FISCAL PENAL: HAY MÉRITOS PARA ACUSARLO

El lunes comienza el juicio al comerciante que mató a ladrón en su casa

Un intruso cortó alarma y luz de su casa e ingresó al porche de la vivienda.

40 semanas. Efectivos policiales encontraron en la mochila del joven muerto una navaja y cables. Foto: Fernando Ponzetto.
40 Semanas. Efectivos policiales encontraron en la mochila del joven muerto una navaja y cables. Foto: Fernando Ponzetto.

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Hasta el año 2000, los casos de legítima defensa eran pocos. Los jueces y fiscales los miraban con lupa para ver si se daban las tres condiciones: una agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para repeler o impedir el daño, y falta de provocación por parte del que se defiende.

Los operadores judiciales actuaban en forma tan estricta porque en aquel momento la inseguridad no era significativa ni un problema de Estado.

Hoy la situación cambió. Según datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, en el año 2000 ocurrieron 6.751 rapiñas; 60.608 hurtos y 214 homicidios. Casi dos décadas más tarde, los ilícitos crecieron exponencialmente. En 2018, las tentativas de rapiña y rapiñas fueron 29.904; los hurtos, 145.161 y los asesinatos, 414.

En una reciente carta enviada a El País, el abogado penalista Amadeo Otatti advirtió que jueces y fiscales suelen hacer una lectura incompleta de los elementos que eximen a una persona de responsabilidad penal ante una agresión de un extraño.

Ello, dice Otatti, “restringe erróneamente el ámbito de aplicación de la legítima defensa. Que es lo que precisamente parece haber ocurrido en esta oportunidad”.

El ex profesor emérito de Derecho Penal de la Universidad Católica del Uruguay se refirió al caso del dueño de una estación de servicio de Canelón Chico que fue preso por matar a un rapiñero que se llevaba, junto a un cómplice, la recaudación de su comercio.

El domingo 7, El País informó que un comerciante mató de un tiro a un ladrón que intentaba entrar en su casa luego de desconectar la luz y la alarma y forcejear la puerta. El hecho ocurrió el 29 de abril pasado, dijo el abogado del comerciante, Diego Durand.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de Instrucciones y Bulevar José Batlle y Ordóñez, un barrio conocido como “el 40 Semanas pequeño”.

En la tarde de ayer, el Juzgado Penal de 36° Turno comunicó a Durand que la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, había decidido iniciar el proceso acusatorio contra el comerciante.

La audiencia se realizará el próximo lunes. A juicio de la Fiscalía, existen elementos suficientes de la comisión de un delito como para pedir la formalización de la acusación.

El viernes 3, la fiscal Morales solicitó a la jueza Marcela Vargas, medidas cautelares para el comerciante como la prohibición de salir del país por 120 días. La Fiscalía argumentó que necesitaba ese plazo hasta que le llegara la carpeta de la Policía Científica sobre la muerte.

Vargas determinó que la duración de las medidas cautelares fuera por 60 días.

El País trató ayer de comunicarse con Morales para conocer su punto de vista sobre el expediente, pero no fue posible.

Prófugo

Un supuesta legítima defensa ocurrió el viernes 3 en la zona de Lezica, señaló el abogado de un vendedor de leña, Marcos Pacheco.

Según el profesional, dos sujetos, uno armado con una especie de lanza y otro con una tijera, atacaron al vendedor de leña con fines de robo. “Mi cliente se defendió y forcejearon. Uno de los agresores trató de huir y cayó muerto. Mi defendido me dijo que no le dio ningún golpe”, agregó el abogado penalista.

El vendedor de leña hoy está prófugo y sobre él pesa una orden de detención. Pacheco le aconsejó que se entregara porque así podía argumentar en el juicio que colaboró con la investigación.

“Podría tratarse de un caso de legítima defensa incompleta. Mi cliente no estaba armado, eran dos y había desproporcionalidad en su contra. Tampoco hubo provocación de parte del vendedor de leña”, explicó Pacheco.

El fiscal de Homicidios, Juan Gómez tiene otra opinión. Relató que se trata de un asesinato y que el hoy sospechoso dio muerte a un hombre de 42 años, con varios antecedentes penales, como represalia por haberle robado una planta de marihuana. Y agregó: “Provisoriamente, con las evidencias que hoy tengo sería un homicidio, con alguna atenuación, pero no un caso de legítima defensa”.

Gómez espera que el prófugo se entregue hoy.

MÁS

Ciudadanos carecen de respaldo legal

El catedrático Miguel Langón, hoy fallecido, hacía hincapié en que los policías podían ampararse fácilmente en la figura de la legítima defensa porque el Código Penal sostenía que debía haber una proporcionalidad en el uso de la fuerza en la defensa de la agresión. El reglamento policial también refiere al uso progresivo de la fuerza. Sin embargo, esa proporcionalidad no se aplica para los ciudadanos comunes en ninguna norma. Aquel que tiene un arma, la usa si considera que su vida o la de los suyos corre peligro.

“(Debe haber una) necesidad racional del medio empleado para repelerla (la agresión) o impedir el daño”, dice el artículo 26 del Código Penal, que establece la legítima defensa.

Langón dio destaque a la frase de impedir el daño refiriéndose a la legítima defensa de la propiedad. Semanas atrás, un estacionero fue preso por matar a un rapiñero que se llevaba la caja.

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