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DANIEL ISGLEAS Y VALERIA GIL

La mayoría del Frente Amplio ve con buenos ojos una mayor participación del Estado en el proyecto minero, tal como planteó el Partido Nacional. La empresa mantendrá silencio mientras no se formalice el proyecto; considera que el tema se politizó.

La propuesta que hizo el diputado José Carlos Cardoso (Unidad Nacional) al presidente José Mujica, para nacionalizar la explotación de hierro, abrió un debate público sobre el grado de participación del Estado en el negocio minero.

Según las condiciones actuales de explotación, el Estado podría percibir hasta US$ 300 millones anuales, mientras que la empresa obtendría una ganancia de US$ 1.300 millones, de acuerdo con las previsiones que hace el diputado nacionalista. Así, los montos que percibiría el Estado por la explotación de hierro son considerados insuficientes por el oficialismo como por la oposición.

En línea con la idea de Cardoso, el diputado Juan Carlos Souza (CAP-L) dijo a El País que su sector está de acuerdo con la "nacionalización" del hierro. Esta postura fue adelantada días atrás por el ministro de Defensa y principal referente de ese grupo político, Eleuterio Fernández Huidobro.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), sector mayoritario dentro de la coalición de izquierda, considera que se debe diversificar la matriz productiva a través de la explotación de hierro. "Se debe lograr la mayor participación del Estado, y cuanto más se logre, mejor", dijo a El País el diputado Esteban Pérez.

"No estamos casados con ninguna empresa; el tema es que quede la mayor parte del hierro en manos del Estado y esto nosotros ya lo habíamos planteado antes de que lo hiciera el Partido Nacional", agregó Pérez. El sector quiere que el mineral sea procesado en países de la región y pretende usar las ganancias que se obtengan para obras de infraestructura.

Por su parte, el diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay) evitó hacer comentarios específicos sobre la propuesta de Cardoso. Sin embargo, opinó que "cualquier proyecto que apunte a la posibilidad de obtener más recursos para el Estado debe ser escuchada".

También el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) explicó que "lo que está planteado como ganancia es poco en comparación al volumen previsto del negocio, por lo que debería buscarse un mecanismo para que los que extraigan el hierro dejen más al país".

En tanto, la lista 79 del Frente Amplio en Cerro Largo se pronunció a favor de la nacionalización del hierro. En una nota redactada por el sector se elogió "la valentía estratégica de Cardoso, de no resignarse a la pretensión del imperio". Asimismo, el Partido Comunista fijará en la reunión del Ejecutivo de esta noche su postura respecto al proyecto de Aratirí.

Mientras se sustancia toda la discusión política, la empresa ha decidido mantenerse en silencio y no hacer comentarios al respecto de la iniciativa de Cardoso, hasta no recibir una comunicación oficial de parte del Poder Ejecutivo.

OPOSICIón. En el Partido Nacional hay diferentes posiciones, lo cual impide por ahora la toma de una decisión definitiva a favor o en contra de esta inversión.

Ello quedó reflejado en la reunión de su Directorio donde se analizó el tema. Hay posturas políticas encontradas, y se han sumado al debate interno el intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez -quien reclama que los cinco intendentes blancos de los departamentos involucrados en la explotación (Lavalleja, Cerro Largo, Durazno, Florida y Treinta y Tres) participen en la definición del posicionamiento partidario porque reconoce que el partido afronta una "encrucijada compleja"- y el presidente de la Convención Nacional blanca, Alejo Umpiérrez, quien pide una mayor participación para el Estado que la prevista, hasta lograr el 50% de las utilidades de la explotación.

Tras una extensa sesión donde el diputado Cardoso explicó su idea de la estatización de la producción del hierro que extraiga Aratirí, quedaron expuestas las diferencias políticas internas. Por eso, el Directorio integrará una comisión política y técnica que analice el tema y elabore una propuesta para el colectivo partidario.

Entre los insumos manejados en la reunión de ayer figuran una carta del intendente Sánchez que pide que el partido "no se apresure a tomar una opinión formal definitiva" sobre el emprendimiento.

Sánchez sugirió al Directorio partidario tres medidas: la primera es que el cuerpo dialogue en Cerro Chato con los productores involucrados; que en la comisión que se acordó crear participen los cinco intendentes blancos de la zona involucrada (Sergio Botana, de Cerro Largo; Carlos Enciso, de Florida; Adriana Peña, de Lavalleja; Benjamín Irrazábal, de Durazno, y el propio Sánchez); y la tercera propuesta es que se pida al gobierno nacional la mayor participación posible en las etapas previas a la adopción de las medidas aprobatorias del proyecto, a cualquier nivel de decisión del Poder Ejecutivo.

Otro de los elementos analizados fue una nota del presidente de la Convención Nacional blanca, el dirigente rochense Umpiérrez, quien sostuvo que "la explotación deberá correr a manos de privados pero estos como concesionarios de un bien público donde contractualmente se fijarán las utilidades a repartir, marco donde el fifty-fifty (50% - 50%) va ganando espacio, alejado de aquel colonial canon de un 5% inicialmente fijado por este gobierno".

En la reunión, el diputado Cardoso precisó el alcance de su iniciativa, aclarando que no se trata de una "estatización" sino de una "nacionalización del recurso" bajo la explotación privada. Dijo que el Estado sería el dueño de la mayoría accionaria.

A su vez, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, se alineó con la tesis sustentada por el catedrático nacionalista y ex ministro Juan Andrés Ramírez, quien participó en la redacción del Código de Minería, en cuanto a que es conveniente mejorar las condiciones de la negociación con Aratirí.

El senador de Unidad Nacional Gustavo Penadés se pronunció a favor de crear la comisión para acordar una postura partidaria, en tanto su colega de Alianza Nacional Eber Da Rosa valoró la propuesta de Cardoso porque dijo que generó una discusión en la opinión pública que antes no existía, según dijeron a El País participantes del encuentro.

En tanto, desde el Partido Colorado se manifestó coincidencia respecto a que el Estado debe obtener más ganancias en el marco de la explotación minera.

El diputado Walter Verri (Vamos Uruguay) dijo a El País que la forma de obtener más ganancias se debe buscar por el lado impositivo y no por medio de la creación de una nueva estructura estatal que se encargue de la explotación del mineral.

Según el diputado, "Australia, un país minero por excelencia, creó un impuesto a las superganancias que se aplicará al 50% de las ganancias, esa es una forma de coparticipar del negocio".

El proyecto Aratirí plantea una inversión de US$ 3.000 millones, la explotación de cinco yacimientos de hierro de alta calidad en Maidana y Las Palmas (por 20 a 25 años) y Uría, Morochos y Mulero; y la construcción de una terminal portuaria de uso exclusivo con mineroducto.

El área minera más grande será Uría. Tiene tres kilómetros de largo, 600 metros de ancho y 350 de profundidad. Está en un ex campamento de exploración que la ONU realizó en la década del 70. Entonces, también se detectó la presencia de hierro.

En las primeras prospecciones y exploraciones se reveló el hallazgo comprobado de 2.100 millones de toneladas de hierro. Los geólogos estiman que el área tiene un potencial de 5.000 millones de toneladas.

Cada tres toneladas de extracción se obtiene una tonelada de hierro. La empresa pronostica la exportación de 1.800 toneladas anuales.