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Fiscales hunden estrategia de Marset: él o su familia no serían juzgados en Uruguay, los extraditarían a Paraguay

Su abogado Santiago Moratorio se reunió con los fiscales Diego Pérez, Enrique Rodríguez y Mónica Ferrero y estos le transmitieron que si Marset o algún allegado se presenta en Uruguay será extraditado.

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"Si mi familia tuviera garantías para entregarse en Uruguay, lo harían", dijo Marset
"Si mi familia tuviera garantías para entregarse en Uruguay, lo harían", dijo Marset
Foto: Captura TV

Redacción El País
Sebastián Marset y sus familiares directos no tienen causas abiertas en el país. No obstante, sobre Marset y allegados pesa una búsqueda internacional solicitada por la Justicia paraguaya por supuestos delitos vinculados al narcotráfico y lavado de activos.

El domingo 26, en el programa “Santo y Seña” de Canal 4, Marset anunció que pretendía que su pareja Gianina García Troche, así como su cuñado y su medio hermano, sean enjuiciados en Uruguay con todas las garantías.

A mediados de este mes, el abogado de Marset, Santiago Moratorio, se entrevistó con los fiscales Diego Pérez (Flagrancia de 8° Turno), Mónica Ferrero (Estupefacientes) y Enrique Rodríguez (Lavado de Activos).

Moratorio fue cauto al momento de hablar con los fiscales. Señaló, por ejemplo, que no venía en plan de negociación sino para explorar la posibilidad de que García Troche y otros familiares de Marset sean enjuiciados en Uruguay sin ser extraditados a Paraguay.

El fiscal Pérez investiga el atentado con una granada ocurrido a las 2 de la mañana del 9 de mayo de 2020 contra la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) ubicada en el Prado. El explosivo causó daños en cinco vehículos y al menos 16 personas resultaron formalizadas por este hecho.

Veinticuatro horas después del atentado a la sede policial, la fiscal Ferrero recibió amenazas de muerte.

Una fuente del caso dijo a El País que los dos hechos tenían un mismo objetivo: amedrentar a los operadores judiciales ya que se habían realizado varias incautaciones importantes de estupefacientes por esas fechas. Dos años más tarde de esos hechos, Moratorio se encontró con el fiscal Pérez en la sede de la Fiscalía.

El profesional le dijo al fiscal que su cometido era explorar la posibilidad de que Marset regrese a Uruguay y se responsabilice penalmente de las amenazas realizadas a Ferrero. La pena de cárcel por esta causa es leve.

Sin embargo, en el encuentro, Pérez explicó a Moratorio que pretendía que Marset también se hiciera responsable del atentado a la sede de repartición antidrogas ubicada en el Prado.

Aunque, según supo El País, Marset se deslinda de cualquier vinculación con el autor del atentado a la sede policial.

En la reunión, Pérez trasmitió a Moratorio que estaba dispuesto a analizar un acuerdo abreviado con Marset al igual que los que firma habitualmente con otros imputados por distintos delitos. No obstante, Pérez trasmitió al abogado que había una posibilidad de que Marset debiera enfrentar una medida cautelar de prisión preventiva y luego sería extraditado.

En el marco de esos contactos en la Fiscalía, Moratorio también se reunió con el fiscal Rodríguez para estudiar la posibilidad de que familiares de Marset sean enjuiciados en Uruguay. Rodríguez descartó de plano esa opción y explicó que había un tratado vigente con Paraguay. Es decir, Rodríguez planteó una tesis similar a la de Pérez.

Por último, en la reunión con la fiscal Ferrero y Moratorio, no hubo avances de ningún tipo.

Estrategia

En ámbitos judiciales se maneja la posibilidad de que Marset se entregue en Uruguay después que lo hagan sus familiares directos para purgar una pena pequeña por un delito leve.

En el ínterin, llegará el pedido de extradición desde Paraguay. Ante esto, según trascendió, existe la posibilidad de que Marset no sea extraditado a Paraguay en base a un tratado firmado en 1879 y solo enfrente a la Justicia uruguaya. Los juristas que sostienen este razonamiento dejan de lado que Uruguay firmó un tratado de extradición en el marco del Mercosur, con excepción de Argentina con quien tiene un acuerdo bilateral. Brasil es el único país de la región que no extradita a sus ciudadanos porque lo impide su Constitución. Sin embargo, Uruguay y Paraguay sí lo hacen a otros países del Mercosur cuando algún uruguayo es reclamado por un eventual delito. En el hipotético caso en que Marset se entregue en Uruguay y aguarde la extradición a Paraguay, sus abogados guaraníes podrán estudiar en detalle el expediente de la investigación de la operación antidrogasA Ultranza Py”. Luego de la extradición, dichos profesionales podrán negociar una pena más leve para Marset.

Además

Lacalle Pou y Gómez dicen que no negocian con narcotraficantes

El presidente Luis Lacalle Pou afirmó ayer que “el gobierno no negocia con narcotraficantes”, tal como más temprano se había indicado desde Fiscalía ante los rumores de presuntas tratativas para una posible entrega en Uruguay del narcotraficante Sebastián Marset. “El gobierno, a través de sus ministerios, en este caso Interior y Cancillería, generó las alertas que había que generar. El gobierno no negocia con narcotraficantes, eso está meridianamente claro, no tendría ni que decirlo”, sostuvo en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

En tanto, el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo Del Castillo, confirmó que Interpol aceptó el pedido de “alerta azul” que hizo Bolivia contra Marset. Ello significa que todas las policías del mundo colaborarán para ubicar el paradero de Marset.

“El día de ayer (lunes) nos estaba anunciando Interpol, desde Lyon, en Francia, que ya se ha aceptado la alerta azul por parte de la solicitud de Bolivia, para identificar el lugar exacto donde se encuentra este narcotraficante”, dijo Del Castillo a los medios bolivianos, consignó El Deber.

Según confirmó a El País el director de Investigaciones de la Policía Nacional de Uruguay, Juan Rodríguez Reina, con esta notificación azul ahora Marset será buscado de manera internacional por los delitos que cometió en Bolivia, en donde se presume creó una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

Rodríguez Reina explicó que esta notificación sirve como “medida de información” sobre “la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal”. La alerta roja ya emitido sigue vigente.

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