Escribo esta columna sin conocer quién será el próximo presidente de Uruguay. Pero las perspectivas económicas para 2025 parecen incondicionales a eso, más definidas por ciertos aspectos estructurales, el contexto externo y las condicionalidades iniciales para las políticas macro. Además, la convergencia de los grandes bloques hacia el centro político y las tradicionales señales constructivas al inicio de todo gobierno tenderían a mantener el clima de negocios en los trimestres venideros.

No ha habido en las últimas semanas, ni se espera para las que vienen, grandes sobresaltos en los mercados que pudieran modificar mucho las condiciones financieras predeterminadas y alterar las perspectivas económicas para 2025. Los precios de los activos descuentan esencialmente continuidad de las políticas públicas con algunos cambios, pero al ritmo (lento) uruguayo. Esa ha sido la tónica de los últimos 20 años.

En este caso, si bien el tipo de cambio ha venido subiendo durante el último año, eso ha estado básicamente determinado por el fortalecimiento global del dólar. El spread soberano (“riesgo país”) subió algo desde el mínimo histórico que alcanzó hacia fines de 2023, pero sigue siendo el más bajo de la región, cerca de los 80 puntos básicos. Adicionalmente, después de los efectos asociados al desenlace del plebiscito de la seguridad social y al alza de las tasas de interés de Estados Unidos, los precios de los bonos uruguayos en pesos se han mantenido relativamente estables durante las últimas semanas. Es cierto que las condiciones financieras seguirían siendo restrictivas, pero sobre todo por los determinantes globales, más que locales.

Por su parte, en el corto plazo, el bajo crecimiento potencial de la economía uruguaya no va a cambiar, más allá de las aspiraciones planteadas en la campaña electoral. Tampoco parece que vayan a adoptarse grandes reformas o medidas en esa dirección al inicio del nuevo gobierno, considerando otras urgencias, la necesidad de acuerdos por falta de mayoría parlamentaria y la propia lentitud legislativa de Uruguay. En todo caso, si hubiera eventualmente alguna rápida reforma para aumentar el crecimiento potencial, sus efectos no se reflejarían en 2025.

Por eso, para el desempeño de la actividad durante el próximo año y de la economía en general, lo decisivo será la evolución del entorno externo. Hacia el resto de la década pesarían más las políticas que vaya adoptando el nuevo gobierno, pero no necesariamente en los próximos trimestres. Las primeras señales sobre la gobernabilidad, el tono de las negociaciones políticas iniciales y las leyes que pudieran aprobarse, sobre todo para el Presupuesto del próximo quinquenio, influirían recién a partir de 2026.

Desde el contexto externo, en tanto, las perspectivas asoman más bien pesimistas, salvo por cierto viento a favor desde Argentina. Ya argumenté detalladamente en la columna de la semana anterior respecto al viento en contra desde el entorno extrarregional. Con el triunfo de Trump, parecen confirmarse las expectativas de bajo crecimiento para la economía mundial, con mayor fortaleza relativa de Estados Unidos y el dólar, menores precios de commodities, tasas de interés altas por más tiempo y menores flujos de capitales hacia emergentes. Es “el ahogo” anticipado hacia nuestros países después de cierto “respiro” en el último bienio.

De ahí que también desde Brasil el viento pueda tornarse en contra, tras algunos años de crecimiento en torno a 3% y apreciación real de su moneda. Las perspectivas brasileñas para 2025 se ven desfavorables por ese menor impulso extrarregional, pero también por su propio bajo crecimiento potencial y sobre todo por necesidad de ajustes de políticas para corregir algunos desequilibrios. La política fiscal deberá inexorablemente volverse más restrictiva con el déficit cerca de 9% del PIB y la deuda pública en casi 80% del PIB. El Banco Central, que retomó las alzas de la tasa Selic durante el último cuatrimestre de 2024, la seguiría subiendo en el próximo año en medio de la aceleración de la inflación y las presiones devaluatorias del real.

Por lo tanto, quizás el único viento claramente a favor para la economía uruguaya en 2025 venga desde Argentina. Pese al escepticismo inicial, el plan de estabilización de Milei ha evolucionado mejor de lo previsto y el sorprendente apoyo ciudadano podría ratificarse en las legislativas de octubre próximo. Por todo eso, los mercados financieros anticipan mejores perspectivas. La actividad toco fondo en el segundo trimestre y el rebote se consolidaría el año que viene. Pero más favorable e importante para Uruguay seguiría siendo el fuerte encarecimiento en dólares de Argentina para continuar atenuando el desvío de consumo y recuperando las exportaciones de bienes y servicios (turísticos). Si bien hay dudas sobre la sostenibilidad del programa desde 2026 por un contexto extrarregional más desfavorable, parece evidente el reimpulso argentino de corto plazo para Uruguay.

Por último, están las condicionantes de las políticas internas. En lo fiscal, si bien el nuevo gobierno apuntaría a reducir el déficit estructural en los próximos años, esas señales aparecerían recién en la Ley de Presupuesto. Podría haber cierto ajuste en 2025, pero sin gran impacto en el desempeño económico. En materia monetaria, sin embargo, el Banco Central podría transitar hacia señales monetarias más restrictivas ante expectativas de inflación en 6% para el próximo año y los subsiguientes.

Con todo ese telón de fondo, las perspectivas para la economía uruguaya en 2025 apuntan a desaceleración de la actividad y menor dinamismo del mercado laboral, en un contexto de fortaleza extendida del dólar y tasas de interés algo más altas. Podría ser otro anticipo de lo que veríamos en los años subsiguientes.