OPINIÓN

Nueva y responsable política fiscal

Los argumentos para pensar que el gobierno hace lo correcto al mantener la presión impositiva sin cambios.

Foto: Pixabay
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Es difícil tener que elaborar una combinación de políticas macroeconómicas que apunten al crecimiento cuando una de ellas, la fiscal, se encuentra en una situación que solo admite trabajar con el gasto, ante la bien fundada promesa de la nueva administración económica de no variar la presión impositiva.

Bien fundada, porque seguir reduciendo el ingreso disponible y el ahorro de la mayor parte de la población, atenta contra la inversión privada, que es la variable con los efectos expansivos y reproductivos mayores. Es también bien fundada porque la evidencia muestra que la preocupación pasada por cerrar los desequilibrios financieros del sector público no se ha logrado con aumentos impositivos, en especial con impuestos de tipo directo. Más aún, la política fiscal con aumentos tributarios y del gasto del sector público no se ha manifestado, al cabo de varios años, en un crecimiento sostenido de la producción y del empleo: su desenlace ha sido la existencia de mayores desequilibrios financieros con mayor endeudamiento.

El déficit

No obstante los numerosos ajustes fiscales que se dieran desde 2007 hasta 2019 —todos ellos por el lado de aumento en tasas y nuevos tributos de tipo directo y con precios de bienes y servicios de empresas públicas distorsionantes de la competitividad de la producción y el empleo— el déficit financiero del sector público se multiplicó por cuatro. En los veinticuatro meses hasta febrero, el promedio ha sido de 2.600 millones de dólares anuales y en términos del PIB, el déficit de los doce meses hasta febrero —el mes final de la administración anterior, antes de la pandemia— ha sido superior al 5% del PIB. El financiamiento del déficit, que exige crecientes montos de la deuda pública, se refleja hoy en una deuda per cápita en Uruguay que se ha multiplicado por dos veces y media desde 2005, pasando de 4.102 dólares a 10.551 dólares por persona. Una carga sumamente pesada y de la que deberán ir haciéndose cargo generaciones que no han usufructuado de un gasto tan alto como el que existe en nuestro país.

La corrección

Ante lo narrado, es entonces comprensible que la nueva conducción económica haya optado por una política fiscal que priorice una gestión más eficiente del gasto y que mantenga la presión impositiva actual sin cambios ni por modificación de las tasas actuales de impuestos vigentes, ni por la introducción de nuevos tributos.

Un manejo fiscal como el que ha sido desde 2007 y en particular acentuado desde 2010, solo apelando a un crecimiento desmedido de los egresos y a su financiamiento con ajustes impositivos y endeudamiento creciente, es imposible mantener. No se puede, por más que se evalúen posibilidades, necesidades y otras cosas por el estilo, seguir pensando —como lo ha reiterado la nueva conducción económica— que el manejo fiscal puede continuar con aquellas características, las de los últimos quince años. Aumentar el gasto, aumentar impuestos y aumentar endeudamiento es una receta que ya ha probado que no es lo adecuado. Y si aún se piensa así, los que lo piensan, que analicen si las estimaciones de déficit fiscal, crecimiento y otras estimaciones que se realizaran cuando se hizo el último ajuste fiscal, en 2018, fueron ratificadas por la realidad, si se cumplieron o hubo un significativo apartamiento de lo previsto. El análisis despejará dudas sobre si se debe o no seguir en la misma línea.

Las nuevas autoridades económicas han afirmado, desde antes de serlo y durante los pocos y pandémicos meses transcurridos desde su asunción, que no habrá aumentos tributarios. Y han dado sus razones de la negativa de ir por ese lado. A esas razones se las debe complementar, señalando que una mayor presión impositiva para financiar más gastos implica menor ahorro privado, menor inversión y menor empleo. Hay evidencia de que el multiplicador de actividad económica que tiene el gasto público es menor que el que tiene el gasto privado. Existe mucha resaca de lo que se recauda antes que llegue a concretarse en el gasto para el cual fue la recaudación de la imposición. En otras palabras, el monto que se recauda y que reduce el gasto privado, es siempre menor que el monto que llega para un gasto público productivo. En el camino se producen gastos innecesarios.

Por otra parte, los reclamos de más impuestos para más gastos no son válidos dadas las experiencias alcistas de los impuestos que se han multiplicado en los últimos quince años. Si han llevado a una situación estable de crecimiento y empleo o si, por el contrario, han derivado como hasta antes de la pandemia, en recesión y menor empleo. Se debe recordar que la presión impositiva en la economía fue aumentada en los últimos cinco lustros, básicamente con la introducción o ampliación de tasas de gravámenes directos: IRPF, IRAE, IRNR, Patrimonio, Enseñanza Primaria, etc. Estos impuestos pasaron de representar el 22% al 39% de la recaudación de la DGI y su monto anual aumentó en 3.500 millones de dólares, a 4.030 millones anuales.

En la discusión del proyecto de ley de presupuesto en el Parlamento, se planteará la alternativa del aumento del gasto público y aumentos impositivos. Es natural cuando se observa que hay quienes aún piensan que la solución es gravar más a quien tiene más y gastar más en educación, salud, vivienda y en otras áreas por el estilo, al margen de si los resultados que con ello se logra son buenos o malos. Si esta alternativa se impusiera, es inevitable que la economía continúe agudizando la recesión y depresión de actividad, inversión y empleo que se vivía ya antes de la pandemia.

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