SAN JOSÉ

En un fallo inédito, el juez de 1er Turno de Libertad, Gustavo Machado, condenó a un organizador de una fiesta clandestina a cumplir servicios comunitarios en el centro hospitalario de Playa Pascual (San José) por un lapso de seis meses.

La Fiscalía acordó con el imputado la aplicación del proceso abreviado, aceptando este de modo expreso lo que surgía de la carpeta de la investigación.

El juez Machado entendió que el imputado era responsable de los hechos relevados, los cuales fueron descriptos en la audiencia. Esto es, que fue notificado de no proseguir con una fiesta que estaba realizando y que continuó haciendo caso omiso a lo notificado por la autoridad policial.

El magistrado agregó que en la tarea de la búsqueda de una pena justa corresponde ponderar toda la información referente al grado de culpabilidad, de acuerdo a lo establecido por el Código Penal. También es preciso llevar a cabo la valoración de la gravedad del hecho y el análisis de la peligrosidad del imputado.

En ese marco, el juez condenó a C.R.C. como autor penalmente responsable de un delito de desacato, debiendo cumplir la pena de seis meses de prisión. Esa pena fue sustituida por un régimen de libertad, imponiéndole las siguientes obligaciones: residir en un lugar determinado, vigilancia permanente por parte de Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA) y presentación una vez por semana en la seccional más cercana a su domicilio.

El imputado también deberá realizar trabajos comunitarios en el centro hospitalario de Playa Pascual, a razón de cuatro horas diarias en turno vespertino, por tres días a la semana, durante seis meses, sostiene el fallo.

El juez Machado le prohibió, además, organizar fiestas por un período de seis meses.

Ante el agravamiento de la situación sanitaria a nivel nacional por la pandemia de COVID-19, los gremios de defensores públicos, actuarios, informáticos y funcionarios, se reunieron ayer y decidieron solicitar nuevamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Tabaré Sosa Aguirre, una entrevista con carácter urgente para proponer medidas.

Según supo El País, la intergremial propondrá a Sosa extender la feria judicial extraordinaria por 30 días de igual forma que la feria mayor y menor; disminuir el número de jueces, actuarios, defensores y funcionarios en juzgados, y establecer un aforo máximo de público, entre otras acciones