A más de un año del incendio en el que murieron 10 personas, condenan a dueña de residencial en Treinta y Tres

Redacción El País.
Nicole Sturla, jueza de Treinta y Tres, condenó, mediante un proceso abreviado, a la dueña y a una empleada de un residencial en el que murieron 10 adultos mayores, de entre 65 y 96 años, tras un incendio. El hecho sucedió en la madrugada del 7 de julio de 2024. La pena acordada entre las defensas y la Fiscalía es de cinco años, pero no irán a la cárcel, según surge de la sentencia a la que accedió El País.

Uno de los años será descontado por las medidas cautelares que ya cumplieron durante este tiempo. Los cuatro siguientes se cumplirán de la siguiente manera: uno en arresto domiciliario total, el siguiente en arresto domiciliario nocturno (no podrán dejar sus casas entre las 22 y las 6 de la mañana) y dos años de libertad vigilada. Durante este último tramo, deberán realizar tareas comunitarias.

El hogar de ancianos se ubicaba a una cuadra de la vía principal de la ciudad de Treinta y Tres. El local funcionaba en una casa de dos pisos y era considerado uno de los mejores residenciales del departamento.

Inicialmente, las pericias de Bomberos sugirieron que el fuego pudo haberse iniciado porque habían puesto a secar ropa próximo a una estufa que no tenía chispero. Cerca de allí había sillones hechos de un material inflamable y eso hizo que el fuego se propagara más rápido.

Al momento del incendio, el establecimiento era atendido por una joven que carece de formación en enfermería. De todas formas, el residencial estaba cumpliendo con la normativa, según las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La exministra de Salud Pública, Karina Rando había dicho que "el residencial estaba en vías de habilitación". En el marco de este caso, informó al Parlamento que en Uruguay había 1.260 residenciales, de los cuales 221 (17%) estaban habilitados. En los también llamados Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem) residían 18.679 personas y trabajan 9.627 funcionarios.

Luego de la tragedia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) exigió una supervisión más estricta de los residenciales. "El siniestro, que resultó en la trágica pérdida de diez vidas (dos hombres y ocho mujeres), resalta la necesidad de una supervisión y seguimiento más estricto de los establecimientos de larga estadía para personas mayores", indicó el comunicado divulgado en julio.

Dos meses después de la tragedia en Treinta y Tres, la Justicia de Canelones condenó al dueño de un residencial del departamento por un hecho que había ocurrido a mitad de año.

La Fiscalía comprobó que en el residencial no habían funcionarios al momento del incendio, y que los ancianos estaban al cuidado de la madre del dueño del residencial, que tenía 77 años y que también falleció.

De acuerdo a lo señalado por testigos, la madre del dueño, la única que estaba junto a los residentes, "no tenía capacidad para cuidar a los internos".

Por otra parte, en junio de este año la Justicia descubrió que detrás de las puertas del residencial Los Murales, en Rincón de Tranqueras (Tacuarembó), sucedían todo tipo de atrocidades. Para la Fiscalía, los episodios que tuvieron como víctima a una treintena de pacientes, en su mayoría psiquiátricos, se enmarcan en decenas de delitos: reducción a la esclavitud, servidumbre, abuso y abandono de incapaces, y omisión de asistencia, entre otros.

Según reconstruyó El País, la Fiscalía recibió imágenes de pacientes encadenados en espacios comunes como ser el comedor o incluso atados a un árbol. Además de esta agresión, algunos de ellos recibían golpes cuando no acataban las órdenes.

Hubo cinco trabajadores de la institución, además de los dueños, que fueron condenados. Obtuvieron penas de arresto domiciliario y libertad vigilada. En total, tenían alrededor de 10 empleados. La mayoría de los pacientes no eran adultos mayores sino psiquiátricos.