EXPEDIENTE

El dueño de Fripur, Alberto Fernández, siempre estuvo cerca del poder. Intercedió ante Tabaré Vázquez para que le entregara la banda presidencial que luciría José Mujica a partir de 2010. Como Vázquez le señaló que la banda iba a quedar como un recuerdo de su familia, Fernández encargó otra a la Congregación de las Hermanas Oblatas.

Minutos antes de una audiencia judicial, Fernández relató al abogado Gustavo Salle que nunca pagó el costo de la banda presidencial porque no le llegó la factura. El empresario también colocó su avión a disposición de Mujica en varias ocasiones cuando este era presidente de la República.

Fripur cerró en 2015. A partir de ahí, Fernández debió atender varios “frentes”. Concurrir a una comisión investigadora del Parlamento sobre la financiación de las campañas de los partidos políticos a explicar sus acciones hacia el Frente Amplio. Además, la Justicia Especializada en Crimen Organizado investiga los préstamos millonarios que el Banco República otorgó a la pesquera pese a que esta no tenía suficientes garantías.

El 21 de junio de 2019, la jueza civil de 18° Turno, Estela Jubette, falló que el empresario incurrió en una eventual simulación al ocultar a sus acreedores una mansión mediante el uso de la sociedad anónima Metaxa. El Banco República le reclama una deuda de US$ 50 millones, intereses incluidos.

En las últimas hojas del expediente del Juzgado Civil de 18° Turno -donde se tramita el caso de la mansión- se encuentra una copia de una carta enviada a la Justicia por la fiscal Gabriela Fossati, que investiga una denuncia del Banco República contra Alberto Fernández y otros dueños de Fripur.

La misiva, fechada el 23 de agosto de este año, solicita a la Justicia que intime al representante de la entidad bancaria a que le presente una copia de los trámites judiciales que “le siguiera a Alberto Fernández”. Es decir, Fossati investigará un eventual delito de simulación para ocultar un bien de una ejecución judicial.

La fiscal solicitó a la Justicia que se interrogue al Banco República sobre el faltante de varias toneladas de pescado congelado que Alberto y Máximo Fernández, hoy fallecido, presentaron en calidad de prenda de un préstamo. Cuando el Banco República fue a ejecutar esa mercadería, la misma no estaba. “Son muchas toneladas de pescado congelado que faltan”, dijo a El País una fuente de la investigación.

En tercer lugar, Fossati pidió a la Justicia que envíe oficio al Banco de Previsión Social para que informe si, al momento actual, Alberto Fernández y familiares mantienen deudas y si han suscrito convenios de pago por las mismas.

Según la fuente, hay una denuncia del BPS sobre el faltante de otra carga de varias toneladas de pescado congelado, la que habría sido puesta como garantía de pago.

El 5 de septiembre pasado, el Banco República presentó un escrito ante la jueza Jubette solicitando que un apoderado suyo retirase el expediente relacionado a la mansión de Carrasco para hacerle una copia.

En el escrito señala que el BROU tramita ante el Juzgado Penal de 22° Turno una denuncia por “desaparición de mercadería prendada”.

El 21 de junio de este año, la jueza Jubette falló que una mansión de Carrasco, valorada en más de US$ 1, 5 millones, pertenece a Fernández, y no es propiedad de la sociedad Metaxa, cuya directora es la exesposa del empresario.

La magistrada hizo lugar al planteo del Banco República sobre que dicha sociedad anónima era una “pantalla” para quitar esa residencia de la acción judicial iniciada por la institución financiera para cobrar lo que le adeuda Fernández.

Fernández y su exesposa apelaron el fallo de la jueza Jubette, alegando que el empresario alquilaba esa casona y desde hace tiempo no era el propietario de la misma. El expediente será trasladado mañana a un Tribunal de Apelaciones.

En su recurso de apelación, Fernández dijo que la sentencia de la magistrada “es ajustada al “clamor” de “justicia” de algunos medios periodísticos y grupos de interés” que persiguen su condena. Y advierte que la sentencia “lejos está de ser justa y ajustarse a la verdad y ser justa jurídicamente para beneficiar al Banco República. Del que recién fui deudor en 2010”.

Señala que el Juzgado tiene “prueba fehaciente” de que no es propietario del inmueble de Carrasco y de que nunca lo fue. Sin embargo, agrega, la Justicia “lo imputa a mi patrimonio, por haber dado por probado que usé una sociedad (Metaxa), que también quedó probado que no es de mi propiedad y nunca la utilicé”, dice Fernández en el escrito.

Considera que el fallo viola artículos del Código General del Proceso porque no hay pruebas fehacientes de que fue propietario del bien inmueble o que usó la sociedad Metaxa para esconderlo (fraude) y no pagar un crédito incumplido desde el 2015.

El fallo, dice, “deduce de ciertos hechos ciertos (que), absurdamente, se dan otros. Por ejemplo, que me puse como director de la sociedad (Metaxa), en fecha bien cerca de la exigibilidad del crédito, seguramente fue para esconderme y esconder del BROU y con ello esconder el bien (la mansión). Absurdo”, dice Fernández en el escrito.

Y agrega: “Es absurdo (decir) que yo pagaba un arriendo menor al que debía, así ahorraba por mes más o menos $ 37.000 para no pagarle al BROU US$ 39 millones”.

Advierte: “Las conclusiones a las que arribó la sede (jueza Jubette) a través de método crítico y lógico, son absolutamente erróneas”,

Fernández sostiene que no existe prueba del ocultamiento de la mansión invocada por el Banco República.

“Quedó probado que no participé en la compra de la sociedad anónima Metaxa (documentalmente y testimonialmente). Y también que quedó probado, que mi exesposa comprara la sociedad Metaxa para transferir el bien (la mansión), que siempre fue de su propiedad, a dicha S.A. para dirimir un problema familiar respecto al porcentaje de titularidad en el bien”, remarca.

Sin embargo, agrega, “la sentencia dice que sí la compré (la sociedad anónima) para poner un bien que era mi propiedad, sin prueba eficaz de esto, violando la valoración de la prueba documental aportada a la causa (escrituras públicas e informes de organismos públicos y testimonial)”.

En su escrito, el BROU insistió en que Fernández incumplió con obligaciones contraídas a través de contratos de préstamos y para evitar la ejecución de la mansión, utilizó en forma “fraudulenta” una sociedad anónima. Y pidió al Tribunal de Apelaciones que confirme el fallo de la jueza Jubette.