalías de Alemania y Bélgica, pidieron oficios y ofrecieron a ocho personas como testigos.

El abogado Uriarte fue quien aseguró la existencia de una "trama" contra Mutio y dijo que las declaraciones del juicio fueron digitadas en un equipo interdisciplinario comandado por la fiscal del caso, Mónica Ferrero.