Argentina: juez confirmó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y deberá usar tobillera electrónica

Lo definió el juez Jorge Gorini, a contramano del dictamen de los fiscales, que pedían que la expresidenta cumpliera la pena en una cárcel.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sonríe a sus simpatizantes en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires el 10 de junio de 2025.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su residencia en Buenos Aires el 11 de junio de 2025.
Foto: AFP

El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) decidió otorgarle la prisión domiciliaria a la expresidenta argentina Cristina Kirchner, que no deberá presentarse mañana en Comodoro Py. La decisión del tribunal presidido por el juez Jorge Goriini, que impone el uso de la tobillera electrónica a la expresidenta, fue contraria al planteo que habían realizado hoy los fiscales del juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes sostuvieron que Cristina Kirchner debe cumplir en prisión la condena a seis años por la causa Vialidad.

Para evitar que Cristina Kirchner encabece mañana la marcha organizada por el kirchnerismo a Comodoro Py, el tribunal decidió notificarla de su detención a través de su abogado, Alberto Beraldi, y de la comisaría federal del barrio.

“No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”, habían planteado los fiscales al tribunal integrado por Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

“En particular, no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”, argumentaron Luciani y Mola.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner mira a sus partidarios en el balcón de su casa en Buenos Aires.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner mira a sus partidarios en el balcón de su casa en Buenos Aires.
Foto: AFP

Además, los fiscales pidieron que, en caso de que el juez rechace su dictamen, que no es vinculante, la expresidenta sí utilice una tobillera electrónica, a contramano del pedido de su abogado defensor, Alberto Beraldi, que dijo que ese monitoreo era “innecesario”. En esa línea, los fiscales desecharon que el uso de la tobillera sea una “dilapidación de los escasos recursos” del Estado, tal como argumentó Beraldi en un escrito. El tribunal sí acogió esta parte del planteo de los fiscales.

Los representantes del Ministerio Público apoyaron su postura en el artículo 10 del Código Penal argentino que dice que los jueces “podrán” conceder el beneficio cuando el condenado supere los 70 años de edad, por lo que no están necesariamente obligados a otorgarla.

También mencionaron fallos de la Cámara de Casación en ese sentido y el resultado del estudio socioambiental ordenado por el juez Gorini para saber si el domicilio elegido por la expresidenta -sobre la calle San José en el barrio de Constitución- cumple con los requisitos para poder transitar allí la pena. Durante esa evalución, Cristina Kirchner sostuvo encontrarse en un buen estado de salud en general, aseguran los fiscales.

“En suma, la ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario. En primer lugar, constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión. En segundo lugar, no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de uno de los supuestos previstos en las disposiciones citadas”, afirmaron los fiscales.

“La defensa no ha demostrado que, ni se advierte -insistieron- que la privación de libertad en el establecimiento carcelario suponga, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal de la peticionante”.

Además, se opusieron a que sea la custodia asignada a la expresidenta la encargada de garantizar la ejecución de la pena, tal como pidió la defensa, por “carecer de la preparación” necesaria, dijeron. “Esos agentes son policías –custodios personales- mas no personal penitenciario o especializado en la materia, ni tienen a cargo ese deber”, dice el escrito.

Los fiscales resolvieron tal como se esperaba. Habían anticipado su postura al pedir la “detención inmediata” de la expresidenta después del fallo de la Corte, el pasado martes, que dejó firme la condena a 6 años de prisión por fraude al Estado.

La defensa de Cristina Kirchner había solicitado la prisión domiciliaria en razón de la edad -la expresidenta tiene 72 años- y el ataque que sufrió en setiembre de 2022 en la puerta de su casa en Recoleta. Argumentos que hoy desecharon los fiscales, pero que quedarán bajo estudio del juez Gorini y sus colegas Andrés Basso y Rodrigo Gímenez Uriburu.

Comenzó el despliegue de fuerzas de seguridad en Comodoro Py por la movilización del PJ en apoyo a Cristina Kirchner.
Fuerzas de seguridad en Comodoro Py, sede del Poder Judicial argentino.
Foto: La Nación (GDA)

Los jueces del tribunal, como se preveía, se inclinaron por darle a la expresidenta el beneficio de la prisión domiciliaria.

Detrás de la decisión del tribunal aparece la presión planteada por el Partido Justicialista (PJ), La Cámpora, sindicatos y organizaciones sociales, que organizan para mañana una movilización a los tribunales para acompañar a la expresidenta.

Comodoro Py atravesó horas inquietas desde que el martes pasado, cuando la Corte falló en contra de Cristina Kirchner. Durante la mañana de este martes se había puesto en marcha el operativo de seguridad para recibir a Cristina Kirchner en los tribunales de Retiro, junto a una eventual gran movilización.

En Comodoro Py hay mayor presencia policial en la zona, algunos ingresos habitualmente abiertos permanecen cerrados, y solo los empleados judiciales pueden transitar y permanecer en el hall del sexto piso del edificio, donde está el TOF 2. Se espera que, de haber mañana una gran convocatoria, muchos empleados judiciales no se presenten a trabajar.

Federico González del Solar, La Nación/GDA

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