El Juzgado Penal de 44to turno imputó al narcotraficante Luis Fernández Albin como presunto autor de atentado agravado por las amenazas contra la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche.
La Fiscalía no pidió pena ya que Fernandez Albin se encuentra cumpliendo una condena por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
Su defensa en tanto apeló la formalización de la investigación. Fernández Albín no admitió los hechos y aseguró que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y está alterado por las condiciones de reclusión por las que, entre otras cosas, no recibe visitas conyugales de su esposa Katherine Quilimas, que está condenada y recluída por lavado de activos.
Su defensa aseguró que esta medida es excesiva, al punto de que personas condenadas por abuso sexual de menores reciben visitas conyugales y él no.
Amenazas a Juanche
El 10 de julio, Fernández Albín fue sancionado luego de enviar una carta con amenazas a Juanche y otros directores del INR.
En la esquela, escrita de puño y letra, Fernández Albín dijo sentirse “orgulloso” de ser un delincuente. “Tengo tanto odio contra ustedes que las van a pagar y se va a encargar el Señor todopoderoso que todo lo ve. Todos pagamos nuestros pecados de una manera u otra”, señaló.
“Usted, señora directora (por Juanche), aproveche estos tres años que le quedan en su cargo. Cuando yo decida morir, matar y destruir, voy a quedar en la historia por un hecho muy triste para los que en la cancha dejan todo. Ustedes dan órdenes de una oficina; es muy fácil para ustedes dar orden y yo acá siendo víctima del sistema corrupto”, finalizó.
Tras la carta, el Ministerio del Interior informó que el INR denunció las amenazas ante Fiscalía y que, por la vía administrativa, se aplicó a Albín una sanción calificada como “gravísima”.
Como consecuencia, fue trasladado de la cárcel de Punta de Rieles a la Unidad 29 del Penal de Libertad, un área de máxima vigilancia que cuenta con custodia individual e inhibidores de señales de telefonía celular.
Desde entonces, Fernández Albín está sometido a un régimen extraordinario de seguridad diseñado para limitar la posibilidad de que personas consideradas de alto riesgo continúen coordinando actividades delictivas.
A mediados de julio, Fernández Albin intentó quitarse la vida, producto de las condiciones de reclusión, aseguró su defensa.
En agosto de este año la Justicia autorizó las visitas conyugales al narcotraficante. Pero el INR apeló la decisión alegando que los encuentros podían afectar el régimen de máxima seguridad al que está sometido el líder narco. El caso está a estudio de un tribunal de apelaciones.
La intimidad de la visita conyugal, y por tanto la ausencia de control sobre la interacción entre ambos, es lo que genera más preocupación, ya que desde el INR entienden que el encuentro podría permitirles intercambiar información.
Fernández Albín fue condenado el 30 de abril a 10 años y tres meses de penitenciaría por delitos de organización de actividades de narcotráfico, contrabando, lavado de activos y tráfico de armas de fuego. La sentencia se dictó mediante un acuerdo abreviado, tras una investigación de la Fiscalía Especializada de Estupefacientes de 1.º turno de Montevideo, que contó con la colaboración de autoridades policiales de Uruguay y Argentina.
La Fiscalía señaló que los condenados integraban organizaciones criminales que operaban en Uruguay y destacó que las sentencias constituyen un avance en el combate al narcotráfico y al lavado de activos. Además de las penas de prisión, la Justicia dispuso el decomiso de diversos bienes muebles e inmuebles que formaban parte del patrimonio de la organización delictiva.
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