Ocho de cada diez son encerrados tras la audiencia preliminar.

De diez adolescentes que llegaron a las sedes judiciales en Montevideo, entre fines de 2004 y 2013, tan solo dos no fueron privados de su libertad —ya sea con internación provisoria o arresto domiciliario. Desde la óptica de los jueces, por tanto, el 80% de esta población juvenil representa un riesgo para la sociedad, o para el cumplimiento del proceso judicial, y se opta por el encierro.

Entre quienes quedaron "libres" tras la audiencia preliminar, a la mayoría (16%) se los obliga a presentarse ante el tribunal u otra autoridad, constató el Análisis de las prácticas judiciales en Montevideo que realizó Unicef y la Fundación Justicia y Derecho.

La privación de liberad afecta a más de la mitad de los adolescentes en infracción con la ley incluso en las audiencias finales, cuando el juez dispone las medidas socioeducativas. El 52,6% termina recluido.

El uso de esta medida por parte de los jueces fue creciendo con el correr de los años, señala el informe. En 2005 la pena alcanzaba al 41,4% de los adolescentes. Nueve años después, había trepado al 60%; hubo un aumento del 20%.

De los menores de 18 años que son encerrados, seis de cada diez es privado de la libertad por más de un año (léase el 6% de su vida en el mejor de los casos).

En los nueve años que comprende el estudio de Unicef y Fundación Justicia y Derecho sobre las prácticas judiciales en adolescentes en Uruguay, la proporción se mantiene: una mujer comete un delito por cada diez varones. Pero entre ellas hay algunas particularidades. Tienen más delitos asociados a estupefacientes, suelen delinquir en grupo y usan en menor medida armas de fuego.

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