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Condenan a la Udelar por discriminar a funcionario con problemas motrices: deberá pagar más de $ 400.000

El trabajador de una facultad tenía problemas motrices y su jefe lo obligaba a realizar largas recorridas. La Universidad de la República contradijo un informe de una de sus dependencias.

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Universidad de la Republica
En el juzgado, la Udelar desconoció informes de sus propios técnicos sobre el caso.
Foto: Archivo El Pais

La Universidad de la República se vio envuelta en un caso de “mob-bing” o “acoso moral” en el trabajo. El funcionario B.K. fue contratado en 2016 como vigilante o portero cuando ya sufría de una distrofia muscular crónica, una enfermedad genética que causa debilidad en los músculos y que empeora con el tiempo. Su jefe sabía que padecía esa dolencia y le hacía realizar tareas observando las cámaras de seguridad.

Al cambiar de jefe, la situación laboral de B.K. empeoró. Pese a su enfermedad motriz, debía realizar largas recorridas para apagar luces de instalaciones universitarias, luego vinieron los cambios de turno sin previo aviso y finalmente gritos y amenazas.

A fines de 2019, el funcionario B.K. inició un trámite en la División Universitaria de la Salud (DUS) de la Universidad de la República para abrir un sumario por aptitud física.

El informe médico de la División Universitaria de la Salud (DUS) de la Universidad de la República estableció que B.K. tiene “una aptitud parcial permanente a causa de patología crónica”. Y agregó que “si la ineptitud es parcial se intentará reubicar al funcionario en tareas que pueda realizar”.

A pesar de haberse delimitado las tareas, el nuevo jefe de B.K. no cumplió. “Una y otra vez incumple indicándome tareas que ponían en riesgo mi condición física”, señaló el funcionario en su demanda presentada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 3er Turno, cuyo titular es el juez Javier Gandini.

Y recordó que el 11 de noviembre de 2021 denunció el caso en la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación (Ucvad) de la Universidad de la República. Dicho organismo, añadió, determinó que se habían configurado situaciones de violencia en el lugar de trabajo.

En la demanda, B.K. dijo que debido a la enfermedad crónica y el maltrato en el trabajo, sufrió cuadros de ansiedad y depresión. Por ello, solicitó a la Justicia de lo Contencioso Administrativo que condene a la Universidad de la República a pagarle una indemnización de $ 1.000.000 por daño moral.

“No hubo daño”

El 21 de marzo de 2023, una abogada de la Universidad de la República contestó el reclamo de B.K. afirmando que este carece de “asidero alguno” por “no existir un obrar u omisión imputable” a la institución pública que “hubiere provocado perjuicio alguno al actor (B.k.)”.

En su defensa, la Universidad de la República afirmó: “Todo lo contrario ha sucedido. Desde su ingreso a la institución, la situación sanitaria del demandante fue tenida en cuenta “ y “a pesar de no haber ingresado al amparo de ninguna norma”.

La casa mayor de estudios expresó, además, que “no existe acoso o persecución de especie alguna” de la que sea víctima B.K. en dependencias de la facultad, sino “todo lo contrario: tanto las autoridades como sus compañeros de trabajo y superiores han sido siempre considerados y contemplativos de su situación”.

Finalmente, la Universidad de la República planteó al juez Gandini que desestime la demanda porque “no existe daño moral alguno” al funcionario demandante.

El fallo

El juez Gandini señaló que B.K. es un trabajador que presenta problemas de salud físicos, ya que cuenta con una distrofia muscular crónica, la cual es una limitante parcial para actividades en su cargo como vigilante y portero de una facultad.

“Debe tenerse presente que las personas con problemas físicos de salud se encuentran en una situación de vulneración y gozan de una protección especial en nuestro ordenamiento jurídico nacional e internacional que los protegen contra todo acto de discriminación”, advirtió el magistrado.

En otro tramo de su sentencia, el juez Gandini dijo que el acoso laboral o este tipo de violencia puede ser ejercida de distintas formas “agrediendo” la integridad física o psicológica de la persona.

El juez sostuvo que el empleador, tanto en la esfera pública (el Estado) como en la privada, incurrió en responsabilidad cuando estando en conocimiento de comportamientos descriptos como “mobbing”, no ejerció su poder para hacer cesar en forma inmediata ese tipo de acoso.

Gandini indicó que resulta “contradictorio” que la Universidad de la República contradiga en el juzgado el acoso sufrido por B.K. cuando sus propios especialistas en el tema “han detectado” situaciones de violencia hacia el demandante.

Por ello, Gandini condenó a la Universidad de la República a pagar a B.K. $ 400.000 por daño moral, más intereses y reajustes desde la fecha de la denuncia.

Acoso laboral o “mobbing”

El psicólogo de la Universidad de Estocolmo (Suecia), Heinz Leyman, fue quien introdujo en la década de los ochenta el concepto de “mobbing” para referirse al acoso en los lugares de trabajo. Se trata de un fenómeno de grupo, recuerda el juez Javier Gandini en su fallo.

El término “mobbing” fue tomado de la ciencia que estudia las causas de las enfermedades. Fue introducido por el austríaco Konrad Lorenz para referirse al comportamiento agresivo de una especie de pájaros contra intrusos.

Además

Tres testimonios de acoso a funcionario

Yolanda F. declaró en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 3er Turno que el demandante “ha tenido varios inconvenientes” en su trabajo en un centro universitario. “Lo sacaron de la cabina (de vigilancia) y lo llevaron a lo que llamamos granja, que es el sector de adelante. El funcionario debe hacer circulación por la zona para apagar luces y marcar puntos. Tiene que pasar por determinados lugares como que hiciera una ronda. Lo hacía pero con dificultades”, expresó. Y agregó que las directivas del nuevo jefe “lo exigieron” y el demandante comenzó a sufrir “trastornos de salud”.

En tanto, Pablo L. fue categórico. “Lo ponían (a trabajar) en lugares que no eran adecuados por sus problemas de motricidad y traslado. Tiene serias dificultades para trasladarse por sí mismo y la caminería no era la adecuada”, señaló ante el juez Javier Gandini. En tanto, Matías A. dijo que el trato entre B.K. y su jefe se habló en asambleas de la facultad. “Se comentó la existencia de algunos altercados y maltratos, tendientes a ser violentos”, dijo. Y agregó: “Hubo un intercambio de mails entre ellos, que se dio a conocer y que era evidente el mal relacionamiento y el maltrato del jefe hacia el funcionario”.

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