A más de cuatro años del lanzamiento de la idea, la ley de regularización del consumo de cannabis sigue sin aplicarse en su parte medular: la venta del producto en farmacias.

A más de cuatro años del lanzamiento de la idea, la ley de regularización del consumo de cannabis sigue sin aplicarse en su parte medular: la venta del producto en farmacias.

A contrapelo de este fracaso, en el resto del mundo se cantan loas sobre su supuesto éxito: desde el liberal Vargas Llosa hasta el progre Pablo Iglesias, de Podemos, todos dan por descontado un suceso del que en Uruguay nada vimos, salvo la naturalización actual del consumo a todos los niveles. Porque eso es lo único que ha dado la ley: una formidable promoción de su uso recreativo, con escaso o nulo énfasis en los innumerables informes médicos que lo desaconsejan.

Lo que está pasando ahora podría ser considerado humorístico, si no fuera tan grave.

Primero se supo que los farmacéuticos, con toda razón, se han negado mayoritariamente a vender un producto perjudicial para la salud, lo que constituiría un obvio contrasentido. El gobierno logró garantizar una producción privada y formar una red de distribución que, según ha admitido, cubriría apenas la cuarta parte del público consumidor. Fantástica manera de combatir el narcotráfico, utilizando el aparato del Estado para promover una demanda insatisfecha…

Pero hay más inconsistencias. El semanario Búsqueda ha informado que, contra los primeros indicios que se habían difundido sobre el nivel de THC de la droga legal (dicho en otras palabras, la intensidad de su “pegue” en quien la consume), este será “de bajo a medio”. O sea que desde ya el Estado nos advierte que la droga que auspicia tendrá efectos psicoactivos menores a los que podría ofrecer la obtenida ilegalmente. Parecería que, de nuevo, en lugar de combatirla se la impulsara: probá comprando en la farmacia, que después accederás a una mejor experiencia en el mercado negro.

Luego nos enteramos del asunto del precio. Una nota de El Observador da cuenta de que la marihuana legal tendrá uno potencialmente más alto que la comercializada por el narcotráfico, en virtud de un costoso sistema de envasado que achicaría el margen de rentabilidad de los proveedores. En el colmo del absurdo, nos informan que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis “se mostró dispuesto a asumir una parte de esos costos”. Sí, usted leyó bien: recortamos el aporte estatal a la educación, la cultura y al Sistema Nacional de Cuidados, pero no el que permitirá que los clientes del porro oficial lo reciban en un prolijo empaque.

Y la última perla del collar: nos dan la tranquilidad de que apenas se distribuya en farmacias el producto contará con una campaña publicitaria, desalentando su consumo pero al mismo tiempo explicando cómo hacerlo, en caso de que usted aún quiera, y bla bla bla. Todo un exitoso plan de marketing y comunicación, financiado por los contribuyentes, para asegurar que más personas, sin educación ni oportunidades, enciendan porros en lugar de abrir libros.

Tanta improvisación nociva debería encontrar su freno. El presidente Vázquez, que pasará a la historia por haber combatido al tabaquismo, tiene ahora la oportunidad de parar este desastre, manteniendo si quiere la vigencia de la ley en lo que hace al autocultivo y los clubes cannábicos, pero derogando los artículos que habilitan a su distribución masiva. Sin duda contaría con los votos de la oposición y estaría dando un nuevo ejemplo al mundo de coraje cívico en defensa de la salud pública.