La Fiscalía Departamental de Rivera especializada en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual imputó a un funcionario policial y su hermano por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, grooming (engaño de un adulto en redes sociales haciéndose pasar por menor de edad), violencia doméstica y lesiones. Ambos fueron enviados 90 días a prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Según detalló la Fiscalía, uno de los hombres cometió “reiterados delitos de ejercer influencia o contactar, por medios electrónicos, personas menores de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlos a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad”.
Además de la medida cautelar, ambos fueron suspendidos de la patria potestad e inhabilitados de ejercer funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud, y todas aquellas que impliquen trato directo con niños, niñas o adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.
La defensa de los imputados apeló el fallo.
Masacre de Maracaná: Fiscalía expuso las pruebas contra tres acusados
Por otro lado, a más de dos años de la masacre del barrio Maracaná, la causa contra tres de los acusados de participar directamente en la balacera comenzó este jueves una etapa clave antes del juicio oral. Fiscalía expuso parte de las pruebas con las que pretende demostrar que integraron el grupo que disparó unas 150 veces contra una vivienda y mató a cuatro personas.
El equipo fiscal solicitó 30 años de penitenciaría y otros 15 años de medidas de seguridad eliminativas para cada uno de los imputados. Se trata del máximo permitido por la ley.
Según la reconstrucción presentada por Fiscalía, un grupo de hombres fuertemente armados se dirigió hacia la vivienda objetivo. Entre ellos, Fiscalía ubicó a los imputados apodados “Zeta”, “Ander” y "Marquitos", además de otras personas que no han sido identificadas. Sostuvo que llevaron al menos diez armas y realizaron unos 150 disparos de alto calibre contra quienes se encontraban en el lugar.
La acusación plantea que el ataque fue planificado y que quienes participaron recibieron apoyo logístico de otros integrantes del grupo. Dos de ellos, conocidos como “Moski” y “Mano”, ya fueron condenados por asociación para delinquir.
De acuerdo con la exposición fiscal, ambos participaron de conversaciones vinculadas a la organización y logística previa al crimen y mantuvieron comunicaciones con el imputado apodado “Zeta”.
La hipótesis fiscal coloca la masacre dentro del enfrentamiento entre dos grupos rivales que operaban en la zona.
Según fue planteado durante la audiencia, las víctimas estaban vinculadas a una boca de venta de drogas, mientras que el grupo al que pertenecían los atacantes manejaba importantes sumas de dinero y tenía acceso a armamento de alto poder.
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