"OPERACIÓN OCÉANO"

La “Operación Océano” provocó un terremoto que sacudió hasta los rincones menos pensados del país e hizo arder las redes sociales.

Un ex juez penal de Menores, empresarios, un diputado suplente y profesionales desfilaron por la sede de la Dirección de Crimen Organizado, ubicada en Maldonado y Paraguay. Al Juzgado penal fueron traslados esposados de a dos, con camperas tapándoles los rostros, los championes sin cordones y los pantalones sin cinturón. Igual que un rapiñero que asaltó un local de cobranzas y fue capturado.

En dos audiencias realizadas en una semana, la Justicia decretó el inicio de la investigación penal para 11 adultos. Se les imputó un delito de retribución o promesa de retribución a un menor de edad para que ejecute actos eróticos.

El miércoles 13, Ignacio Durán, abogado defensor de un productor de eventos, fue el único defensor que anunció que iba a apelar el fallo judicial. Los otros cinco profesionales no se pronunciaron.

La estrategia de Durán fue diferente. Reconoció que su defendido había mantenido relaciones sexuales con las adolescentes; que estas habían sido consensuadas, y que su cliente no había entregado nada a cambio.

En su apelación, a la que El País accedió de fuentes del caso, Durán subrayó que, en los propios “chats” recogidos por la Fiscalía, cuya titular es Darviña Viera, quedaba probado que el productor de eventos tenía una amistad de larga data con las adolescentes.

Y agregó que en ocasiones les regalaba entradas como a otras chicas para que las fiestas se llenaran. “Como se probará en la instancia procesal oportuna (juicio oral) mi defendido jamás le dio una entrada o les facilitó el ingreso (a las adolescentes) a determinada fiesta o evento social a cambio de que ejecuten un determinado acto sexual o erótico de tipo alguno. Jamás”, insistió Durán.

Y agregó: “No existe ninguna evidencia ni se puede presumir que mi defendido les facilitaba entradas a cambio de algo”.

Consultado por El País sobre la presentación de su apelación, Durán declinó hacer declaraciones por la reserva del expediente.

La estrategia de los otros abogados fue distinta. Plantearon que sus defendidos no sabían que las chicas eran menores de edad y subrayaron que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Martín Frustaci, defensor del ex juez penal y del abogado y docente universitario de Derecho, dijo que sus defendidos no sabían que trataban con menores de edad. Y explicó que se trata de un delito de peligro, ya que el bien tutelado es la integridad de las adolescentes.

En una segunda audiencia realizada el miércoles 20, los abogados defensores tuvieron una postura más combativa hacia la Fiscalía y anunciaron que iban a apelar el inicio del proceso penal contra sus defendidos. Sus escritos aún no fueron presentados.

En otro tramo de su apelación, Durán señala que el inicio del proceso penal no es una mera comunicación al indagado sino que a este le apareja una serie de inconvenientes de índole personal, familiar y social (es detenido, fichado, esposado y escrachado en las redes sociales).

El penalista explica que, en la audiencia de formalización del proceso penal, el juez debe atender determinados parámetros que el Código del Proceso Penal (CPP) marca y que no son otros que la existencia de elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de los responsables.

Y agrega que el Tribunal de Apelaciones podrá advertir que “no se condicen” los hechos con la imputación que se reclama, al menos en forma clara, indiscutible, evidente y manifiesta, por lo que dicho órgano debería solicitar las aclaraciones pertinentes o lo que sería más procedente aún, dejar sin efecto la formalización del proceso penal. 

Los chats entre los adultos y una de las chicas son una de las principales evidencias que cuenta la Fiscalía de Delitos Sexuales, cuya titular es la fiscal Darviña Viera. Las conversaciones entre ambas partes se realizaron a través de Tinder. Para la Fiscalía, allí se constata, por parte de los hombres, la existencia de una retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos eróticos.

Una víctima, que integra un grupo de cinco adolescentes explotadas sexualmente, recibía regalos, viajes o era traslada algunos fines de semana a casas que los adultos poseen en Punta del Este. En el balneario paseaban con los imputados o estos la llevaban a restaurantes y boliches.

El País accedió a otro chat entre un profesional hoy imputado y la víctima donde el adulto hace mención a la discreción que la menor debía tener hacia él.

-Decime vos a qué hora te sirve. Sabés que soy discreto. Me queda bien después de las 19, Jacqueline (Nombre ficticio).

-¿Y ahora qué hacés?- pregunta la adolescente.

-Trabajo. ¿Tú?

-Estudiando en casa. Una pregunta, ¿tienes Uber? (Pone un emoticón).

-Siempre fuiste discreta y astuta. (...) Cumpliste 17 en mayo, ¿verdad?

-Sí

-Te acordás de mí o tiraste al boleo...

-Recuerdo. Claro.

-¿Te puedo escribir en la tardecita y hablamos que ahora estoy en otra cosa?