En la madrugada del 7 de julio de 2024 el "Residencial Adulto Mayor" se incendió. El fuego arrasó con todo y en el fatal siniestro murieron 10 adultos mayores, cuyas edades oscilaban entre 65 y 96 años.
El hogar de ancianos se ubicaba en la intersección de las calles Manuel Meléndez y Simón del Pino, a una cuadra de la vía principal de la ciudad de Treinta y Tres. El local funcionaba en una casa de dos pisos, con garaje. Y era considerado uno de los mejores residenciales del departamento.
Las investigaciones de la entonces fiscal del caso, Alicia Abreu y las pericias de Bomberos concluyeron que el fuego pudo haberse iniciado en una estufa que carecía de chispero. Frente al fuego se colocaron algunas ropas a secar. Una chispa habría sido el origen del fuego que se propagó.
Una empleada del hogar declaró en la Fiscalía que se encontraba bañando a un paciente cuando se inició el foco ígneo y señaló que logró escaparse por el garaje. Luego, agregó, pidió a un vecino que llamara a la Policía y después se comunicó con la propietaria del hogar.
El 4 de octubre de 2024, la jueza penal de Treinta y Tres, Nicole Sturla, hizo lugar al pedido de la fiscal Abreu —hoy titular de la Fiscalía de Violencia Domestica de 4º turno de Montevideo— y decretó la formalización de la investigación para la propietaria y la empleada del residencial incendiado por un delito de homicidio culpable.
No obstante, la magistrada no estuvo de acuerdo con el pedido fiscal de prisión preventiva para las dos imputadas, por entender que se trata de una medida excepcional en este sistema penal.
El 2 de abril de este año, la Justicia olimareña prorrogó la prisión domiciliaria para la dueña y la empleada del residencial incendiado por 120 días más, según dijo una fuente judicial.
Familiares de las víctimas afirmaron a El País que, luego del traslado a Montevideo de la fiscal Abreu, la investigación se detuvo.
"No hubo avances en la investigación. La Fiscalía de 1° Turno está esperando a que la Fiscalía de Corte designe un fiscal titular; hace dos años que esa fiscalía está acéfala", agregó el familiar.
Para los parientes de las víctimas, las responsabilidades penales de las dos imputadas son claras, ya que el informe de Bomberos determinó que la habitación donde se originó el fuego tenía lambriz y una enorme estufa a leña abierta, sin chispero.
Según el informe pericial, en el lugar donde surgió el foco ígneo habían buenos sillones pero hechos con material muy inflamable.
"El 6 de julio, mi abuela Marne Ramona Mespolet (La Pochacha o la Tete para los nietos y bisnietos) debería haber celebrado sus 88 años. En cambio su ausencia es un dolor que no termina. Hoy hace un año que recibimos la llamada de la dueña del residencial diciendo que éste se incendió y que todos estaban bien. En cambio cuando llegamos a los cinco minutos descubrimos que no fue así. Aquel día, el fuego se llevó a ella y a otras nueve personas; la Justicia aún no llega y las preguntas sin respuestas continúan", publicó un familiar en su red social.
Piden más celeridad
Tres familiares de ancianos fallecidos contrataron a abogados para que los represente en el juicio penal, que comenzará cuando sea designada una fiscal titular en la Fiscalía de 1° Turno de Treinta y Tres.
El 18 de julio de 2024, un segundo residencial se incendió en el balneario Salinas (Canelones). Cuatro ancianos resultaron muertes.
En este caso, el fiscal de Atlántida de 2° Turno, Ignacio Montedeocar, logró la condena con prisión, mediante proceso abreviado, del propietario del residencial de ancianos de Salinas durante cuatro años por incurrir en un delito de homicidio culpable con resultado muerte de cuatro personas.
Los familiares de las víctimas del incendio ocurrido en el hogar de Treinta y Tres reclaman una celeridad similar para el expediente donde se investiga los fallecimientos de una decena de ancianos y pretenden que la propietaria y la empleada del hogar sean imputadas por un delito de homicidio culpable, cuya pena ronda los ocho años de penitenciaría.
Sospechan que la empleada del hogar no se encontraba en el residencial cuando ocurrió el incendio, porque no es creíble que hubiera estado bañando a una paciente que está postrada, como declaró en la Fiscalía, y agregaron que dicha funcionaria no tenía señales de haber estado expuesta al humo.
"Lo más previsible es que la empleada del hogar no estaba ahí", ratificó uno de los familiares, quien exige que se inicie lo antes posible el juicio contra ambas imputadas.
En tanto, tres familiares de las víctimas ya contactaron con abogados para iniciar demandas por daños y perjuicios en la vía civil contra la propietaria del residencial incendiado.
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