Fiscalía e Interior indagan denuncias de abuso policial

SEGURIDAD EN EL TAPETE

Primero fueron 85 denuncias de presunto abuso policial a detenidos presentadas en el Parlamento por la Asociación de Defensores de Oficio en noviembre de 2021. Luego, semanas atrás, en un informe del Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura (MNP) -que tomó de insumo principal el trabajo de los defensores- ese número se amplió a 102.

La cifra se elevó a 134, cuando el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, expuso -el 11 de marzo pasado- los números oficiales del total de denuncias por maltrato a detenidos en los últimos tres años al argumentar que el problema disminuyó durante la actual gestión.

En tanto, el Frente Amplio convocó el lunes pasado a una conferencia de prensa para dar a conocer 50 casos concretos -identificados con número de expediente- y exigir una respuesta del titular de la cartera de seguridad.

El tema está en el tapete estos días porque la oposición insiste con que la Policía está más propensa a cometer excesos en el marco de sus actuaciones, y que eso se debe a los cambios en materia de seguridad introducidos en 33 de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se buscará derogar en el referéndum de este 27 de marzo

Por eso la acumulación de declaraciones sobre este tema, y sus correspondientes versiones numéricas. Pero, ¿son todas denuncias distintas? ¿Por qué varían las cifras? ¿Las que presentó la oposición están incluidas en el relevamiento de la Asociación de Defensores de Oficio recogido por el MNP en su informe del 7 de marzo?

Como no hay claridad al respecto, ni sobre el estado procesal de las denuncias -si hay investigaciones iniciadas o no, si se archivaron las causas o si ya hay responsables identificados- tanto el fiscal de Corte, Juan Gómez, como el ministro del Interior, Heber, ordenaron recabar en sus instituciones toda la información disponible al respecto.

En el caso de Gómez, lo que hizo fue solicitar “a todas las fiscalías” del país que aporten los datos realacionados a estos asuntos. “Estoy tratando de ordenar este tema y poder contar con información exacta del estado de cada una de las investigaciones”, dijo el fiscal de Corte en diálogo con El País.

Y agregó que su requerimiento “no supone ningún entorpecimiento” al trabajo regular de los fiscales, y que su objetivo, antes que otra cosa, es enviar la información que recoja a la Institución Nacional de Derechos Humanos, organismo del que depende el MNP.

“Tenemos escasos recursos humanos para destinarlos a esta tarea, pero lo vamos a hacer con criterio profesional para que no haya informaciones encontradas sobre esto, y evitar que la Fiscalía esté en el medio de esta discusión”, continuó el jerarca.

Por parte de la cartera de seguridad, el ministro Heber espera específicamente la centralización de la información que divulgó el Frente Amplio y dará una conferencia de prensa cuando tenga sobre su escritorio todos los datos y elementos sobre esas 50 denuncias, dijeron a El País fuentes ministeriales, y agregaron que probablemente eso ocurra en el transcurso de esta semana.

En la secretaría de Estado entienden, de todas formas, que la oposición buscó con esto dar “un manotazo de ahogado” a pocos días del referéndum. No quita, señalan, que se trabaje “para dar lo antes posible una respuesta”, pese a que la tarea es ardua “minuciosa”, pues se analiza “caso por caso”.

El tema volvió a la agenda con fuerza a partir del informe del MNP, que en el apartado de recomendaciones aconsejó tanto a la Fiscalía como al Ministerio del Interior que se “disponga de manera urgente una investigación administrativa en sus respectivas dependencias, a efectos de abordar las presuntas irregularidades denunciadas” por los defensores públicos.

Entre las situaciones relatadas, hay un caso de un “allanamiento en (una) casa de familia donde había una niña de 5 años y personas mayores de edad”; en donde presuntamente se aplicó “fuerza excesiva, provocando daños materiales, apuntando con armas de fuego cuando no había ninguna resistencia por parte de los moradores”. También se cuenta la situación de un hombre que al ser detenido recibió un “golpe en el oído con la mano abierta por el oficial de policía”, y tras un informe médico que contradijo una pericia anterior -que determinaba que el indagado no tenía lesiones- se constató que sufrió “perforación de oído”.

Fue a partir de entonces que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reunió los 50 casos así, y dijo en más de una oportunidad que Heber debía dar respuestas sobre todos ellos, al tiempo que desde el oficialismo se atribuyó a la oposición la intención de hacer campaña política con este tema.

El presidente Luis Lacalle Pou, por ejemplo, les dijo el miércoles pasado que fueran “a la Fiscalía” a plantear directamente estas denuncias en lugar de informarlas a través de los medios.

El expresidente colorado Julio María Sanguinetti, por su parte, escribió en su columna del Correo de los Viernes que “las 50 (denuncias) que aparecen ahora son una ensalada en que, mayormente, delincuentes con antecedentes formularon denuncias que se tramitaron”, y que “algunas se desecharon en la vía judicial de modo rotundo y otras están en trámite”, además de que no todas -según él- son recientes.

Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores, señaló a El País que las 102 denuncias que están en poder del Instituto Nacional de Derechos Humanos es solo “una muestra” que se construyó al hacer un “relevamiento” el año pasado, puesto que el gremio no se dedica sistemáticamente a llevar una cuenta de las situaciones de abuso policial durante las detenciones.

Es así que el defensor público sostuvo que las situaciones deben ser más, pero que tampoco cree en las cifras que dio a conocer el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando informó en rueda prensa el viernes 11 de marzo que mientras en 2019 hubo “152 abusos de funciones física de la Policía (sic), en 2020 fueron 158 y en 2021 bajaron a 43”.

Gamba no cree en la validez de estas cifras porque son datos procesados por la propia cartera, a través del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, lo que quita a su criterio objetividad. “Desde el punto de vista de todos los tratados internacionales y del protocolo contra la tortura, esas cifras no tienen ninguna validez porque son producidas por un organismo del propio ministerio”, dijo Gamba, que criticó, así, que no haya en Uruguay “un registro obligatorio de este tipo de abusos”. En ese sentido, el abogado añadió que “es obvio que nadie dentro del ministerio va a denunciar”, o en su defecto “serán muy pocas las denuncias” que transiten por la vía institucional. “Por lo que estoy seguro que los 102 casos que denunciamos no están incluidos en esas 134 denuncias de 2021 que refirió Heber, porque no hay cómo”, señaló Gamba.

“Nosotros los casos los presentamos en las propias audiencias, entonces el Observatorio no puede tener ni idea”, siguió y cuestionó: “Además, cuando nosotros publicamos nuestro informe en julio pasado, nadie nos vino a pedir información”. Por último, Gamba recordó que la principal responsable del avance en estas indagatorias es la Fiscalía.