EXPLOTACIÓN DE MENORES

La policía detuvo este jueves a ocho sospechosos de explotar sexualmente a una menor de edad, en el marco de lo que se conoce como la Operación Océano, confirmaron a El País fuentes de la Fiscalía. Las primeras seis detenciones se realizaron en la mañana y en la tarde las últimas dos, explicaron las fuentes.

En caso de que estos sean procesados, el número de imputados llegará a 33. Se trata de la mayor investigación de la historia judicial sobre explotación sexual de adolescentes. Por el momento, todos los detenidos corresponden a su vinculación con una sola víctima, hoy mayor de edad. Pero en total la Fiscalía cuenta con un total de 18 víctimas.

Con las nuevas detenciones de hoy la cifra de imputados por la Operación Océano crece en forma constante. La “audiencia 1” se realizó el 13 de mayo de 2020. En esa sesión, la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, solicitó a la jueza penal Adriana de los Santos la formalización de la investigación para un ex juez penal y de adolescentes, un diputado suplente del Partido Colorado, el propietario de un boliche de Punta del Este donde se realizaban fiestas electrónicas, un abogado y docente de Derecho Administrativo, un arquitecto y un exasesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec).

A partir de ahí, el terremoto jurídico alcanzó a empresarios de renombre, comerciantes y hasta a un play-boy puntaesteño que acostumbraba a salir en las revistas de chimentos, entre otros indagados. La gran mayoría de clase media y media alta.

“Acá no hay pobres”, repitió en varias ruedas de prensa la fiscal Viera.

El martes 18, efectivos de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol detuvieron a cuatro sospechosos de incurrir en un delito de retribución o promesa de retribución económica a una menor a cambio de actos eróticos. Un quinto se presentó con su abogado al saberse buscado. Y una sexta persona no fue hallada.

De los Santos decretó ayer la formalización de la investigación para tres imputados: dos de ellos por promesas de retribución a cambio de fotografías eróticas. Esa conducta está regulada por el artículo 277 del Código Penal: “El que, mediante la utilización de tecnologías, de internet, de cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad o ejerciese influencia sobre el mismo, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer algo o no hacer algo en contra de su voluntad será castigado con desde seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”. Una tercera persona fue procesada por el mismo artículo, pero solo por la retribución o promesa de retribución a una menor para que efectuara actos eróticos.

Otros dos sospechosos no fueron procesados porque solo mantuvieron chats con la entonces adolescente a través de la aplicación Tinder, aunque no concretaron ningún encuentro ni intercambio de imágenes mediante un pago de dinero. De todas formas, la magistrada les prohibió acercarse o comunicarse con la víctima.

Consultada sobre la aplicación de la sanción pecuniaria a victimarios en base a la Ley de Violencia de Género, Viera respondió que ello se podría plantear eventualmente al finalizar el juicio. “Hoy estamos pensando en la investigación”, advirtió.

Los defensores de los imputados rechazaron que se aplicaran la Ley de Violencia basada en Género para la Operación Océano.

Los penalistas Alejandro Balbi, Pablo Donnángelo, Martín Frustraci y Pablo Casas coincidieron en que no existe violencia en el nacimiento de la relación entre la víctima y los imputados y agregaron que los contactos entre ambas partes se dieron en una red social bilateral y donde supuestamente solo ingresan mayores de edad.

También señalaron que el caso sí debe regirse por el Código Penal que condena la retribución o promesa de retribución económica a menores para que ejecuten actos eróticos.

La posición de la fiscal Viera y de su equipo es opuesta: entienden que sí hay una asimetría entre el victimario y la víctima que se sustenta en la mayor edad, estatus social, experiencia y poderío económico del adulto.

Rechazan declaración anticipada de una víctima mayor de edad

En la audiencia masiva realizada el viernes 14 en el Palacio de los Tribunales, el abogado de uno de los imputados, Pablo Donnángelo, se opuso a que se aplicara la Ley de Violencia Basada en Género que habilita la producción de prueba anticipada sin siquiera expresión de fundamentos, según trascendió.

Donnángelo argumentó que, de aplicarse esa norma, se vulnera el artículo 213 del Código de Proceso Penal, que entre varias hipótesis prevé que puede producirse prueba anticipada si la víctima de un delito sexual es menor de edad. La víctima que generó los 24 imputados y las detenciones previstas para hoy es ahora mayor de edad. Otros abogados coincidieron con Donnángelo en la audiencia.

La jueza Adriana de los Santos hizo lugar al pedido de la Fiscalía y consideró que debía realizarse la declaración anticipada de la víctima.

La mayoría de los abogados anunciaron que apelarán el fallo de De los Santos.