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"El gordo se fue para la casa": condenaron al último imputado por el caso de los certificados falsos

El narco de Villa Española Antony Suárez había conseguido el arresto domiciliario en base a documentos apócrifos; estuvo internado en una clínica.

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Matias Campero
Campero: el líder de la banda que hacía certificados falsos para que presos lograran salir de la cárcel.
Foto: Estefanía Leal

La semana pasada la Justicia condenó al último imputado por la maniobra de los certificados falsos para sacar a presos de la cárcel con la excusa de que padecían problemas de salud. Antony Suárez, un narco de Villa Española que había sido uno de los beneficiados de la maniobra que montó Matías Campero, fue condenado a 15 meses de prisión por la coautoría de un delito de falsificación de documentos privados en concurrencia fuera de la reiteración, con reiterados delitos de estafa agravados. Campero y Mercedes Acosta (abogada) habían sido condenados días antes.

De esta forma, todos los señalados judicialmente por el caso resultaron condenados por acuerdos abreviados. Suárez fue asistido por Marcelo García de León y fue el último en homologar el acuerdo frente a la jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera.

Allí, la fiscal adscripta de Estupefacientes de 1er Turno, Patricia de Amorín, hizo un extenso relato de cómo Campero generó diferentes documentos con los que logró convencer a la Justicia de Canelones de que Suárez tenía células cancerígenas en la próstata y problemas de salud mental. Así, Suárez fue trasladado a la Clínica Bethania (que tiene convenio con el Ministerio del Interior), tras utilizar, además de documentos médicos, una comunicación apócrifa de Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario.

Entre las novedades que aportó el relato fiscal, están las conversaciones entre Campero y Suárez en las que hablaban de la confección de los documentos.

Con fecha 23 de mayo del 2023, Suárez le envió un mensaje de audio a Campero, consultándole “para cuándo arman ese documento”, a lo que Campero le contestó por audio que se estaba “moviendo” por eso y que “antes del lunes” lo iba a tener. A su vez, agregó: “Hay que hacer algo bueno, alguna plaquita, algún resumen, algunos exámenes, cositas lindas”.

Cinco días después, Campero le envió un mensaje a Suárez informándole que ya tenía “lo suyo” y añadió que “el diagnóstico sería prostatitis crónica”. A su vez, adjuntó los resultados de un análisis clínico del Hospital Evangélico y le indicó que había que presentar un escrito con las fotocopias del estudio.

Con fecha 31 de mayo del 2023, Campero le comentó a Suárez que “el gordo se fue para la casa”, presumiblemente refiriéndose a que ese mismo día la entonces jueza de Crimen Organizado, María Helena Mainard, dispuso la prisión domiciliaria de Juan Antonio González Bica, el primer prófugo del caso.

En otra oportunidad, Campero le mandó una foto de una camioneta marca Chevrolet y un mensaje que decía “vendo”. A lo que Suárez le contestó: “Esa la compraste cuando agarraste las primeras 40 mías”. Suárez pagó US$ 60 mil por los documentos.

Después de varios intercambios sobre la documentación a presentar, Campero le envió un video donde se ve una caja de cartón que contenía estudios médicos con el logo del Hospital Evangélico. Ante una pregunta de Suárez, Campero contestó: “Tiene una historia clínica de verdad, de un paciente que tiene eso, y es del Evangélico”.

Además, la fiscal De Amorín realizó una detallada descripción sobre toda la información que se desprendía del expediente en la que se tramitó la solicitud de prisión domiciliaria. También se refirió a las distintas medidas que tomó la jueza de Canelones Marcela López Moroy, quien ordenó varios estudios y evaluaciones médicas para analizar lo que el imputado solicitaba. Pese a eso, basándose en informes que resultaron apócrifos, la jueza le otorgó la posibilidad de internarse en la clínica, con controles periódicos.

Juicio por caso Matias Campero
Documentos y expedientes por el caso del falsificador Matias Campero.
Foto: Leonardo Mainé

Los culpables

Por este caso también fueron condenados Campero y Acosta. Mientras que Campero era el líder de la organización y conseguía la documentación falsa, Acosta coordinaba con él y prestaba sus servicios como abogada siempre que fuera necesario.

Ella patrocinó a Juan Antonio González Bica, el primer fugado, y llevó consigo a la audiencia a Campero, quien se presentó como procurador cuando no lo era. Para ese entonces ya tenía antecedentes penales por siete delitos de estafa.

También fue abogada del propio Campero, quien fue a prisión preventiva mientras era indagado por secuestro en Maldonado y logró la prisión domiciliaria con la misma maniobra.

Hay mensajes de WhatsApp que prueban la connivencia entre ambos. Por ejemplo, un audio del 7 de julio de 2023 en donde Campero le dijo a Acosta que “Diego tenía lo de Juan para la diálisis” y que “ya estaba todo hecho”, refiriéndose a la documentación apócrifa que se presentaría en el expediente de González Bica. A su vez, en otro mensaje, Campero le pidió a Acosta que “le dé una mano porque él está preso y se le complica” realizar trámites.

Acosta era conocida por todos en los juzgados penales. Tenía muchos defendidos e incluso algunos de relevancia pública. Ella, por ejemplo, fue quien defendió al homicida de Lucas Zanolli, el joven que fue asesinado cuando fue a dar una vuelta en su auto con quienes se presentaron como potenciales compradores.

A nivel de Fiscalía, hubo decenas de abogados que declararon en calidad de testigos porque Campero les había ofrecido -tímidamente- formar parte del negocio. Les afirmaba que necesitaba que prestaran su firma porque él todavía no estaba recibido.

Aún están prófugos de la Justicia los narcos Juan Antonio González Bica y Miguel Ángel Leal da Costa, beneficiados por esta maniobra.

ADEMÁS

Los delitos cometidos y las penas impuestas

En el caso de la abogada Acosta, la condena fue por falsificación de documento privado y estafa. Aunque estuvo presa preventivamente por seis meses, el resto lo estuvo cumpliendo en libertad a prueba. Campero fue condenado a tres años de prisión por reiterados delitos de usurpación de titulo, cuatro delitos de falsificación de documentos privados y estafa agravada. Se le decomisaron tres autos y se le impuso una multa de $34 mil.

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