OPINIÓN

Más que siglas: BPC, IPC, IMS, SMN

Con la enmienda constitucional, los pasivos pasaron a ser partícipes de la productividad de los activos y sus socios en los auges y crisis que deban transitar.

Foto: Darwin Borrelli
Foto: Darwin Borrelli

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Cuando se supo que este año, por primera vez desde la creación del IRPF, la BPC se ajustaría por el IMS y no por el IPC, desde la oposición se puso el grito en el cielo como si se tratara de un atropello a los contribuyentes. La medida no cambia per se el número de contribuyentes ni la magnitud del impuesto, pero si se hubiera aplicado el ajuste de la BPC por el IPC, sí habría dado lugar a menos contribuyentes y menos montos del impuesto. Cuando el salario real subía, la actual oposición, entonces en el gobierno, ajustaba la BPC por el IPC y cada año se sumaban nuevos contribuyentes al IRPF. Ahora que el salario real cae, el actual gobierno evita perder algunos de ellos. Ambos, cada uno a su tiempo, usó la regla que más le convino a los efectos de maximizar la recaudación. Dicho sea de paso, la magnitud del tema, hablando en plata, es mínima, y no justifica la reacción destemplada de la oposición, en su campaña de “asuste con el ajuste”. Llamar “ajuste” a esto es un disparate, y más aún en boca de opositores con título de economista. Si hay algo que este gobierno no ha hecho todavía (y espero que en algún momento lo haga) es ajustar las cuentas públicas. Pero vayamos a algo más importante y recordemos algunos aspectos históricos de las siglas señaladas en el título.

La BPC nace al final del gobierno de Jorge Batlle con el propósito de remplazar al SMN como indexador de múltiples variables con impacto fiscal. De hecho, el SMN era deliberadamente rezagado a efectos de coadyuvar a las cuentas públicas al ajustarse periódicamente por él, numerosas variables relevantes para el gasto público, como topes jubilatorios, asignaciones familiares, etc. De ese modo, el SMN se había vuelto una cifra ridícula y había perdido la función propia de su naturaleza, más allá de su discutible sentido económico.

Obsérvese que, entre diciembre de 1984 y diciembre de 2004, el IMS subió 210% más que el SMN. Y tomo como punto de partida del cálculo al final de la dictadura, porque hasta entonces todos los salarios subían por decreto y en magnitudes parecidas. Ya desligado del rol indexador, entre diciembre de 2004 y diciembre de 2020, el SMN subió 140% más que el IMS. El puntapié inicial de la corrección del SMN lo dio el propio Batlle en enero de 2005, con un aumento del 56,5%.

Veamos ahora otro tema histórico con actualidad: la discrecionalidad del Ejecutivo para optar entre el IPC y el IMS (hoy para ajustar la BPC) ya existía desde tiempo inmemorial para el ajuste anual de las pasividades y cesó con la vigencia de la reforma introducida por plebiscito en noviembre de 1989, cuando la indexación adquirió rango constitucional y se optó para ella por el IMS.

Antes de esa reforma, el Ejecutivo usaba esa discrecionalidad con propósito fiscal, además de diferir para abril del año siguiente, el grueso de la revaluación anual de las pasividades, la que recibía, antes de ello, un par de magros adelantos a cuenta. Por lo que la pasividad “efectiva”, terminaba siendo notoriamente devaluada por la vía administrativa.

Esa situación llevó a los pasivos a movilizarse y proponer en plebiscito una reforma constitucional por la cual las pasividades se ajustarían, desde el año siguiente, en las mismas oportunidades que los salarios públicos y según la variación del IMS desde el ajuste anterior (luego, por ley interpretativa, se lo sustituyó por el IMSN).

La superposición de ajustes por las dos reglas que se dio en 1990 (que redujo la “memoria” de la regla de indexación) dio lugar a un aumento del gasto en pasividades de 2% del PIB, en escalón, por una sola vez. Ese cálculo fue realizado considerando inflación constante, porque en los 90 (cuando la inflación pasó de 89% en 1989 a 4% en 1999) las pasividades también subieron en términos reales, por la caída de la inflación.

Con la reforma constitucional se puso fin a la discrecionalidad administrativa pero se entró en otros problemas: por un lado, se dio rango constitucional a una regla de ajuste de un precio, lo que no es propio de las constituciones; por otro lado, se le dio la rigidez propia de incluirla en la Carta, por lo que esto ha pasado a ser un dato inmodificable, lo cual es muy relevante cuando se está discutiendo una nueva reforma del sistema previsional; por último, se optó por el IMS y no por el IPC como indexador de las pasividades.

Imagino que quienes redactaron el proyecto de enmienda constitucional optaron por el IMS dado que es evidente que tendencialmente sube más que el IPC. Una economía que crece entre 2% y 3% y en la que la PEA sube menos de 1% da lugar, previsiblemente, a un aumento tendencial del salario real del orden de 1,5%. Pero esto, que es cierto para el promedio y en el largo plazo, no tiene en cuenta que en el promedio se ahogan los enanos y ni que en el largo plazo estaremos todos muertos. Por ejemplo, quien se jubiló en 2001, se “comió” en su jubilación el desplome del salario real de 2002.

En definitiva, con esa enmienda los pasivos pasaron a ser partícipes de la productividad de los activos y sus socios en los auges y en las crisis que ellos deban transitar. Para los pasivos, la canasta relevante de consumo está regida por el IPC. Al ligar sus ingresos al IMS, se está especulando en la medida en que sus ingresos y sus gastos están en diferentes monedas.

En materia fiscal, mientras tanto, la regla ayuda en el corto plazo (si hay crisis, caen salarios y también pasividades) pero complica las cosas en el largo plazo.

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