Residencial de Tacuarembó: golpes, encadenamientos y traslados para "trabajar" a un campo cercano

Detrás de las puertas del residencial Los Murales sucedían todo tipo de atrocidades. Para la Fiscalía, los episodios que tuvieron como víctima a una treintena de pacientes de Rincón de Tranqueras (Tacuarembó), en su mayoría psiquiátricos, se enmarcan en decenas de delitos: reducción a la esclavitud, servidumbre, abuso y abandono de incapaces, omisión de asistencia y más.

Según reconstruyó El País, la Fiscalía recibió imágenes de pacientes encadenados en espacios comunes como el comedor o incluso atados a un árbol. Además de esta agresión, algunos de ellos recibían golpes cuando no acataban las órdenes.

Pero el maltrato se extendía más allá del hogar, la Justicia constató que a algunos de los residentes los trasladaban a un campo cercano para realizar trabajo forzado. Los obligaban a cultivar, colaborar con el ordeñe de vacas lecheras y con el trabajo con las ovejas. La investigación surgió de una denuncia que realizó una de las empleadas del lugar, que a su vez luego resultó condenada por los mismos hechos, dijo una de las fiscales del caso, Paula Pereyra a Así Nos Va (radio Carve).

El matrimonio dueño del residencial se defendió argumentando que lo hacían como actividad de esparcimiento. En el residencial, además, existía un sistema de “sanciones” cuando los residentes “no se comportaban”. Esto incluía, en algunas oportunidades, dejarlos sin comer o prohibirles fumar.

A la dueña del residencial —entre otros varios cargos— la condenaron por el delito de estafa porque sacó préstamos del Banco República a nombre de los internos y los pagaba con la propia pensión que ellos recibían. En uno de los casos, llegó a tramitar un préstamo en el año 2024 a nombre de un paciente que había fallecido dos años antes. La fiscal Pereyra afirmó en la entrevista que, de esta manera, obtuvo cerca de $2 millones en préstamos.

Los dueños del centro eran un matrimonio . Ella tenía experiencia porque había trabajado en otros residenciales y, su marido, era quien llevaba a los residentes a trabajar al campo. Ellos, junto a la supervisora, fueron los que obtuvieron la pena más alta: supera los cuatro años de cárcel.

Los otros cinco condenados son trabajadores de la institución y obtuvieron penas de arresto domiciliario y libertad vigilada. En total, tenían alrededor de 10 empleados. La mayoría de los pacientes no eran adultos mayores sino pacientes psiquiátricos.

El exdirector de Desarrollo Social de Tacuarembó, Ignacio Borad, dijo a El País que el residencial no estaba inscripto como Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem), como hubiese correspondido. Pese a eso, en el contexto departamental, en donde hay “bajísimos cupos” para la atención en salud mental, a principio del quinquenio de la administración anterior, habían hecho dos visitas junto a técnicos para determinar su estado. En ese momento, no detectaron irregularidades, dijo.

En ese entonces tenían entre 12 y 13 usuarios, por lo que definieron que, para colaborar, se les iba a hacer entrega de una canasta de alimentos a cada uno de los usuarios, periódicamente. En ese tiempo, el Mides llegó a derivar dos casos al lugar porque otro centro de Tacuarembó había cerrado, confirmó Borad a El País.

Algunos años después, en el monitoreo que realizaron los técnicos del Mides, llegaron a detectar que había crecido la cantidad de pacientes pero no la infraestructura. Notaron que había hacinamiento y que algunos pacientes estaban “retraídos”. En ese momento, dejaron de otorgarles canastas.

El exdirector Borad enmarcó lo ocurrido en que el departamento sufre la ausencia de oportunidades públicas de atención para este tipo de problemáticas.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, indicó el viernes pasado que el cierre del centro había sido firmado por su antecesora, Karina Rando, y se concretó el jueves tras conseguir el traslado de los pacientes a Montevideo. Antes del cierre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) había solicitado apoyo al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y técnicos asistían semanalmente para verificar el estado de los residentes.

El presidente de la Asociación de Residenciales, Sabino Montenegro, afirmó que hay mil residenciales que “no tienen ninguna habilitación” y hay 200 en los que “no se respetan los derechos de las personas”, dijo el lunes en entrevista con Doble Click (FM Del Sol).

“Si no se cambia este modelo, la sociedad seguirá desentendiéndose de las personas más vulnerables”, criticó y agregó que “el estado edilicio de muchos de estos centros es deficiente”.

“No cumplen con los requisitos de seguridad, tienen espacios reducidos, ventanas mal ubicadas, o incluso carecen de sistemas de emergencia. Y esto tiene un costo, un costo económico que no se está asumiendo como sociedad”, detalló.