OPINIÓN

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En las discusiones sobre la eficacia de los instrumentos macroeconómicos para resolver situaciones de esa naturaleza, muchos hablan del dilema en la aplicación de políticas para resolver simultáneamente contextos inflacionarios y de recesión de la actividad productiva con alto nivel de desempleo.

Generalmente, el argumento que muchos economistas califican de “trade off”, es que políticas macroeconómicas expansivas pueden mejorar la actividad económica pero también generar presiones inflacionarias. Una política fiscal expansiva con aumento de gasto público y baja de impuestos de modo de estimular al consumo y a la inversión mejora la actividad, pero puede presionar al alza de los precios.

Una política monetaria expansiva con mayor creación de dinero y baja de tasas de interés relevantes es buena para aumentar el consumo y la inversión pero también puede provocar presiones inflacionarias no deseadas. El dilema es entre atender al problema inflacionario o atender al del desempleo y la baja actividad.

En nuestro país no se ha tenido éxito en poner a la inflación en el rango objetivo que se propusiera en junio de 2013, hace ya exactamente 7 años. El manejo de diversos agregados monetarios durante ese lapso no fue todo lo eficaz que se pensó y, en consecuencia, el resultado no ha sido el buscado. Por otra parte, la producción de bienes y de servicios se ha venido deteriorando pese a que solo recién en los últimos dos trimestres, el final de 2019 y el primero de este año, se reconoce que la economía estaba en recesión. Ajustes de la forma en base a la que se estima el crecimiento de la producción en nuestro país —en base a una muy vieja estructura productiva, de 2005—, darían —según estiman varios economistas— resultados recesivos desde hace varios años y no ratificarían lo hoy marcan las cuentas nacionales que elabora el Banco Central. Además, desde un par de años antes de 2013 el desempleo ha venido creciendo en nuestro país, solo se ha atenuado por el aumento en el empleo público, y se ha duplicado desde entonces llegando a los dos dígitos. Seguramente será mayor a partir de ahora una vez que se vayan depurando factores exógenos que afectan los resultados durante la pandemia.

Estamos entonces, frente a una situación en la que la combinación de políticas macroeconómicas debe solucionar tanto el problema inflacionario como el problema del desempleo y la recesión que afectan al país.

Las políticas

Mi intención es mostrar que, bajo las condiciones actuales de la economía uruguaya y el contexto económico y financiero global y a pesar de las restricciones a que sujeta la política fiscal, sería posible lograr un equilibrio de corto plazo mejor que el actual, con el empleo de una política monetaria aún más expansiva de la que ya se intenta desde hace un par de meses.

Hacer la política monetaria más expansiva implica reducir las tasas de interés relevantes para el Banco Central, que son con las que regula la cantidad de dinero en la economía. Menores tasas de interés por mayor circulación monetaria estimularían más el gasto que el ahorro, mejorarían el consumo y la inversión y con ello el empleo y la actividad. Se podría señalar que eso impulsaría presiones inflacionarias, como se detallara al comienzo de esta columna, pero habría varios argumentos que neutralizarían ese efecto colateral de una política que, seguramente, afectaría favorablemente a los componentes de una demanda —por consumo e inversión— cuya variación explica más del 90% del comportamiento de la producción de bienes y de servicios (PIB).

Uno de esos argumentos es que una recesión generalmente dilata el efecto inflacionario de una mayor demanda por la expansión monetaria. Otro argumento es que se han desactivado por cierto lapso y por la propia naturaleza de la recesión y el alto desempleo que se vive por la pandemia, ajustes salariales por indexación y a tasas incluso, por encima de ella.

Solo por esos dos factores, una reducción más acentuada de las tasas de interés relevantes tendría más efectos reales que nominales. Asimismo, una política monetaria con esas características contribuiría a la reducción del déficit fiscal, pues bajaría el costo de mantenerla más restrictiva con el pago de intereses más altos para disminuir la circulación monetaria que provoca el ingreso de capitales por “carry trade”.

Además, los efectos sobre el tipo de cambio serían favorables para la actividad económica, pues en un mundo con tasas de interés y de rendimiento de títulos tan bajos como son actualmente, dejarían de estimular, como todavía ocurre, el ingreso de capitales especulativos señalado, que presiona a la baja del valor de la moneda extranjera pese a la posibilidad que dichos títulos no vayan al mercado de cambios y sean comprados directamente por el Banco Central.

Por otra parte, el efecto inflacionario que podría resultar sería también, al menos, suavizado de manera importante para que sea sensiblemente menor al actual, con la política fiscal en aplicación, que tendrá un efecto restrictivo por el lado del gasto y no por el del aumento tributario.

En definitiva, una combinación de una política monetaria más expansiva aún que la actual junto con la política fiscal que se presenta restrictiva por el lado del gasto —en buena medida debido a la desindexación inflacionaria en algunos rubros y a una gestión diferente a la anterior y especialmente a la de los últimos diez años—, debería ser la que lleve a la economía a un equilibrio macroeconómico de corto plazo mejor al actual, en un contexto de incertidumbre cuyo final será el que permita continuar hacia una mayor estabilidad de precios y a un crecimiento como potencialmente tiene la economía uruguaya.