OPINIÓN

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Desde que se conocieron los lineamientos de las políticas macroeconómicas que seguiría la nueva administración de gobierno, se supo que su objetivo principal era la recuperación del empleo y que, no obstante el alto déficit financiero del sector público, para cumplir con ese propósito y mejorar también el resultado de las cuentas públicas, la política fiscal no incluiría aumento de la presión impositiva.

La visión tras la decisión de no aumentar la presión tributaria es que el aumento marginal de la recaudación que se lograría y que permitiría aumentar el gasto fiscal es menos expansivo y crea menos empleos que dejar ese aumento de la recaudación impositiva en el sector privado.

Mientas lo que se recauda por más, o por aumento de tributos, llega a la etapa del gasto —cualquiera sea su destino—, hay costo de transacciones e ineficiencias que reducen su eficacia frente a la del gasto privado.

Antecedentes

La decisión de no aumentar la presión tributaria para mejorar el empleo se ha ratificado de forma verbal y en la práctica, no obstante la contracción de la ocupación de trabajadores que ha provocado la pandemia del virus de Wuhan. Las personas ocupadas hace un año, en febrero —el mes previo al de la asunción del nuevo gobierno— eran 1.629.396 y en diciembre, de acuerdo con el último dato del INE que se conociera la semana pasada, eran 1.585.512, es decir, 43.884 trabajadores menos.

El empleo ya venía en una tendencia declinante desde 2013: desde entonces hasta febrero 2020, la disminución había sido de 104.004 personas. La pandemia del coronavirus agravó la situación y la tasa de empleo que informa el INE, que en 2013 era del orden de 60% de la población en edad de trabajar —mayores de 14 años— y que había declinado a 56,4% hasta febrero de 2020, al cabo de los diez meses siguientes bajó a 54,9% de la población en edad de trabajar, aproximadamente 2.88 millones de personas.

También el desempleo ha empeorado desde 2013. La tasa de paro forzoso aumentó de 6,6% de la población económicamente activa —suma de las personas que desean trabajar y están buscando trabajo más las personas que tienen trabajo— en promedio en aquel año, a 10,5% en diciembre pasado, lo que implica que hay 186.000 personas desocupadas. Además, hacia fin de año, aproximadamente 77.363 trabajadores se encontraban en seguro de paro.

El empleo de trabajadores y el desempleo de personas reflejan una situación del mercado laboral que no ha mejorado, al cabo de casi un año de funcionamiento de una nueva administración de gobierno, aunque debe señalarse que un factor exógeno —la pandemia—, ha sido el responsable absoluto de la situación. Dudo que alguien tenga una opinión contraria.

El futuro

La contracción del empleo y el aumento del desempleo han tenido varias causas, impuestas por la tendencia declinante de más de siete años que comenté y que el coronavirus agravó.

Entre las otras causas que ya imponían la tendencia declinante desde 2013 y que habría sido sensiblemente más pronunciada de no haber ocurrido un incremento significativo el empleo en sector público, se debe destacar a la disociación que ha habido entre la evolución de los salarios y el valor de la productividad de los trabajadores.

Los ajustes por indexación a la inflación no constituyen un criterio que refleje ni la situación de las empresas ni la de los propios trabajadores. La indexación salarial de acuerdo con la inflación pasada o proyectada no refleja las características del mercado laboral: ni los determinantes de la demanda por trabajadores ni los de la oferta de trabajo por los trabajadores. El criterio de la indexación y la negación del criterio de los ajustes de acuerdo con el valor de la productividad del trabajo han sido y siguen siendo, razón importante de la tendencia declinante del empleo y del aumento del paro forzoso.

En las condiciones actuales del mercado laboral, fuertemente castigado por la pandemia, es muy difícil pensar que sea posible que se den aumentos de salarios en general sin que haya efectos negativos sobre el empleo. Porque también por el lado de los resultados de las empresas la capacidad de responder a esos aumentos es sumamente limitada.

Pero si se deben descartar ajustes salariales que no respondan a la oferta y a la demanda por los servicios del trabajo para evitar un mayor desempleo, también es cierto que el objetivo de la política macroeconómica —aumentar el empleo—, debe lograrse con una combinación de políticas que, con las restricciones que impone la pandemia y las restricciones presupuestales, apunten al aumento de la producción y la ocupación, minimizando el impacto bajista sobre los salarios.

Si bien se han tomado medidas fiscales —tributarias y de manejo del gasto público— enfocadas a apoyar a la producción a pesar de la restricción presupuestal que se vive, es con los cambios introducidos en la política monetaria que se tendrían efectos más importantes sobre el empleo, ya que pone ahora mayor énfasis en reactivar a la economía que a frenar a la inflación.

El cambio de objetivos se ve en la reducción significativa de las tasas de interés y de los encajes bancarios, que aumentan la liquidez del sistema bancario: estimula a nivel privado la oferta de crédito y la demanda por crédito de naturaleza general, hipotecaria y para obras de infraestructura, con o sin el respaldo de fideicomisos.

Al margen del financiamiento público de obras privadas que implica la política fiscal en ejecución, es el financiamiento privado como consecuencia de la política monetaria actual, lo que más puede ayudar a la paulatina recuperación del gasto en la economía, al aumento de la producción y al de la ocupación.