Con los datos disponibles a junio del tercer año del período de gobierno, en medio de una nueva discusión presupuestal y tras una sucesión de etapas del ajuste fiscal en curso, parece ser un buen momento para poner todos los números fiscales sobre la mesa.

En los últimos 12 meses, el déficit fiscal fue 3,6% del PIB, "ayudado" por una reducción de stocks en Ancap (0,2% del PIB) y por el menor costo de generación de electricidad (0,4% del PIB). O sea que, ajustado, está arriba del 4% del PIB, como informó el MEF en la Rendición de Cuentas. En el mismo período, los ingresos del sector público no financiero fueron 30,2% del PIB, sus egresos primarios, 30,6% del PIB y los pagos de intereses del sector público, un 3,2% del PIB.

De estos 3,2 puntos de intereses pagados, 0,7 puntos son el "componente inflacionario" de los intereses nominales en pesos, que no constituyen interés real sino capital real. De este modo, el "resultado fiscal operacional" fue de -2,9% del PIB.

El ajuste fiscal en curso se centró fundamentalmente en las empresas estatales, con recortes de inversiones y aumentos en sus márgenes mediante mayores tarifas. Si se consideran los resultados de estas empresas antes de transferir dividendos al MEF, se puede comprobar dónde ha estado el grueso del ajuste en la primera mitad de este período de gobierno: entre 2014 y los 12 meses a junio de 2017, el resultado del Gobierno empeoró desde -0,4% a -1,6% del PIB mientras que en las empresas estatales el resultado pasa de +0,1% a +1,2% del PIB.

Entre los ingresos, el 73% corresponde al Gobierno y el 27% al BPS. Y en el Gobierno, el 84% es recaudado por la DGI, donde el principal impuesto, por lejos y a pesar de todo, sigue siendo el IVA (52% de la recaudación), mientras que el IRPF (incluido el IASS, que son la misma cosa) ya representa el 19% del total recaudado. Digo "ya" porque está en franco ascenso tras el aumento que rige desde enero, con un crecimiento de 32% nominal entre los primeros semestres. El IRAE, el tercer impuesto, alcanza al 17% del total.

Entre los egresos, 16% son remuneraciones; casi un tercio, el 31%, pasividades; 28% son transferencias; 12% son suministros o gastos no personales; los intereses alcanzan al 8%; y las inversiones son apenas al 4% del total de egresos.

A todo esto, las inversiones totales del sector público, es decir sumando a las del Gobierno, las de las empresas estatales, representan 2,4% del PIB. Este rubro tiene alta relación con los ciclos electorales: tanto en 2009 como en 2014, la inversión pública alcanzó a 3,3% del PIB.

Como vimos, en la primera mitad de este período de gobierno el ajuste fiscal se centró en las empresas estatales. Veamos ahora lo más destacado en las tres mayores.

En Ancap, a pesar de todos los esfuerzos que se han publicitado, la montaña parió un ratón. En los últimos 12 meses a junio, sin contar con el efecto en la caja de la reducción de stocks, la empresa tuvo un excedente financiero de sólo US$ 106 millones en una facturación de US$ 2.603 millones. O sea, casi nada, máxime si se tiene en cuenta que la relación entre los precios de los combustibles y del petróleo está en niveles próximos a los máximos.

En UTE sucede todo lo contrario: si bien muestra un déficit de US$ 131 millones, ello se debe a que se la ha "exprimido" transfiriendo dividendos al MEF por US$ 395 millones en los 12 meses a junio, por lo que se trata en definitiva de buenos resultados en una facturación de US$ 2.307 millones.

Y en Antel, que factura US$ 1.043 millones, también hay un razonable excedente financiero, de US$ 127 millones, que en su mayoría (120 millones) también se lo ha apropiado el MEF.

¿Qué perspectivas hay para los números fiscales? ¿Es factible cumplir la meta de 2019, o sea un déficit de 2,5% del PIB? Hay varios factores a tener en cuenta.

En lo inmediato, la recaudación seguirá subiendo por el impacto del aumento del IRPF que rige desde enero (caja febrero). Esto puede generar 0,4-0,5% del PIB adicionales entre julio y enero. Otro elemento positivo es la reciente aceleración de la economía, que también traerá más recaudación de impuestos.

Por otro lado, y con el signo opuesto, la fuerte caída de la inflación va a dar lugar a una desaceleración en los ingresos frente a egresos que quedaron fijos desde enero sobre la base de una inflación pasada bastante mayor. Es posible que la tasa de crecimiento del gasto endógeno sea mayor que la del PIB (e impuestos) y entonces haya una tendencia al deterioro fiscal.

Y, last but not least, tenemos por delante el famoso "carnaval electoral", que es el nombre con el que popularmente se conoce el deterioro fiscal en la segunda mitad de los períodos de gobierno en nuestro país. En el promedio de los seis gobiernos desde 1985, entre el tercer y el quinto años hubo un deterioro fiscal de 1,4% del PIB y la única excepción fue el gobierno de Batlle. Este dato "calza" con lo referido antes sobre la inversión pública, que hoy está casi un punto por debajo de su nivel en los últimos dos años electorales.

En definitiva, parece muy difícil que se vuelva a romper la "regla fiscal uruguaya" y que el déficit fiscal baje desde acá a 2019. En todo caso, es más probable que vuelva a subir.

JAVIER DE HAEDO