“Diálogo Social” jaquea al gobierno

Como era de esperarse, las recomendaciones del mal llamado “Diálogo Social”[i] terminaron siendo un nuevo intento por revertir algunos de los cambios que introdujo la reforma del 2023, luego del fallido intento del plebiscito de 2024, donde la papeleta que lo promovía apenas alcanzó el 39% del electorado.

Más allá de la endogamia ideológica de la propuesta y el olor a desconocimiento de la voluntad popular expresada apenas hace un año y medio, preocupa que varias de esas recomendaciones reiteran el desprecio por la sostenibilidad financiera de la seguridad social y de las finanzas públicas.

Para empezar, no hay cálculos documentados acerca del impacto sobre el gasto del BPS que traería aparejado bajar la edad mínima de jubilación ni del costo de las medidas orientadas al combate de la pobreza.

Tampoco incluye nuevas propuestas explícitas de financiamiento. Este pequeño gran detalle le quedó endosado al gobierno. Pero, no es casualidad que varios de los proponentes impulsan en simultáneo aumentos de la carga tributaria, como el impuesto de 1% a los “más ricos”; más aportes patronales a la seguridad social; así como reducción de exoneraciones a la inversión. El mensaje de estos socios del gobierno es claro y no tiene nada de subliminal.

Pero estas propuestas de más gasto y más impuestos resultan en un combo que pone en aprietos al gobierno y al país.

Para empezar, porque la situación fiscal previa no era la mejor dado el alto déficit y la insostenibilidad de las cuentas fiscales a futuro[ii], y porque se armó el Presupuesto Nacional para el quinquenio con la idea de rencauzarlo, pero con más gastos, que se compensarían con una mejora en la recaudación proveniente de más crecimiento, nuevos impuestos y mayor eficiencia en la recaudación.

Esa estrategia ha estado en duda desde el inicio para la mayoría de los analistas (me incluyo). Primero, porque cuando se ponen nuevos impuestos siempre es complejo estimar con precisión su efectiva recaudación; segundo, porque la mayor eficiencia de la DGI no deja de ser una aspiración mientras no se concreta y, tercero, porque las proyecciones de crecimiento demostraron ser demasiado optimistas.

Entonces, en medio de este complejo panorama fiscal, donde el propio ministro de Economía venía hablando de encarar la Rendición de Cuentas (RRCC) con un bisturí, el informe del “Diálogo Social” apuesta a sustituirlo por un inflador al proponer más gastos, lo que torpedea las posibilidades ciertas de rencauzar las finanzas públicas si el gobierno las asume, algo que luce probable, pues se dijo en campaña que serían “vinculantes”, y el mismo Presidente de la República dijo que se incluirían en la próxima RRCC.

Permítanme hacer un paréntesis para resaltar la falacia que algunos de sus impulsores ensayan cuando se les
recrimina que con estas propuestas están echando nafta a la hoguera del déficit, repitiendo que los problemas, como la pobreza, no pueden esperar. Es una falacia porque no existe trade off entre sostenibilidad fiscal y problemas sociales. Cuando la primera se rompe, se pierde el financiamiento y sin él, todas las políticas públicas pierden recursos, incluyendo las sociales. Los más viejos tenemos aún grabado en la retina la dramática situación que debió enfrentar el país en la crisis de 2002 como para dejar pasar tamaña frivolidad.

Atrás de eso, o viene el default (como hizo Argentina entonces) y la imposibilidad de volver a acudir al financiamiento durante años y décadas, teniendo que restringir —obligado— el gasto a lo que se pueda recaudar; o vienen los organismos multilaterales a rescatar al país encabezados por el FMI, que igualmente le exigirán una reducción de gastos (y otras condicionalidades) durante el tiempo que lleve restaurar la sostenibilidad fiscal (como hizo Uruguay).

También es una falacia afirmar que la sostenibilidad fiscal se arregla aumentando impuestos que gravan al capital y al ahorro, teniendo en cuenta que la carga tributaria en Uruguay ya es alta. Tanto la Economía como la evidencia histórica enseñan que gravarlos en exceso no recauda lo esperado y termina afectando negativamente la capacidad de crecer más, justamente una de las debilidades que viene enfrentando nuestra economía desde hace más de 10 años.

Por algo es uno de los desvelos del ministro Oddone encontrarle la vuelta para que los capitales privados inviertan más en el país. Él sabe muy bien que, si no superamos la pálida ratio Inversión/PIB actual de 16%, la esperanza de crecer más, generar más empleo y recaudar más para sostener las políticas públicas, será solo una fallida declaraciónde intenciones.

Por lo tanto, atacar los problemas del país, en particular la pobreza y la inseguridad, no admite hacerlo en desmedro ni del crecimiento ni de la sostenibilidad fiscal, porque ya sabemos cómo termina. Requiere mirar para adentro del enorme presupuesto del país y reducir otros gastos, a sabiendas de que hay ineficiencias —cuando no despilfarro— y cosas que hoy no se justifican, en un Estado cuyo gasto total ha subido 9 puntos porcentuales del PIB en los últimos años y ya ronda el 30%.

Abandonar la lógica del gasto incremental y asumir que, habiendo restricciones presupuestales, lo mejor es reasignar gasto en función de prioridades no es sencillo, pero es el único camino viable. Requiere voluntad y liderazgo políticos.

[i] En una sociedad democrática el único diálogo social legítimo es el que transcurre en el Parlamento, pues ahí -y solo ahí- se expresa la voluntad popular emanada del cuerpo electoral.
[ii] Lo dijo el propio gobierno para justificar aumentos tributarios que no estuvieron presentes en la campaña electoral, como el Consejo Fiscal Autónomo en su último informe.