JUSTICIA: HUBO MALA PRAXIS MÉDICA

Se trata de un clásico caso de mala praxis que terminó en un reclamo judicial millonario. El juicio en primera instancia, en forma inusual, duró diez años.

u201cEl proceso nunca se detuvo. Los atrasos se debieron a chicanas jurídicas presentadas por ASSEu201d, dijo a El País el abogado de Blanquita Filippini (14), Pablo Perna.

La sentencia de la jueza civil Lorena García, fechada en el día de ayer, consideró que existió responsabilidad médica por diagnóstico tardío de una apendicitis que impidió que Blanquita tuviera la chance de recibir una mejor atención en el marco de su gravedad. Es decir, si Blanquita hubiera tenido un diagnóstico correcto no habrían sido necesarias las amputaciones para salvarle la vida.

La Justicia le otorgó a Blanquita una indemnización de US$ 24.000 por concepto de daño moral y US$ 91.000 por daño emergente futuro. Los padres de Blanquita recibirán US$ 9.600 cada uno y sus cinco hermanos percibirán en forma individual la cifra de US$ 4.500 por daño moral. Monto total de la indemnización: US$ 157.200.

A ese monto se le debe sumar el lucro cesante -lo que podría percibir Blanquita hasta su fallecimiento-, lo que se fijará en otro proceso incidental.

Según Perna, la cifra de la indemnización podría alcanzar los US$ 500.000 con los intereses legales y las actualizaciones desde 2010 a la fecha.

En 2009, Blanquita, entonces de tres años, fue atendida en tres ocasiones en el Hospital de Salto. En la primera se le diagnosticó una gripe. En la segunda la revisó una practicante y la envió a la casa. En la tercera consulta, un médico detectó que el cuadro era de una apendicitis y ordenó la cirugía en forma urgente. Al llegar al quirófano, el médico constató que la niña sufría de una infección generalizada. Hubo responsabilidad médica, según el fallo.

Para salvarle la vida, el médico debió amputarle a Blanquita las dos piernas, el antebrazo izquierdo y dos dedos.

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El expediente del caso Blanquita nunca se detuvo. Uno de los motivos de la demora de una década es que había varios médicos citados para declarar como testigos. Los profesionales no concurrían al Juzgado Civil de Salto y debían ser citados nuevamente. Es decir, la etapa de declaraciones llevó mucho tiempo.

En la segunda etapa se diligenciaron las pericias. Perna solicitó una análisis técnico para determinar si existía o no responsabilidad médica. Tras un sorteo, varios peritos no aceptaron el nombramiento.

Esa primera pericia resultó favorable a Blanquita Filippini. Los abogados de ASSE la impugnaron. Pasó un año solo para determinar si esa pericia se hacía lugar o no.

Posteriormente, ASSE solicitó una pericia a cinco cátedras de la Facultad de Medicina. Ello también generó demoras porque la Facultad de Medicina envió los nombres de los posibles peritos y en algunas ocasiones éstos no estaban completos.

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Ello provocó que la Justicia debiera enviar otros oficios a dicha facultad, según Perna.

Varios de los peritos de la facultad no aceptaron. Otra vez la Justicia debió hacer sorteos.

u201cEn lo que más se demoró en el juicio fueron las periciasu201d, dijo el abogado de Blanquita.

Por el caso pasaron cinco jueces. Ello determinaba que cada magistrado llegaba al Juzgado Civil de Salto debía leer el grueso expediente desde cero. Hoy el expediente tiene cerca de 4.000 folios.

Según Perna, otro motivo de la demora del expediente fue el hecho de que los abogados de ASSE incurrieron en chicanas jurídicas para frenar lo máximo posible el juicio.

u201c¿Cuándo es el momento procesal para impugnar una pericia? Cuando nombra al perito. ASSE no lo hacía. Impugnada la pericia cuando se enteraba que ésta era desfavorable para sus intereses. Está en su derecho, pero es una clara chicanau201d, dijo el profesional.

Perna afirmó que otro ardid jurídico utilizado por ASSE para dilatar el juicio fue llamar a declarar a todo el personal médico y no médico que estaba en el Hospital de Salto cuando fue atendida Blanquita en tres días.

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Con respecto a la actuación de ASSE, la jueza Lorena García consideró que el caso se enmarca dentro de una responsabilidad contractual en tanto u201cexistía una obligación legalu201d del organismo de dar asistencia médica a Blanquita.

Y existe de parte de ASSE una responsabilidad extracontractual con los familiares directos de Blanquita, ya que sufrieron un u201cpadecimiento espiritualu201d por los daños causados a la menor.

La jueza García analizó la actuación de los médicos que atendieron a Blanquita en tres oportunidades en marzo de 2009 para determinar si incurrieron en mala praxis o no.

La magistrada entendió que en la primera y la tercera intervención médica no se cometieron o errores.

Sí consideró que el Estado no actuó en forma debida en la segunda consulta donde Blanquita fue atendida por una practicante, la que no detectó que la menor tenía los síntomas de una apendicitis y la envió a la casa sin consultar un médico de guardia.

u201cDebe cuestionarse qué garantías existen en la valoración realizada por una practicante, sin perjuicio de su conocimiento técnico como estudiante de último año de la carrera, con experiencia baja con dificultades para la detección de una apendicitisu201d, dice la sentencia de la jueza García.