Hace mucho tiempo que el Pit-Cnt y parte del Frente Amplio insisten con que el aumento de la inflación es una consecuencia de algunos avivados que deciden subir los precios para beneficio propio. Según esta teoría, para enfrentar a estos actores insolidarios, se hace necesario controlarlos y denunciarlos.

Ya con una inflación que supera el 10% anualizado, que hace perder poder de compra a todos los asalariados porque las pautas del Ejecutivo son siempre menores a ese guarismo, el Pit-Cnt ha decidido tomar cartas en el asunto. Convencido de que algunos comercios remarcan los precios aprovechando la mayor demanda, anunció que implementará un sistema propio para controlarles los precios en todo el país.

La tarea no es sencilla porque es muy ambiciosa. Pero quedó claro que se encarará con decisión militante. En efecto, la central informó que se crearán brigadas compuestas por miembros del movimiento sindical que se ocuparán de monitorear la situación en determinados comercios. Como está convencido de que el mayor porcentaje de ventas ocurre en las grandes cadenas de supermercados, el Pit-Cnt apuntará primero a controlar los precios en esos locales.

El mecanismo fijado quiere ser pacífico: la idea es alertar a la población mediante "intervenciones urbanas" en la entrada de los locales. O sea que si la brigada del Pit-Cnt entiende que en el supermercado de su barrio se venden productos a precios demasiado altos, cuando vaya a hacer las compras encontrará Ud. parados, en la entrada, a varios sindicalistas que le advertirán, buenamente, de esa situación que ellos entienden anómala. Además de estas intervenciones, los sindicatos recibirán denuncias de los clientes en centros zonales, en sus sedes y en sus páginas web y de Facebook.

Pero la apuesta por el control de los precios no se queda allí. Presidencia anunció que próximamente se lanzará una aplicación para teléfonos móviles para que cualquier ciudadano común también pueda realizar su propio control en los comercios. El objetivo es el mismo que el del Pit-Cnt, pero esta vez sin brigadas sindicales paradas en las puertas de los supermercados. Ahora se trata de que el consumidor se transforme en el controlador: según el subsecretario de Economía, se trata de una "herramienta muy poderosa" para combatir la inflación con "la tecnología como aliada", ya que el remarque de precios afecta "sobre todo a trabajadores y pasivos que tienen ingresos fijos".

Convengamos que el razonamiento que sustenta todas estas medidas no comporta una explicación muy original. En Sudamérica, quien más y mejor ha ilustrado esta lógica de denuncia económica es el chavismo, con episodios incluso violentos de insultos y agresiones a los propietarios de las cadenas de supermercados que remarcan precios. En general, se trata de responsabilizar a algunos actores económicos de la inflación como si fueran los culpables de fenómenos macroeconómicos que, en realidad, los superan. Los transforman así en los chivos expiatorios de toda la situación de mayor carestía.

Pero convengamos también que no es una explicación muy novedosa. Los más jóvenes no lo vivieron, por suerte, pero en nuestro país ya se llevó adelante esta política de controles de precios. El domingo 20 de diciembre de 1953, por ejemplo, en pleno gobierno colegiado de mayoría colorada, cuando comenzaba una inflación que sería imparable y despuntaba la feroz crisis económica que dejaría completamente quebrado al país en 1958, el diario La Mañana informaba en su página 4 que "fueron sancionados varios comercios por venta a mayor precio". "Las amplias fiscalizaciones desarrolladas por el personal inspectivo del Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios han permitido comprobar el registro de graves irregularidades especulativas", decía, para informar luego el nombre y la dirección de los comercios que, por venta de arroz, de carne, de bananas o de leche a "mayor precio", estaban violando "estrictas disposiciones" que debían hacerse "cumplir en defensa del público consumidor".

Ya sea por los resultados desastrosos de experiencias contemporáneas, como la de Venezuela, o ya sea por la historia de las consecuencias nefastas del intervencionismo en los precios de la economía de la época neobatllista, hay que admitir que es un disparate promover el control de precios a través de "brigadas" o intervenciones "sociales". Hay que entender de una buena vez por todas que la inflación no es culpa de los almacenes o supermercados.

EDITORIAL