Redacción El País
Juan Pablo Decia, abogado de un grupo de 200 víctimas de la presunta estafa de Conexión Ganadera, presentó un escrito ante la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos que lidera Enrique Rodríguez solicitando que Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, única imputada con prisión domiciliaria, pase a la cárcel como medida preventiva.
Cabral está imputada por un delito de estafa, mientras que los otros dos con investigaciones formalizadas, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, también están imputados por lavado de activos, motivo por el que las medidas cautelares dispuestas son más rígidas: están aguardando el juicio en la cárcel.
El sitio escogido por Cabral para permanecer en prisión domiciliaria es un apartamento en Punta del Este.
En el escrito que el abogado Decia envió al fiscal Rodríguez, al que accedió El País, se indica que "existen en la carpeta investigativa evidencias suficientes para ampliar la formalización de la investigación penal" bajo la "imputación de un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia".
Explicó que "desde su cuenta personal y con dinero recibido desde las cuentas de su marido fallecido Gustavo Basso, realizó una transferencia por U$S 205.000 a la cuenta de su hija" para "la compra del inmueble rural" en Lavalleja.
También que entre enero y marzo de 2025 recibió de parte de uno de los "tomadores externos de Conexión Ganadera"; es decir, una de las empresas asociadas al conjunto económico del grupo, en su cuenta personal "depósitos por la suma de U$S 1.112.393".
Esto cuando "la empresa se encontraba en cesación de pagos, con el concurso judicialmente declarado y la imputada Daniela Cabral embargada genéricamente por la Justicia Concursal". Sumado a la transferencia por más de 200.000 dólares a la cuenta de su hija, para Decia esto confirma "la presunta comisión" de "un delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia".
A su vez indicó que con la medida cautelar de prisión domiciliaria se mantienen los "riesgos procesales".
El País intentó contactarse y obtener una respuesta del equipo de abogados de Cabral, de momento sin respuesta.
Antecedente de rechazo a planteo de Decia
Decia ya había hecho un planteo similar semanas atrás, que fue rechazado por el fiscal. En setiembre, Rodríguez había descartado la imputación de Cabral por un delito de lavado de activos y mencionó que el reclamo era "carente del mínimo de razonamiento legal".
Ya en octubre el Juzgado de Crimen Organizado de segundo turno, a cargo de Diovanet Olivera, rechazó el planteo realizado por el abogado Decia en coincidencia con lo señalado por el fiscal Rodríguez.
Pero desde ese momento hasta ahora hubo un cambio. A fines de octubre, a Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, quien también estaba imputada únicamente por estafa, se le agregó un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia y dejó la prisión domiciliaria para ir a la cárcel.
Para Rodríguez, la imputada "utilizó importantes sumas" obtenidas en la presunta estafa "con distintos fines particulares, convirtiéndola y transfiriéndola, de modo tal de introducirla en el mercado legal, con el fin de darle una apariencia lícita".
"Buena parte de dichos movimientos de dinero se llevaron a cabo en el momento en el cual la empresa se encontraba afrontando, al igual que todo el rubro ganadera, el fuerte impacto que conllevaba una sequía como la que padeció el país entre los años 2022 y 2023. Tal es así que la indagada y su esposo debieron acudir a Gustavo Basso para que este los apoyara económicamente, el cual, según versión proporcionada por la propia imputada, les concedió un préstamo de unos US$ 7 millones", aseguró el fiscal del caso.
Para Decia, el de Cabral es un caso de similares características.
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