Argentina y el Fondo Monetario: acuerdo para evitar el déficit

OPINIÓN

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Si Perón viviese, se habría opuesto tenazmente al acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI. Un acuerdo que con la poco —o nada— creíble excusa de que contribuirá a reducir la alta y creciente inflación, tiene el verdadero objetivo de evitar el default de la deuda argentina por no pago de una cuota de amortización de la deuda con el Fondo que vencía pocos días después de firmado el programa con el compromiso de amortizaciones a largo plazo.

Como cuando se negó en 1946 a mantener la adhesión de Argentina a la institución creada en Bretton Woods por considerarla un “nuevo engendro del capitalismo”, Perón habría descartado entrar en acuerdo económico alguno con el organismo internacional creado a la salida de la Segunda Guerra mundial para ayudar a solucionar problemas macroeconómicos de los países miembros de la institución.
Con la firma del acuerdo, Argentina entra en su vigésimo segundo compromiso con el FMI y éste en su vigésimo segundo compromiso que sabe que, como en el caso de los anteriores, tampoco el gobierno —supuestamente “ayudado”— lo cumplirá.

Programa con FMI

El programa económico y financiero que se acordó hace unos días con la institución multilateral de crédito busca, en primer lugar, la extensión de los vencimientos de la deuda que Argentina mantiene con la entidad crediticia. El período de repago del monto señalado es de 10 años con un lapso de gracia de 4 años.
El programa tiene como objetivos macroeconómicos principales, contribuir a la reducción de la inflación que ha sido 52.3% en los últimos doce meses y que deteriora fuertemente la capacidad de compra de la población. Otro objetivo es reconstituir las muy bajas y en baja, reservas internacionales del Banco Central para evitar un escenario de altas y persistentes devaluaciones del peso.
Para lograr dichos objetivos, se programa el abatimiento de los altos déficits financieros primarios del sector público de los próximos años a partir de aumentos de ciertos impuestos —internos y sobre exportaciones—, alzas discriminadas de tarifas públicas y reducción de subsidios. Se fijan, además, metas inflacionarias anuales que son, de todos modos, aún muy altas.
Declaraciones y documentos oficiales y del propio FMI, que se han conocido luego de la firma del acuerdo vigente desde la última semana de marzo, reflejan que de un lado y del otro se estima que será difícil que el gobierno pueda cumplir lo convenido. Más aún con la influencia negativa que la guerra entre Ucrania y Rusia ha agregado sobre precios y actividad económica.
No parece sensato entonces, que si el gobierno, el staff técnico del FMI, el directorio de la institución y en particular su directora Kristalina Georgieva, reconocen la alta probabilidad de incumplimiento, se hayan animado a firmar un acuerdo que se viene negociando desde hace ya dos años.

La razón

La realidad es que los problemas macroeconómicos que enfrenta Argentina no se deben a razones externas por más que el reciente conflicto bélico los puede haber agravado hacia el futuro inmediato, como se reconoce hoy por el gobierno y el propio FMI que, por ese conflicto, ha decidido “visitar” al país más frecuentemente que lo que es habitual, para evaluar la marcha del programa.
Los problemas macroeconómicos —la inflación y el problema de la balanza de pagos o del bajísimo monto de las reservas internacionales disponibles— se deben a la política fiscal que condiciona a la política monetaria a ser sumamente expansiva y a la cambiaria a ser sumamente restrictiva de los movimientos financieros, de las importaciones de bienes y de servicios, e incluso, hasta de las exportaciones al gravar embarques de productos del agro y derivados.
El resultado financiero de la gestión del gobierno central es muy deficitario a nivel primario y global, es decir cuando se consideran, además, los intereses que se deben pagar. Ese resultado se puede financiar en parte con crédito interno que obliga a subas permanentes de tasas de interés para atraer inversores en los títulos de deuda que emite. En buena medida, ante la ausencia de otro tipo de crédito, el exceso de gasto público se debe financiar con crédito del Banco Central, es decir, con alta emisión de dinero que impacta al alza de la inflación y a presiones sobre el tipo de cambio. El valor del dólar se mueve con minidevaluaciones y eso obliga a la autoridad monetaria a intervenciones vendedoras de dólares que impactan a la baja al monto de sus reservas internacionales.
El verdadero origen de los problemas es, entonces, el déficit fiscal y la reticencia de las autoridades a reducir subsidios y ajustar tarifas de servicios públicos que para nada reflejan los costos de lo que se vende. Negar el ajuste tiene una sola causa: políticamente sería una condena al fracaso en las elecciones de fines de 2023 para la que se prepara con su persistente oposición —y contribución al desgobierno—, la vicepresidenta de la nación.
El programa con el FMI no tiene larga vida y no creo errar el vaticinio de que la inflación seguirá en aumento, que la devaluación del peso argentino seguirá siendo importante, aunque menor a la inflación, que la actividad económica se verá distorsionada y afectada adversamente por esos resultados y que seguirá la caída de la capacidad de compra de la población.

No es difícil inferir cuales seguirán siendo los efectos económicos sobre nuestro país: menores precios relativos de productos argentinos que los de Uruguay, por lo que se mantendrán bajas las exportaciones de bienes y fundamentalmente servicios hacia ese destino. Nuevas razones para intensificar la flexibilización comercial.