FISCAL PIDE PRISIÓN
El juez penal Nelson dos Santos citó para hoy al dueño de Fripur, Alberto Fernández. El procesamiento del empresario es inminente, según fuentes judiciales.
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Es inminente el procesamiento del empresario y dueño de la pesquera Fripur, Alberto Fernández. El comerciante será citado hoy por el juez penal Nelson Dos Santos. La fiscal del caso, Gabriela Fossati, solicitó el procesamiento con prisión de Fernández por dos delitos específicos a la ley de prenda que tienen características similares al fraude. Ese expediente se inició en 2016 a partir de una denuncia penal del Banco República (BROU).
Fernández no se presentó a varias citaciones realizadas por el magistrado. Primero alegó que se sentía mal desde el punto de vista psiquiátrico por la muerte de uno de sus hermanos y presentó certificados médicos. Luego Fernández no concurrió al Instituto Técnico Forense (ITF) a realizarse una pericia psiquiátrica. Sin embargo, las peritas concurrieron a su domicilio a cumplir con la orden judicial y se entrevistaron el lunes 16 con Fernández.
En la mañana del martes 17, el resultado de la pericia llegó al despacho del juez Dos Santos, señalando que Fernández era una persona capaz y, por lo tanto, podía discernir lo que estaba bien. Es decir, la Justicia podía imputarle un delito.
Dos Santos convocó para hoy a Fernández en calidad de indagado.
El dictamen fiscal.
Fernández vendió 4.700 toneladas de pescado prendadas por el Banco República y el Banco de Previsión Social por montos que superan los US$ 12 millones, señala el dictamen de la fiscal Gabriela Fossati.
Según el expediente judicial, al que accedió El País, ambas instituciones pretendieron ejecutar las prendas tras incumplir Fripur los contratos firmados y descubrieron que gran parte del pescado había desaparecido. La pesquera cerró en 2015.
El dictamen de Fossati insiste en que los hechos que motivaron la investigación se vinculan con dos garantías de prenda sin desplazamiento que contrató Fernández y un familiar en nombre de Fripur con el BROU. Esos documentos fueron firmados el 6 de julio de 2012 por Alberto Fernández y una de sus sobrinas y el otro el 20 de agosto de 2013 por el empresario y su cuñada, por US$ 7.300.000 y por US$ 3.000.000 respectivamente.
Ante el no pago de los créditos, el Banco República inició la ejecución de la prenda en la Justicia. Cuando concurrieron al domicilio de Fripur para efectivizar el embargo y secuestro, detectaron que “gran parte de la mercadería no estaba”, dice la fiscal. Es, agrega, el equivalente a 1.383 toneladas de pescado.
El 25 de noviembre de 2016 se presentó el BPS ante la Justicia denunciando el “faltante de mercadería prendada” a su favor por 3.300 toneladas de pescado. Dicho contrato, según la Fiscalía, garantizaba la suma de US$ 2.500.000 y toda la deuda que contrajera Fripur en el futuro. En ese caso, los contratos con el BPS fueron suscritos por el hermano y la cuñada de Fernández. En el expediente, Alberto Fernández alegó su condición de vendedor de Fripur, que eran su hermano, sobrina y su familia quienes tomaban decisiones de la empresa, que alguna vez concurrió al banco enviado por su hermano, que ignoraba la mercadería que se encontraba prendada, que él solo firmaba lo que se le decía y punto.
Fossati dice que, en el expediente, queda suficientemente probado que Fernández no era un simple vendedor como pretende sino socio fundador, integrante del directorio y vicepresidente del Fripur. “La desaparición de la mercadería (pescado congelado) se produjo porque se vendió, no por la muerte de algunos animales prendados como se alega (en el expediente), por lo que no rige la cláusula 4 del contrato”, dice el pedido de procesamiento de Fossati. La fiscal expresa que Fernández violó el artículo 12 de la ley 17.228 (disposición de bienes prendados) agravado por el monto del perjuicio causado.
A través del trabajo realizado por sus áreas Recuperación y Servicio Jurídico Contencioso, el BROU ha recuperado US$ 21.770.000 de lo adeudado por Fripur. El monto de la deuda con el BROU cuando pasó a ser gestionada por el Área Recuperación en setiembre de 2014 era de US$ 37:000.000 por capital y US$ 2:800.000 por intereses, informó el banco.
Además de la indagatoria del juez Dos Santos, Fripur es investigada por la Justicia Especializada en Crimen Organizado por recibir préstamos del Banco República pese a su mala categoría de deudor. “Durante 10 años, el presidente José Mujica y directores del BROU, actuando por fuera de la ley, otorgaron tratamiento privilegiado a Fripur. Le dieron préstamos millonarios, pese a que el banco había decidido que no era posible otorgarle esos fondos”, dijo el abogado denunciante Gustavo Salle a El País.
No se puede vender cosas prendadas
La fiscal penal Gabriela Fossati dice que el empresario Alberto Fernández violó el artículo 12 de la ley 17.228 (disposición de bienes prendados) especialmente agravado por el monto del perjuicio causado. El artículo 12 de dicha norma expresa: “El dador que disponga de las cosas prendadas en violación a lo dispuesto por el artículo 10 de la presente ley, o que constituya prenda sobre bienes ajenos como propios, o sobre éstos como libres estando gravados, será castigado con una pena de tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”. Si el juez Nelson dos Santos determina que el delito cometido implica pena de penitenciaría, Fernández irá a la cárcel. El defensor de Alberto Fernández es el abogado Alberto Sanes
Wilson Márquez, integrante del sindicato de la pesca (Suntma), hizo referencia el 19 de agosto de 2015 a los préstamos que le dio el Banco República (BROU) a la empresa pesquera. Márquez aseguró que “en Fripur hubo siempre irregularidades de todo tipo”. Y agregó: “El Banco República les prestó, no sé cómo, cuánta plata para que pudieran mejorar las condiciones de la empresa y así poder llegar a más destinos europeos. ¿Pero sabés qué pasó? Se llevaron todo, tanto Máximo como Alberto Fernández para otros emprendimientos relacionados a la energía eólica", dijo el sindicalista.
Los trabajadores fueron al Parlamento a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y allí denunciaron ante los legisladores que los empresarios desviaron los recursos que pedían en el Banco República y otros bancos hacia otros destinos. Eso fue catalogado como “gravísimo” por varios diputados, que anunciaron que citarán a las autoridades del banco estatal para que expliquen los criterios utilizados para otorgar los préstamos y los controles que se realizaron. La deuda total de Fripur es de unos US$ 70 millones, de los cuales US$ 40 millones se los debe al Banco República.