El caso de Soledad Barrera, una mujer de 41 años que quedó en coma profundo tras someterse a una operación de rutina en el hospital del SMI, comenzó a investigarse por la Fiscalía, que ya dispuso citaciones para esta semana.

La madre de la víctima, Rosario Barrera, denunció lo ocurrido el 21 de enero pasado en un escrito que presentó su abogado, Diego Bais. En ese documento, en manos de la Fiscalía, la denunciante reclamó que su hija -una mujer “sana” y sin complicaciones médicas que el 25 de octubre tenía programada una operación para quitarse la vesícula- sufrió “lesiones gravísimas”, y dejó abierta la posibilidad de que, en caso de fallecimiento, el delito denunciado pase a ser directamente homicidio.

El fiscal de Flagrancia asignado para esta causa es Fernando Romano, quien se encuentra en plena fase de “recolección de información” en una investigación que en su equipo consideran “muy compleja”, indicaron a El País fuentes judiciales. “Está interesado en que todo salga a la luz y se produzca un resultado positivo”, agregaron los informantes

Los citados lo harán en calidad de testigos, aunque algunos irán con abogados, como por ejemplo el intensivista Gonzalo Solari -coordinador suplente del CTI de la mutualista-, que se presentará ante Romano con la asistencia legal de Jorge Díaz.

Solari ha sido crítico desde el inicio mismo de esta tragedia con el accionar médico dentro de la sala de operaciones y también con la respuesta que ha dado la institución tanto a la madre de la paciente como a la hora de indagar internamente lo ocurrido aquel día de octubre -un reclamo que también ha manifestado la madre de la víctima.

En una misiva que el 21 de diciembre envió al director técnico de la mutualista, el intensivista cuestionó que para ese momento no se haya realizado una “investigación seria” y que la auditoría que se había hecho por esos días no brindara “en absoluto una mínima explicación del infausto desenlace”. Además había cuestionado que “los controles de monitorización de la planilla de anestesia” aparecieran modificados días después de la cirugía, lo cual para él constituía una “adulteración de un documento médico-legal” y una “intromisión inaceptable” en otra unidad hospitalaria.

Romano investiga el caso apoyado por la Dirección General de Hechos Complejos del Ministerio del Interior, que ya anunció a la mutualista -por intermedio de una carta fechada el 26 de marzo, a la que accedió El País- que además de Solari, que comparecerá este martes en Fiscalía, deberán dar su versión de los hechos ante el fiscal otros siete funcionarios.

El mismo martes, luego de Solari, será interrogada una “instrumentista” que participó de la operación, y el miércoles será el turno de una enfermera que “brindó asistencia” durante la operación en cuestión, una auxiliar de enfermería, otra enfermera y el coordinador de la Unidad Neurocrítica.

Aún no hay fechas definidas para el interrogatorio a los que comparecerán en calidad de indagados.

Las fuentes judiciales consultadas indicaron que uno de los identificados como “presuntos imputados” en este caso es la anestesista que actuó en la operación de Soledad -quien de acuerdo a la versión de Solari modificó la planilla de control anestésico de la paciente.

Esta profesional fue señalada por la madre de la víctima -y promotora de la denuncia- en declaraciones a El País semanas atrás.

En una escena que tuvo lugar dentro del mismo centro de salud, a fines de diciembre -cuando Rosario todavía no encontraba respuestas de la institución al drama que estaba viviendo-, la madre de Soledad detuvo a la anestesista cuando la vio a punto de entrar en un ascensor, y la increpó: “Le dije que por qué no se hacía cargo de las cosas, que destrozó la vida de mi hija. Me dijo que ella no había hecho nada, que no había sido problema de la anestesia y ahí culpó al cirujano. Le dije que empezara a rezar, que iba a conocer lo peor de mí”.

Porque aunque esta médica -que fue apartada preventivamente del cargo mientras se esclarece lo que pasó- tiene otra versión de lo ocurrido, tanto para la denunciante como para el propio Solari y otras fuentes médicas consultadas la anestesista tiene al menos algún grado de responsabilidad en lo que sucedió con la paciente.

De hecho, el abogado de Rosario, Diego Bais, dijo a El País días atrás que su intención es que en esta investigación se indaguen “otros eventos que ocurrieron luego de la cirugía”, como la modificación de la ficha de la anestesia.