PÉRDIDAS MILLONARIAS

La fallida regasificadora que impulsó el gobierno de José Mujica cerca de una década atrás continúa generando coletazos. En las últimas semanas jerarcas que estuvieron al frente del proyecto declararon ante la Justicia y está previsto que continúen las citaciones, entre ellas la de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

La sucursal uruguaya de la multinacional brasileña OAS, acusada de incurrir en casos de corrupción en Brasil en 2019, demandó a Gas Sayago -empresa propiedad de Ancap y UTE- por incumplimiento de contrato. El reclamo es por US$ 37 millones. Luego de cuatro años de iniciado el juicio, el expediente se encuentra en la etapa de declaraciones de testigos.

La expresidenta de Gas Sayago, Marta Jara, compareció el 26 de agosto como testigo. Allí reconoció que en un momento pensó que OAS no tendría una garantía suficiente en caso de ser necesario afrontar demandas o exigencias por no cumplir lo acordado.

“No contábamos con certeza de cuáles eran las garantías a las que efectivamente podíamos recurrir ante incumplimientos de OAS”, dijo Jara según el expediente judicial al que accedió El País.

Otra de las exjerarcas que declarará como testigo ante el juez de lo Contencioso Administrativo de 3er Turno, Javier Gandini, será Cosse, quien participó de la última etapa del proyecto como ministra de Industria desde 2015. El juez dispuso un plazo de 15 días para elaborar preguntas que luego Cosse responderá por escrito.

En forma paralela, consta en el expediente una solicitud formal a la Asociación de Ingenieros para que nombre a un equipo multidisciplinario que analice las obras realizadas y establezca el grado de cumplimiento de OAS al acuerdo firmado.

Por qué se abortó el proyecto de construir una regasificadora fue una de las preguntas que sobrevoló en la audiencia.

En el juzgado, Jara explicó las causas que llevaron a poner fin a uno de los emprendimientos impulsados por el expresidente Mujica durante su mandato: el retiro de Argentina como tomador de la producción de la futura regasificadora; el consorcio contratista GNLS -integrado por la empresa francesa GDF-Suez y la japonesa Marubeni- dejó la obra tras pagar US$ 100 millones de garantía y la firma OAS -subcontratista principal y contratista directa en la obra de interconexión del gasoducto- estaba en concurso de acreedores y no podía continuar los trabajos.

Jara explicó que se realizaron gestiones buscando nuevas formas para retomar el proyecto de construir una regasificadora en Puntas de Sayago, pero no funcionaron. Por lo tanto, se decidió abandonarlo.

Pregunta abogada de OAS: ¿Si en el proyecto original estaba previsto un tomador firme de la demanda que recibiera toda la producción?

Jara: En la génesis de Gas Sayago se conversaba con contrapartes argentinas para eso. Más adelante, Gas Sayago, siguiendo las instrucciones de sus accionistas, se enfocó exclusivamente en desarrollar la infraestructura.

En otro tramo de su declaración, Jara recordó que hubo una extensión del contrato porque los atrasos de OAS “eran de tal entidad” que excedían las responsabilidades establecidas por el acuerdo. Y agregó que se buscó incentivos que llevaran a que OAS cumpliera con los nuevos plazos. “Por eso se firmó una adenda (agregado al contrato)”, dijo.

Las demoras, afirmó Jara, “eran temporales”. “Si mal no recuerdo, la obra de la regasificadora tenía tres tramos: uno terrestre, otro acuático y otro en la playa. No recuerdo los motivos de los atrasos”, agregó.

Pregunta: ¿Había reuniones con OAS?

Jara: Hubo algunas reuniones porque era una situación muy difícil, con una empresa en concurso, con un préstamo de por medio (firmado por el Estado uruguayo), con una obra grande que involucraba padrones con temas de seguridad y que se quería resolver de buena forma.

Pregunta: ¿En qué afectaba la declaración de concurso de OAS?

Jara: Los proveedores de OAS no les querían cotizar ni entregar materiales. Estaban bastante preocupados y se cortaba el flujo de la obra. No contábamos con certeza de cuáles eran las garantías a las que efectivamente podíamos recurrir ante incumplimientos de OAS. Esta empresa continuó ejecutando el contrato con cada vez mayores atrasos. Gas Sayago retuvo penalidades y luego en la adenda hubo una negociación para incorporar eso a las garantías porque no era el objetivo de Gas Sayago quedarse con ese dinero sino que la obra se culminara y que si había daño resarcirse.

Pregunta: ¿Cuál fue la política de Gas Sayago en materia de ejecución de garantías?

Jara: Ante los incumplimientos repetidos y una vez agotados los otros remedios que preveía el contrato, la política era ejecutar las garantías que respaldaban el cumplimiento.

Pregunta: En la relación con la adenda, mencionó que el objeto no era quedarse con el dinero sino lograr que la obra se culminara. ¿La obra se culminó?

Jara: La obra no se culminó.

Al final de la audiencia, el juez dio un plazo de 15 días a las partes para presentar un pliego de preguntas para Cosse.

- En la administración del frenteamplista José Mujica (2010-2015), se planteó la idea de construir una regasificadora que suministrara gas a Argentina. Se firmó un acuerdo marco con el vecino país. Poco después, Argentina se retiró del negocio y construyó una planta propia en Bahía Blanca.

- Al perder al socio-comprador, el gobierno de la época insistió con la regasificadora primero buscando a otro comprador de la producción y luego con el propósito de suministrar gas al mercado interno.

- El consorcio GNLS y Marubeni subcontrataron a la filial de la multinacional brasileña OAS, acusada de corrupción en Brasil. El proyecto de la regasificadora recibió un segundo golpe cuando el consorcio GNLS y Marubeni decidió pagar la garantía por incumplimiento de US$ 100 millones y se retira. Ese es el principio del fin.

- Gas Sayago trató de buscar un nuevo modelo de negocios, mientras que sus gerentes continuaron con sueldos elevados y gastos fastuosos. A su vez, OAS comenzó a incumplir con el cronograma de obras y la regasificadora se transformó en una quimera.

- El 9 de julio de 2021, una denuncia presentada por UTE en la Justicia pidió que se investigue eventuales abusos de funciones de exjerarcas de administraciones anteriores por haber insistido con el proyecto de la regasificadora luego del retiro de Argentina del negocio.