Pastillas, golpes y préstamos: Tribunal confirmó prisión para dueña de residencial de Florida imputada por abusos

A fines de febrero, una mujer de 69 años huyó, desesperada, de un residencial donde se estaba alojando hacía tres meses. Aprovechó que la responsable del lugar se había olvidado de trancar la puerta de su habitación y salió a una calle de la localidad de Casupá (Florida) a pedir ayuda.

A partir de allí, la Fiscalía departamental develó una trama de abusos en varios residentes que llevó ante la Justicia el 27 de febrero, dos días después de que la residente hubiera logrado escapar. Los detalles de la trama quedaron plasmados en la sentencia del Tribunal de Apelaciones que confirmó la imputación de una mujer que estará presa preventivamente hasta junio de este año mientras continúa la investigación.

La víctima ingresó al residencial en diciembre del año pasado. Estaba en situación de calle, pero la dueña le permitió quedarse allí, donde había otra veintena de residentes. Según el relato de la Fiscalía de Florida de 2^do Turno, al principio recibió un trato "adecuado". La alimentaban, le daban acceso a los baños y tenía libertad de entrar y salir. Pero pocos días después, sostuvo el Ministerio Público, la llevaron a gestionar préstamos a su nombre, y una vez recibido el dinero se veía obligada a dárselo a la dueña del residencial.

Además, la dueña del centro empezó a administrar la tarjeta de débito donde la víctima recibía la pensión. También le retuvo sus documentos personales y tarjetas bancarias.

Después, tras la maniobra, comenzaron los insultos y la violencia física, además de obligar a la víctima a realizar tareas de limpieza, tanto en el residencial como en la casa de la propietaria del residencial.

La Fiscalía aseguró que la imputada agredió físicamente a la víctima y la obligó así a realizar distintas tareas "bajo amenaza de dejarla nuevamente en la calle". Estas incluían limpiar los baños y la cocina, servir comida, lavar platos y alimentar animales.

De acuerdo a las autoridades, en las últimas semanas antes de que el caso llegara a la Justicia, la víctima visitó poco el residencial. La imputada la tenía retenida en su casa y la llevaba al lugar únicamente para limpiar.

Uno de los episodios de violencia más graves relatados por la Fiscalía ocurrió en enero pasado. Se indicó que, mientras la imputada y la víctima estaban en el residencial, la primera empujó a la otra y le dislocó el hombro.

"A pesar del dolor y de sus reiterados pedidos de asistencia, la imputada le negó la atención durante semanas y la obligó a continuar trabajando con el brazo dislocado", transcribió el tribunal.

Una vez que la mujer logró escapar, debió ser derivada al Hospital de Las Piedras para poder ser operada a raíz de la lesión. En ese momento, cuando las autoridades tomaron contacto con el caso, e inspeccionaron al resto de los residentes. Constataron que había 29 y algunos estaban "en condiciones preocupantes", dijo Fiscalía. Una de las mujeres
allí alojada tenía un moretón en el ojo.

Aunque al comienzo del interrogatorio, los residentes eran reticentes a contar lo que habían sufrido, luego comenzaron a relatar diversos maltratos, entre los que destacaron la falta de higiene y la imposibilidad de comunicarse con sus familiares.

La Fiscalía busca profundizar en su investigación y la identificación de más posibles víctimas. En la audiencia del 27 de febrero, relataron el caso de un hombre de 74 años que, tras una caída, sufrió una herida profunda en el cráneo el 12 de enero de 2026 y no fue asistido.

El tribunal transcribió, en base a lo informado por Fiscalía, que "la imputada únicamente limpió la herida sin brindarle tratamiento médico" y que, una vez que fue visto por un médico, recibió varios puntos de sutura.

El residente declaró que la imputada tenía los títulos de propiedad de su casa y que eso era parte del acuerdo para que él pudiera permanecer en el lugar.

"Las víctimas no tienen a dónde ir, lo que evidencia dependencia y vulnerabilidad. La imputada era, de alguna forma, su refugio. Las tenía aisladas de sus familias (...). Además, ha ejercido violencia física contra los ancianos para que no abandonen el hogar, lo que ha sido relatado por testigos, e incluso suministrado medicamentos para empastillarlos", resumió la Fiscalía a la hora de argumentar porqué, a su entender, la imputada debía permanecer en prisión mientras continúa la investigación.

En otro pasaje, se indicó que la dueña del residencial llegó a "chapar de los pelos" a otra mujer residente.

La Fiscalía estuvo representada en audiencia por Evangelina Torres y Amalia Peña. Estas, lograron la imputación de la dueña del residencial por los delitos de violencia privada, lesiones graves, omisión de asistencia, desacato, abuso de la inferioridad psicológica de los incapaces y abandono de personas incapaces.

Las abogadas de la imputada apelaron la decisión judicial de primera instancia, dictada por la jueza Sofía Mañes, que establecía que su representada permanecería tras las rejas, al menos, hasta junio de este año. Argumentaron que la mujer es primaria, "siempre ha colaborado", y tiene domicilio, familia y "arraigo", por lo que no es probable que pretenda fugarse.

Agregaron que "no están suficientemente acreditadas" las acusaciones y que "no hay certeza" de que las lesiones constatadas las haya provocado ella.

A su vez, "el hogar estaba apto para funcionar" y hace años que era "objeto de seguimiento" y no se habían detectado infracciones graves, reprodujo el tribunal al referirse a los alegatos de las defensoras.

Las fiscales, por su parte, insistieron en que hay víctimas que aún no han declarado y que le tienen miedo a la imputada que, a su vez, "brindó información inexacta a las autoridades" y "ha falseado la atención médica a los internos".

Los ministros del Tribunal de Apelaciones —compuesto por Marcelo Malvar, Graciela Eustacchio y Dolores Sánchez— entendieron que existía un riesgo de que, si la imputada era enviada a arresto domiciliario, buscara entorpecer la investigación y/o dañar a las víctimas. Por ese motivo, en una sentencia emitida a mediados de marzo, confirmaron la decisión tomada por Mañes.