Redacción El País
El juez Alejandro Recarey, suspendido del ejercicio de su cargo sin goce de sueldo por haber resuelto la suspensión provisoria de la vacunación anticovid en niños en 2022, presentó un recurso de revocación al fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al considerar que implica una "presión a la Justicia".
Recarey aseguró que este recurso es una suerte de "chasis" para manifestar su posición, independientemente del resultado. "El objetivo profundo es mostrar mi postura más allá de la suerte procesal disciplinaria que pueda tener", aseguró.
En diálogo con Informativo Sarandí (radio Sarandí), Recarey dijo que, en este caso concreto, hubo "vulneración de la libertad del magistrado" y una "línea de recorte de los poderes inquisitivos del juez". "Se está propugnando un determinando modelo de juez ético, que es un modelo como puede haber otros", enfatizó.
Consultado por qué se refería con esa catalogación de "juez ético", Recarey detalló que la resolución, en sus fundamentos y a su visión "en forma equivocada", muestra que "el juez simplemente se dedica a decidir entre dos relatos. Aun cuando tenga a la verdadera realidad en el trasfondo y la esté viendo".
Ante la pregunta de si no estaba él mismo recortando la libertad de quienes quisieran vacunar a sus hijos contra el covid, el letrado apunto que "obviamente no". "En cierto modo el que termina coartando la libertad es el Estado. Impuse al Estado el cumplimiento de la ley, bastaba con que cumpliera la ley para que la sanción se levantara", aseguró, en referencia a que el Estado debía dar una correcta información de lo que contenía la vacuna y "brindar un consentimiento informado".
Según la resolución judicial, Recarey cometió “un error inexcusable al otorgarle legitimación activa al promotor (Dentone)”. La Suprema Corte entiende que se vio afectado “el principio de imparcialidad” y realiza un “reproche ético” a Recarey “por haber infringido los deberes éticos estatuidos por el Código Modelo de ética Judicial Iberoamericano de imparcialidad, cortesía y prudencia”.
“Con la irregularidad de su conducta moral se vio comprometido el decoro de su ministerio”, sostiene la SCJ.