Casa de Galicia: los pagos por los que acusan a Iglesias y porqué él cree que el cierre estaba "preconcebido"

La gestión de Casa de Galicia y su crítico final ya hizo desfilar, durante tres audiencias, a decenas de testigos por el juicio contra el expresidente de la mutualista, Alberto Iglesias. Toda la información aportada sirve de contexto para que la jueza del caso, Diovanet Olivera, conozca al detalle el estado de la institución en el momento en que la Fiscalía sostiene que Iglesias cometió los delitos. Uno de ellos, abordado este martes en el juicio, es el de insolvencia societaria fraudulenta.

Para la Fiscalía —representada en juicio por Gilberto Rodríguez, Gabriela Gómez, Silvia Monzón y Valeria Bovio—, Iglesias, a sabiendas de que pediría el concurso de la institución, ordenó pagos a fin de alterar la masa del concurso. Lo hizo, acusan, a través de un fideicomiso.

Este miércoles declararon cuatro funcionarios de AFISA, la empresa que gestionaba el fideicomiso de administración. Explicaron que Casa de Galicia tenía un negocio por el que vendía servicios a GREMCA. Así, GREMCA les pagaba a través del fideicomiso 150 mil dólares mensuales que se comenzaron a pagar, como estaba estipulado, seis meses luego de haberse comenzado la prestación de servicios.

De esta manera, Casa de Galicia ordenaba al fiduciario (AFISA) que se le pague a diferentes acreedores. Esto lo hacían a través de órdenes irrevocables. El dinero que sobraba luego de haber hecho los pagos, mes a mes, se le reintegraba a la mutualista.

La acusación fiscal apunta a que, a sabiendas de que el 15 de octubre de 2021 Iglesias presentaría el concurso de la institución, en los días previos hizo pagos a través de ese fideicomiso para beneficiar a algunos acreedores sobre otros.

Los testigos indicaron que el 14 de octubre se ordenó el pago US$ 1.650.000 a Juan Carlos Lousada (accionista de Clínica Leborgne), los que se pagarían en 11 cuotas. Un día antes se ordenó el pago de 600 mil dólares (en cuatro cuotas) a Marcelo Bonanata (dueño de Cambistar) y otros US$ 150 mil a Tera S.A. El 15 de octubre, por otra parte, se mandataron otros tres pagos: una cuota de US$ 150 mil a Bioerix S.A, otra de US$ 114.339 a General Electrics y US$ 900 mil (en seis cuotas) a Gladir S.A.

Solo uno de estos pagos —el de Tera— se terminó concretando, puesto que el resto fueron impedidos por la Justicia o no fueron abonados por falta de fondos, salvo uno (General Electrics) que renunció a cobrarlo.

En sus alegatos de apertura, los abogados de Iglesias, Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, argumentaron que el delito que acusa la Fiscalía no se configura, entre otras cosas, porque solo afecta a las empresas y Casa de Galicia era una asociación civil sin fines de lucro. Además de que la mutualista ya era insolvente antes de que Iglesias pretendiera hacer estos pagos, fundamentaron.

Para el fiscal Gilberto Rodríguez, la insolvencia societaria fraudulenta es un delito "de peligro" y aquí se generó. También consideró que aunque tuviera la condición jurídica de asociación civil, tenía actividad empresarial.

Cuando los testigos declaran, Iglesias se inquieta. Durante los primeros días, comparecen los citados por la Fiscalía, esos que, para él, mienten o tergiversan la verdad. Y él quiere exponer por qué. Por ese motivo, en las tres audiencias de juicio que hubo hasta el momento, ya declaró dos veces. De hecho, este martes la jueza Olivera, pidió que se organizara una instancia especial para que él pudiera dar su versión de los hechos.

En su declaración de este miércoles, Iglesias apuntó al exministro de Salud Pública, que había testificado la semana pasada. "El doctor Salinas, que en la apariencia parece muy serio, no es serio cuando intencionadamente, entiendo, se acuerda de algunas cosas, desdibuja otras y se olvida de otras", criticó y refirió específicamente a que el exjerarca había "banalizado" los planes de crecimiento e inversiones que tenía Casa de Galicia.

A su vez, refirió a dos reuniones que dice haber tenido con él. Una, en los últimos días de enero previo a asumir. De esa reunión, aseguró, participó también el futuro viceministro José Luis Satdjian, el presidente de Galicia, el embajador de España, el director de Clínicas Leborgne y el expresidente Julio María Sanguinetti. En esa oportunidad, se firmó la "carta intención" de compra por parte de la mutualista gallega a Clínicas Leborgne.

Esta clínica oncológica finalmente fue adquirida en un 51% por Casa de Galicia y se volvió una cuestión recurrente en el juicio. Entre otros motivos, porque, según los exjerarcas de Salud Pública se debió haber pedido permiso por la magnitud de la inversión y no se hizo. Sobre ese punto, dijo Iglesias este miércoles, el director de Salud les transmitió que había "400 trámites atrasados" y valoró: "Casa de Galicia hizo todos los trámites. Pero los hechos en salud mandan, demandan y exigen que las cosas se tienen que hacer en los tiempos reales. No cuando al burócrata de turno se le ocurre".

La segunda reunión que tuvo con Salinas, advirtió Iglesias, fue el 23 de abril de 2020. En esa ocasión, —siempre según la versión del expresidente— el ministro le pidió que le contara sus planes de inversión al presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis González Machado. Él le preguntó por qué y Salinas le contestó que González Machado tenía una "visión muy negativa de Casa de Galicia, pensaba que era inviable", dijo Iglesias. "Me ayudas a mí, andá a hablar con él", sostuvo que le pidió.

Para el acusado, eso muestra que "la predisposición hacia Casa de Galicia, afectar a Casa de Galicia y lograr lo que lograron estaba preconcebida".