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Detectan que policía infiel ocultó pruebas de la Operación Océano

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La Policía detectó que efectivo no entregaba a abogados de Operación Océano todas las pruebas surgidas de celulares. Foto: Estefanía Leal
Policia usando tapabocas, o mascarilla, haciendo guardia en el sanatorio Casa de Galicia, ubicado en Av. Millan y Raffo, operativo policial por reparto de vacunas contra el Covid19 en Montevideo, escudo de la policia nacional, ND 20210227, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais

GIRO EN POLÉMICA INVESTIGACIÓN

Un policía infiel no entregaba a los abogados defensores de víctimas e imputados todas las pruebas existentes en la carpeta. Ahora se investigará si actuó por dinero o por otra causa.

En una audiencia masiva realizada el 22 de febrero de este año, la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, dejó entrever la existencia de un supuesto complot para dejar sin efecto la investigación sobre la Operación Océano.

Ese día, mientras el abogado Santiago Alonso le entregaba una notebook a un experto en tecnología de la Policía, la fiscal dijo por lo bajo que la responsabilidad del faltante de algunos archivos en la carpeta investigativa que había llegado a las defensas de los imputados y las víctimas, era de ellos y no de la Fiscalía. “Es de ustedes”, les expresó.

De esa forma, Viera sugirió la existencia de una posible complicidad entre defensores y policías.

Alonso y otro defensor, Andrés Añasco, replicaron en forma airada. Finalmente, la audiencia terminó cuando la jueza Beatriz Larrieu concluyó que, efectivamente, los defensores de los imputados no habían tenido acceso a la totalidad de la carpeta fiscal. Ello abrió la puerta para que estos abogados pidieran a la Justicia la nulidad de la causa, cosa que sucedió 20 días más tarde.

Cuatro días después de la audiencia, Viera volvió sobre el tema del supuesto complot. En una entrevista concedida al semanario Brecha, la fiscal se refirió a la existencia de una “mano negra” que impidió que cierta prueba llegara a los defensores. La sospecha de Viera y el pedido de nulidad de los penalistas generaron dos investigaciones administrativas: una en la Fiscalía de Delitos Sexuales y la otra en la Dirección de Crimen Organizado e Interpol.

Al finalizar ambas, la Operación Océano, el mayor caso penal de la historia del país por el número de víctimas, imputados y abogados defensores, dio una sorpresiva vuelta de tuerca.

La investigación interna de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol, que contó con el apoyo de Policía Científica, constató que un policía infiel no había entregado, en forma intencional, la totalidad de las evidencias que contenía la carpeta fiscal a los abogados defensores de víctimas e imputados. Ahora se investigará si este funcionario recibió dinero a cambio.

Tras recibir el informe de la investigación, el director de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol, Juan Rodríguez, informó al Ministerio del Interior sobre las conclusiones arribadas y luego presentó una denuncia en la Fiscalía.

Posteriormente, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se comunicó con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, para informarle sobre los avances de la investigación interna. Le dijo que Policía Científica constató que las pruebas surgidas de los teléfonos celulares de la principal víctima del caso habían sido almacenadas en discos duros en la Dirección de Delitos Informáticos y que, por ende, no se habían perdido evidencias. Y agregó que se preservó la cadena de custodia de las pruebas.

La Fiscalía también tiene una copia de esas evidencias.

Investigación policial.

Abogados defensores de imputados en la Operación Océano consideraron que la investigación policial interna ratifica la nulidad del juicio.

El vicepresidente de la Asociación de Penalistas del Uruguay y asesor legal de uno de los procesados, Eduardo Sassón, dijo a El País que no le sorprendió que se genere una denuncia sobre este tema. “Nosotros probamos en nuestro escrito pidiendo la nulidad que la cadena de custodia y el manejo de la evidencia digital estuvo completamente por fuera de los protocolos. Es muy grave la situación que se evidenció en la audiencia anterior”, expresó.

El abogado Alberto Rojas dijo a El País que el comunicado del ministerio y de la Fiscalía de Corte subrayan la necesidad de decretar la nulidad del caso. Y advirtió: “La cadena de custodia de las pruebas recolectadas por la Policía se hizo pedazos”.

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