Cuatro de cada 10 homicidios dolosos no registran imputados. El sistema penal logra imputar al menos a una persona en solamente el 7% del total de denuncias que se realizan por año y que superan las 280.000. Al menos el 75% de los procesos penales concluidos se resuelve el mismo día de la primera audiencia de formalización.
La información surge de un documento elaborado por la Fiscalía General de la Nación destinado a evaluar ocho años de la puesta en funcionamiento del Código del Proceso Penal. Específicamente se analiza el período que va desde noviembre de 2017 hasta diciembre de 2025. Para dar perspectiva al análisis, se establecen comparaciones con años anteriores, cuando estaba vigente el sistema procesal inquisitivo.
El trabajom fechado el 7 de setiembre, tiene un capítulo titulado “Eficacia del sistema penal en la imputación”. Y allí sostiene que “la primera instancia crítica en la persecución penal es lograr una imputación. Esto es, cuando un juez acepta que se formalice la investigación contra los potenciales responsables de un delito”.
Y señala que para calcular la eficacia del sistema penal pueden utilizarse tres unidades de medida complementarias: la cantidad de personas imputadas en determinado período, la cantidad de denuncias en las que se logra imputar al menos a una persona y la cantidad de denuncias con imputado como porcentaje del total de denuncias registradas.
Homicidios
La eficacia en la imputación para los casos de homicidios dolosos es un “indicador especialmente relevante para evaluar el desempeño del sistema penal frente a los hechos de mayor gravedad”, sostiene el documento de la Fiscalía.
Entre 2023 y 2025, cerca de cuatro de cada diez homicidios dolosos no registraron personas imputadas. En el caso específico del año pasado, hubo imputaciones por homicidios en el 60,5% de los casos; hubo imputados por otros delitos vinculados al hecho en el 1,7% y en el 37,8% no se registran imputados hasta el momento.
El análisis precisa que puede haber investigaciones sin imputados pero que siguen en curso, imputaciones hechas con posterioridad a la captación de los datos o casos en los que el principal indagado falleció.
Denuncias
Que haya imputados en seis de cada 10 asesinatos es un dato relevante si se lo compara con lo que ocurre con el total de delitos investigados. En promedio, en Uruguay se efectúan desde 2020 entre 24.000 y 26.000 denuncias por mes. En 2025 hubo 287.191 denuncias de delitos y solo el 7% registró al menos un imputado. Cuando se considera solamente el subconjunto de denuncias con indagado identificado, la eficacia pasa de 11,1% en el año 2018 al 16,6% en el 2025.
Esta diferencia del 7% de eficiencia para lograr imputados en el total de denuncias frente al 60% en el caso de los homicidios “refleja el alto nivel de priorización que reciben estos delitos dentro del sistema de penal”, sostiene el documento.
El extenso análisis precisa que todo sistema penal, sin importar cómo esté estructurado, tiene como primer desafío analizar las denuncias recibidas, desestimar aquellas que no constituyen delito y seleccionar las que deben ser investigadas con mayor celeridad. “En ningún país del mundo se investiga la totalidad de las denuncias que se registran, por varios motivos”, se indica.
Esto ocurre porque se denuncian situaciones que no constituyen delito, porque falta información para investigar o porque generalmente no existen suficientes recursos policiales, fiscales y judiciales como para investigar todas las denuncias que constituyen delitos y tienen al menos alguna información que permita iniciar la investigación.
El 75% de los casos terminan ya en la primera audiencia
El informe también analiza cuánto tiempo transcurre desde que una investigación es formalizada ante la Justicia hasta que el proceso concluye.
Entre enero de 2018 y diciembre de 2025, al menos el 75% de los procesos concluidos registra la resolución en la misma fecha que la primera audiencia de formalización. Sin embargo, el promedio asciende a casi 35 días porque existe un grupo minoritario de procesos considerablemente más largos. Esto se explica principalmente por la rapidez en la que se desarrollan los Procesos Abreviados y porque son la vía mas utilizada.
En las suspensiones condicionales del proceso el promedio fue de 15,2 días, y tres de cada cuatro resoluciones también se produjeron en la fecha de la primera audiencia.
Los acuerdos reparatorios demoraron en promedio 48,6 días. La mitad se resolvió el mismo día de la formalización, aunque el 25% más extenso superó los 15,8 días.
Los juicios orales tuvieron una duración promedio de 352,8 días y una mediana de 245 días. El 25% de los procesos más prolongados superó los 539 días, es decir, aproximadamente un año y medio.
Las causas que terminaron en absolución registraron una duración promedio de 353,3 días, con una mediana de 307 días.
Según un estudio del Poder Judicial sobre los procesos concluidos en 2017, bajo el anterior sistema las causas penales demoraban en promedio 402 días en Montevideo y 570 días en el interior. El propio informe original del Poder Judicial calculó para Montevideo una duración promedio de 13,4 meses en los procesos concluidos durante aquel año.
Otros datos
El estudio agrega que entre febrero de 2019 y diciembre de 2025 se registraron 122.255 imputaciones a personas, de las cuales el 87,4% corresponde a hombres, el 11,0% a mujeres y en el 1,6% restante no se consigna el sexo. En cuanto a la distribución por edad al momento de cometido el delito, se observa que la gran mayoría de los imputados tiene entre 18 y 49 años (86,3%), mientras que los adolescentes representan el 5,6%, los mayores de 50 años el 6,3%, restando un 1,8% de los imputados en los que no se cuenta con registros de la edad.
Asimismo, el año de mayor productividad del sistema inquisitivo, antes de la reforma del sistema penal, fue el 2017. Entre enero y octubre de 2017 se alcanzaron 1.057 procesamientos promedio por mes. Luego de implementada la reforma, entre febrero y diciembre de 2019, se obtuvieron un promedio mensual de 1.458 imputaciones. Esto supone que en 2019 se lograron 38% más imputaciones cada mes que durante 2017. Sin embargo, tras esta mejora se observa un estancamiento, con un promedio mensual de 1.421 imputaciones a personas entre febrero de 2019 y diciembre de 2025.
El 30% de imputados reincidió en el delito
Cerca de tres de cada diez personas imputadas por la Justicia volvieron a ser objeto de una investigación formal de la Fiscalía al menos una vez en los últimos siete años.
El Ministerio Público estudió las imputaciones registradas entre febrero de 2019 y diciembre de 2025 y determinó que cerca del 70% de las personas tuvo una única imputación durante esos casi siete años. En tanto, el 17% fue imputado en dos oportunidades y el resto acumuló tres o más imputaciones.
La Fiscalía General de la Nación también estudió estudió cuánto tiempo transcurre hasta una nueva imputación penal entre las personas que recayeron en el delito en más de una oportunidad, siempre dentro del período analizado.
El 22% de las nuevas imputaciones se produjo durante los primeros seis meses posteriores a la anterior y otro 24% reincidió entre los seis meses y el año. Esto significa que el 46% de quienes fueron imputados más de una vez recayó en el mundo delictivo antes de cumplirse un año desde la última imputación.
Otro 28% reincidió al pasar entre uno y dos años después. Dicho de otro modo, el 74% de las imputaciones consecutivas ocurrió antes de transcurridos dos años. El 26% restante se produjo después de ese plazo.
Por otra parte, uno de los principales cambios registrados desde la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal (CPP) a fines de 2017 ocurrió dentro de las cárceles. En diciembre de aquel año, el 69,8% de los adultos privados de libertad estaba en prisión preventiva y no tenía condena, mientras que el 30,2% restante ya había sido condenado.
En setiembre de 2018, por primera vez desde la entrada en vigencia de este nuevo sistema penal, las personas condenadas pasaron a representar la mayoría de la población privada de libertad. En 2019, quienes permanecían presos sin condena ya eran menos de un tercio del total.
A diciembre de 2024, la situación prácticamente se había invertido respecto de 2017 y el 94,6% de los adultos privados de libertad tenía condena y solo el 5,4% se encontraba en prisión preventiva. Fiscalía vincula esta transformación con la mayor rapidez del nuevo proceso penal, las audiencias orales y el uso de mecanismos como el proceso abreviado.
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