Caso Penadés: prevén tomar al menos dos declaraciones más y es posible que sumen más cargos contra el exsenador

El paso de los días, para quienes forman parte del denominadocaso Penadés, ahora se hace más intenso. La Fiscalía de Delitos Sexuales que encabeza Alicia Ghione tiene plazo hasta los primeros días de junio —con la opción de pedir una prórroga hasta octubre— para presentar la demanda acusatoria contra el exsenador Gustavo Penadés y el profesor Sebastián Mauvezín. Sin embargo, previo a eso tiene previsto tomar dos declaraciones anticipadas más en sede judicial a nuevas víctimas, otras a testigos en Fiscalía y —eventualmente— incluso sumar más cargos a la imputación del exlegislador del Partido Nacional.

Esto se debe a que si las nuevas víctimas presentaran un relato consistente en su declaración frente a la jueza Marcela Vargas, Ghione debería modificar la imputación que hoy sufre Penadés y sumarle los delitos que correspondan a las nuevas víctimas. Este proceso se atrasó unos días ya que una de las partes había pedido a Vargas que reconsiderara el formato.

La jueza había citado a una audiencia para el martes 1^o de abril a las 11 de la mañana, en la que se convocaba a las partes a debatir sobre si la identidad de las nuevas víctimas debía de ser reservada o no. Pero el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, en línea con la Fiscalía, entendía que ese debate ya se había dado en reiteradas oportunidades y que fue zanjado por el Tribunal de Apelaciones, que en su momento confirmó que la medida era oportuna, según reconstruyó El País.

Por esto, pidieron a la jueza que reconsiderara su posición —a través de un recurso de reposición— y a su vez solicitaron que separen las audiencias en diferentes días. Finalmente, Vargas firmó un decreto en el que se cita a audiencia para el viernes 11 de abril en la que se prevé que se le tome declaración a las víctimas.

Uno de los denunciantes fue mencionada por la fiscal Ghione en la última audiencia pública, que tuvo lugar en febrero, y el segundo se sumó en las últimas semanas. Se les asignó las letras "N" y "O".

Mientras tanto, la fiscal trabaja para poder llegar con la demanda acusatoria lista al plazo previsto legalmente, que es los primeros días de junio. Para ello, le tomó declaración en sede de Fiscalía a varias personas que tiene previsto citar como testigos. Una de las cosas que aún resta definir es si las víctimas mantendrán la reserva de la identidad durante el juicio o no.

Si la Fiscalía creyera que no está en condiciones de presentar la demanda acusatoria en junio, podría pedir una prórroga —cuya aceptación queda sujeta a lo que resuelva la jueza en base a un debate en audiencia— pero el plazo máximo es octubre. La ley prohíbe que la presentación de la demanda acusatoria sea posterior a los dos años de la fecha de la imputación, que en el caso Penadés, se cumplen ese mes.

Los abogados de Penadés, Laura Robatto y Homero Guerrero, presentaron hace más de un mes una denuncia administrativa y penal contra la fiscal del caso, Alicia Ghione. Afirmaron que existen elementos que podrían indicar que Ghione omitió denunciar conductas delictivas de una de las víctimas del caso, Jonathan Mastropierro. Apuntan a videos que aparecen en el celular de Mastropierro y que, sostuvieron, hay que examinar para determinar si él estaba manteniendo relaciones con menores de edad.

Por un lado, el fiscal de Delitos Sexuales Maximiliano Sosa investiga si Mastropierro cometió algún delito de este calibre. Por otro, Diego Pérez, fiscal de Flagrancia, es el encargado de indagar si Ghione incurrió en el ilícito previsto para los funcionarios públicos que omiten denunciar un delito.

La tercera investigación es la administrativa. Allí se busca determinar si la fiscal cometió alguna falta administrativa a la hora de proceder. Si hubiera sospecha de que eso fue así, es potestad de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, determinar si corresponde abrirle un proceso disciplinario (sumario). La consecuencia más grave de un sumario administrativo es la destitución, pero hay sanciones más leves como es incluir una anotación en el legajo de esa persona, la retención de un porcentaje del sueldo por una cantidad determinada de meses, la pérdida del derecho al ascenso por algunos años, entre otras.

Ferrero aguarda por el informe del Departamento de Jurídica para tomar una decisión. La investigación la lleva adelante su directora, Lucía Salvia.