Europa debe enfrentarse a Donald Trump o perderá su identidad.

Europa se enfrenta a una creciente presión por parte de la tecnología y la política estadounidenses, pero su fortaleza reside en la defensa de los valores democráticos mediante la regulación basada en los derechos y la autonomía.

 «Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas». Si alguna vez ha visitado la «Capital Mundial del Entretenimiento», probablemente haya pronunciado esta frase después de una noche de fiesta, y a la mañana siguiente, seguramente recordó que la resaca no se cura con palabras.

Al igual que la resaca, la tensión geopolítica no se calma solo con palabras. Y, lamentablemente, como señala Paul Taylor del Centro de Política Europea, «Lo que pasa en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos».

El segundo mandato de Donald Trump es tanto producto como motor del retroceso democrático. En ciencia política, el retroceso democrático se refiere al debilitamiento de las instituciones y prácticas que garantizan que todos se rijan por las mismas normas. Cuando las naciones experimentan un retroceso democrático, no se convierten mágicamente en dictaduras de la noche a la mañana. En cambio, los regímenes restringen gradualmente la influencia ciudadana al burlar los controles y equilibrios tradicionales. Se trata de un proceso, no de un evento, que los politólogos analizan midiendo la imparcialidad de las elecciones, la confianza pública en las instituciones, el alcance y la solidez de la participación ciudadana en el proceso democrático y la desigualdad. Cada una de estas medidas, que salvaguardan la democracia desde las noticias diarias hasta las urnas, está en declive en Estados Unidos.

Estados Unidos no es el único país que experimenta un retroceso democrático. El Instituto V-Dem informa que, desde 2010, más regímenes han retrocedido que avanzado en su democratización. En otras palabras, cada vez más naciones se vuelven dictatoriales en lugar de democráticas. Algunos han comparado esta tendencia con las anteriores «olas» que precedieron a la Segunda Guerra Mundial y al apogeo de la Guerra Fría.

El retroceso democrático es un proceso complejo, por lo que no podemos atribuirlo a un solo factor. Sin embargo, las plataformas digitales desempeñan un papel fundamental en cada una de estas medidas, ya que han facilitado que actores malintencionados difundan desinformación y socaven la confianza en las instituciones democráticas. En Estados Unidos, campañas coordinadas de desinformación contribuyeron a la teoría conspirativa de que Joe Biden robó las elecciones de 2020, lo que inspiró a miles de estadounidenses a tomar por asalto el Capitolio el 6 de enero de 2021. La recopilación descontrolada de datos permite a los políticos dirigir publicidad a grupos demográficos específicos, una característica que Cambridge Analytica explotó en nombre de la extrema derecha en el Reino Unido para influir en el referéndum del Brexit. Estas mismas economías de datos también facilitan la injerencia de las autocracias en las elecciones democráticas, un arma que Rusia utilizó recientemente durante las elecciones en Moldavia, Georgia y Rumania.

El gobierno de Trump está decidido a extender la ola de retroceso democrático a Europa. Esta ambición se manifiesta claramente en sus esfuerzos por subvertir las regulaciones tecnológicas de la Unión Europea. A principios de este año, Apple y Meta (la empresa estadounidense propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas) fueron investigadas por presuntas violaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA). El modelo de Facebook de "pago o consentimiento", que obliga a los usuarios a pagar una tarifa o a aceptar el seguimiento de datos, constituye una clara violación de las normas antimonopolio de la DMA. En respuesta, Trump recurrió a Truth Social para amenazar con aranceles adicionales, apenas unas semanas después de cerrar un acuerdo comercial en el que la UE aceptó un arancel del 15% sobre los productos europeos y aumentó las inversiones europeas en energía y armamento estadounidenses.

Afortunadamente, Bruselas se ha resistido al intento de Trump de intimidar a la UE para que se someta, y la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, afirmó que la UE conservará su "derecho soberano" a regular las actividades económicas de las plataformas.

Sin embargo, la Unión Europea no siempre actúa con la misma rapidez para defender sus valores. Desde la compra de Twitter por parte de Elon Musk, la UE ha investigado la plataforma por diversas violaciones de la DSA, incluyendo la difusión de contenido violento, la negativa a proporcionar datos a los investigadores y la falta de transparencia en la publicidad. En 2024, los investigadores hallaron infracciones en todos los aspectos. La Comisión Europea se puso en contacto con X para compartir los resultados e instar a la plataforma a subsanar los problemas, algo que, según admitió Musk, no hizo. A pesar del continuo incumplimiento, la UE aún no ha impuesto ninguna multa a X, pese a los rumores que circulan desde abril de 2025.

¿Por qué la Comisión ha adoptado un enfoque cauto? A diferencia del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y del CEO de Apple, Tim Cook, el CEO de X, Elon Musk, puede aprovechar su enorme proyección pública como defensor de la libertad de expresión. Además, Musk ha sido un estrecho aliado de Trump, habiendo trabajado en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, encargado de reducir costes durante su administración. Como ha sugerido la columnista tecnológica Eliza Gkritsi, el caso de X podría transformarse de una controversia legal en una política, envalentonando la reacción contra el marco regulatorio de la UE a ambos lados del Atlántico.

La aplicación de la DSA promete seguir siendo un punto conflictivo en las relaciones UE-EE.UU. En un memorándum de febrero de 2025, Trump prometió que la DMA y la DSA «serán objeto de escrutinio», ya que «la Administración considerará medidas como la imposición de aranceles para combatir los impuestos sobre servicios digitales que los gobiernos extranjeros aplican a las empresas estadounidenses». En otras palabras, cuanto más ejerza la UE su derecho a aplicar el Acuerdo de Defensa Mutua (DMA) y el Acuerdo de Seguridad Nacional (DSA) a las actividades europeas de las empresas tecnológicas estadounidenses, más probable será que Trump intensifique las medidas arancelarias, el gasto en armamento, el apoyo a Ucrania y otros asuntos clave.

En su discurso ante la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2025, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance ridiculizó esta grave situación. Bromeó: «Si la democracia estadounidense puede sobrevivir diez años de las reprimendas de Greta Thunberg, ustedes pueden sobrevivir unos meses de Elon Musk». Este argumento no solo es superficial, sino una falsa equivalencia. Mientras que Greta Thunberg es simplemente una ciudadana que expresa su opinión, Elon Musk es el hombre más rico del mundo, quien adquirió una plataforma digital, desmanteló su equipo de Confianza y Seguridad e incorporó un chatbot de IA que genera contenido que glorifica a Adolf Hitler. Más recientemente, Musk utilizó la plataforma para difundir desinformación en apoyo del partido de extrema derecha alemán AfD, demostrando su capacidad para interferir en las elecciones democráticas europeas. Si bien Thunberg no tiene poder para imponer sus opiniones personales al pueblo estadounidense, la maquinaria MAGA está decidida a imponer el estilo estadounidense de regulación tecnológica en Europa, a pesar de la contundente réplica de Thierry Breton en 2022: «En Europa, las reglas se rigen por nuestras normas».

J.D. Vance resta importancia a esta situación porque él, y el movimiento político que representa, no respetan que Europa haya optado por un camino distinto al de Estados Unidos en la regulación tecnológica. En su libro «Imperios Digitales», la experta legal Anu Bradford compara tres enfoques globales diferentes para la regulación tecnológica: el modelo estadounidense, basado en el mercado; el modelo chino, impulsado por el Estado; y el modelo europeo, basado en los derechos. El modelo europeo es único porque enfatiza los derechos colectivos de los ciudadanos europeos e involucra profundamente a las organizaciones de la sociedad civil, no solo a los gobiernos y las corporaciones, en el proceso regulatorio.

Los críticos estadounidenses de la UE no logran distinguir entre los modelos europeo y chino porque, en la política estadounidense, los derechos humanos se conciben en términos estrictamente individuales. Cuando los políticos estadounidenses consideran cómo las plataformas afectan la libertad de expresión, se preocupan principalmente por garantizar que cada individuo no sufra consecuencias por lo que publica en línea. Cualquier esfuerzo de los gobiernos por fomentar un ecosistema informativo saludable, salvaguardar la privacidad de los datos o promover la no discriminación y la solidaridad se percibe, desde la perspectiva del mercado, como un retroceso democrático.

En contraste, las concepciones europeas de la libertad de expresión buscan equilibrar la expresión individual con la responsabilidad colectiva de fomentar un entorno saludable caracterizado por la igualdad de acceso a información confiable. Quizás la larga historia de retrocesos democráticos de Europa le otorga la voluntad política para pensar en términos colectivos. Como sugiere el gran filósofo Jürgen Habermas en La crisis de la Unión Europea: «Dentro de los vastos territorios de nuestros estados nación, el horizonte flotante de un mundo político compartido… siempre tuvo que ser…» producido y mantenido por los medios de comunicación de masas. En otras palabras, la idea misma de la identidad política europea depende de fomentar un ecosistema mediático que equilibre los derechos individuales y colectivos; un ecosistema mediático que Trump y sus aliados quieren destruir.

Las regulaciones tecnológicas europeas no son perfectas. Cualquiera que haya firmado algunos formularios de consentimiento de privacidad que cumplan con el RGPD puede dar fe de ello. En un plano más serio, los críticos argumentan que el marco regulatorio de la UE socava la innovación. Sin embargo, las regulaciones tecnológicas europeas reflejan la sensibilidad política única de Europa: un sentido de responsabilidad colectiva que no se reduce ni al individuo ni al Estado. En consecuencia, el Eurobarómetro informa que la opinión pública europea apoya firmemente las regulaciones de la UE basadas en los derechos. Respetar la democracia significa defender el modelo regulatorio europeo, un reflejo de la identidad de Europa como una fuerza para el progreso que no deja a nadie atrás.

A pesar de sí mismo, Vance reveló accidentalmente las intenciones de MAGA. Al igual que Musk usa su riqueza para subvertir Twitter, Estados Unidos intenta aprovechar sus recursos económicos, armamento, aranceles y aliados europeos de extrema derecha para subvertir a la UE. Régimen regulatorio basado en derechos. La única pregunta es si, al igual que los accionistas de Twitter, la Unión Europea se dejará intimidar hasta el punto de traicionar las decisiones y los valores de sus ciudadanos.

Una respuesta firme sin duda incluirá la aplicación de la DSA y la DMA, pero debe ir más allá. Las instituciones europeas deben reducir su dependencia de Estados Unidos, desarrollar sus propias tecnologías limpias y fomentar alianzas con democracias afines. Y deben actuar antes, no después, de que se produzca otra crisis. Al fin y al cabo, llegar a un acuerdo con Trump es como apostar contra la banca en Las Vegas: la única jugada ganadora es no jugar.

-El autor, Reed Van Schenck is Profesor de Media y Comunicación en IE University. Artículo publicado en IE Insights.