El proyecto de mega minería que impulsa la empresa Aratirí en Valentines contiene varios aspectos que lo hacen claramente inconveniente para el país.

El proyecto de mega minería que impulsa la empresa Aratirí en Valentines contiene varios aspectos que lo hacen claramente inconveniente para el país.

Nada tiene que ver con el desarrollo sostenible que se intenta generalizar en Uruguay. Implica extraer hierro del subsuelo en campos de aptitud agropecuaria, lo que significa priorizar la explotación de un recurso no renovable en detrimento de otro que sí lo es, y que se perderá para siempre, para ganar dinero rápido y ahora.

Los impactos ambientales negativos que provocarán las minas y su funcionamiento (estériles, cubas de moliendas, embalses de relaves, sustancias químicas utilizadas, etc.) serán graves. Afectarán el suelo, las aguas subterráneas y superficiales de la zona, sobre el aire, la fauna, la flora; afectando seriamente la realización de actividades productivas de los predios vecinos. Impactará a un número importante de pequeños y medianos productores, lo que incluirá en varios casos la migración obligatoria.

Lo más preocupante es que este proyecto cuenta con el apoyo gubernamental.

Hay que tener muy presente las tristes experiencias que se han registrado en la región, y que han dejado en evidencia la indefensión en la que se encuentran nuestros países, ante la conducta de empresas extranjeras que operan en el territorio, mediante la creación de una filial nacional. Ante una coyuntura adversa en el valor internacional de los metales —que suele ocurrir en proyectos que duran más de 10 años— o dificultades internas propias de las empresas involucradas, o como estrategia deliberada para evitar los costos previstos de cierre y recuperación ambiental del proyecto aprobado, de un día para otro y sin previo aviso simplemente se van, dejando un gran pasivo para el país.
Para colmo el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) declaró confidencial toda la información de este proyecto minero, algo inadmisible e incomprensible para un gobierno que aprobó la ley de derecho de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 18.381). Así, deja indefensos a muchos potenciales afectados por el proyecto, para reclamar y luchar por sus legítimos intereses.

La sociedad civil organizada contra este emprendimiento minero reclamó ante la Justicia por el incumplimiento de la norma, y cuando logró el acceso al expediente constató que se había retirado del mismo toda la información técnica del proyecto. Tanto la empresa como Dinamige argumentaron que la información técnica tiene carácter confidencial, porque podría ser aprovechada por la competencia, algo totalmente exagerado porque lo que sí está previsto preservarse son aspectos técnicos o detalles de procedimientos que sí importa no los conozca el competidor. Pero la información general de cómo se llevará adelante el emprendimiento no puede negársele a nadie.

Justamente la mencionada ley se aprobó para promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública (art. 1). Este derecho está tan firmemente consagrado en la norma que en el artículo 3° establece que es un derecho de todas las personas, incluso sin necesidad de justificar las razones por las cuales se solicita.
Es un proyecto en el que se están violando varias leyes, incluida la propia Constitución (art. 47).