El proyecto del nuevo Código Penal (CP) que el Frente Amplio se había comprometido a votar antes del 15 de febrero, va camino a naufragar luego de diez años de discusión. La reforma del Código Penal fue enviada al Parlamento a fines de 2010, en el primer año de gestión del presidente José Mujica. El proyecto había llevado otros cinco años de análisis, bajo el primer gobierno de Tabaré Vázquez.

El coordinador de bancada del Senado del Frente Amplio, Enrique Rubio, dijo ayer a El País que es "prácticamente imposible" que el proyecto sea sancionado antes del fin de la Legislatura, el 15 de febrero.

Sobre fines de año la intención de la bancada del Frente Amplio era aprobar el Código Penal antes de esa fecha. Sin embargo, el tema se trancó cuando decidieron incluir un capítulo sobre delitos informáticos y sexuales.

El diputado frenteamplista Carlos Gamou presentó un proyecto de ley en ese sentido, pero nunca consiguió que la comisión lo tratara.

De todos modos, el proyecto del Código Penal aprobado en comisión llegó al plenario de Diputados para la sesión del lunes 29 de diciembre.

La idea era que, al menos, se aprobara el nuevo Código Penal para modernizar el actual, que data de 1934, y después se continuaría trabajando en el tema de los delitos sexuales y su conexión con la informática.

Las fechas se vinieron encima y en la sesión del 29 de diciembre, a pedido de la bancada del Frente Amplio, el proyecto volvió a comisión.

La idea del FA cuando llegó a la sesión del 29 era aprobar el Código Penal tal como había llegado de comisión y pactar un compromiso entre los partidos para tomar tres o cuatro puntos de las observaciones principales que se habían hecho sobre delitos sexuales por parte de unas 40 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e incorporarlas mediante un proyecto de ley, dijo entonces a El País el diputado frenteamplista Alfredo Asti.

Si bien la principal novedad del Código Penal es la modificación del artículo relativo al delito de abuso de funciones, que ahora se hace más específico, las organizaciones reclamantes advirtieron en un documento elevado al Parlamento que el proyecto implicaba "un retroceso en la agenda de derechos que el país se jacta de haber incorporado" y que "conserva una raíz androcéntrica y patriarcal que contribuye a la reproducción de las desigualdades y no respeta los derechos humanos".

Pero no hay ambiente en el oficialismo para tratarlo en esta Legislatura, a la que le quedan dos semanas. La nueva formulación del Código Penal, en particular el artículo 162 relativo al abuso de funciones, tendrá incidencia en varios casos notorios como los del exministro Fernando Lorenzo, el expresidente del Banco República Fernando Calloia, el intendente de Colonia Walter Zimmer y el diputado Alberto Casas.

En la sesión del 29 de diciembre, donde el FA había hablado de hacer un compromiso para sancionarlo antes del 15 de febrero, el diputado nacionalista Gustavo Borsari había reclamado "coraje" para votarlo en la fecha indicada.

El coordinador de la bancada oficialista Alejandro Sánchez pidió devolver el Código Penal a comisión porque el reglamento de la Cámara de Diputados no permite modificar un Código en sala, tal como se pudo haber hecho en la sesión el 29 de diciembre. "Por eso no podemos incorporar los cambios que las ONG piden", dijo Sánchez. "Es políticamente oportuno que vuelva a comisión por 30 días para recibir las enmiendas pertinentes", agregó, luego de lo cual pidió que haya "un acuerdo", y manifestó su voluntad de que la cámara "sesione en primeros días de febrero para aprobarlo".

El nacionalista Borsari, después de anunciar que los blancos no acompañarían la postergación, dijo que "sería una falta enorme del Parlamento no aprobar este Código tras cuatro años de análisis en la comisión", destacó.

Así, si esta Legislatura no sanciona la reforma del Código Penal, seguirá vigente el aprobado en 1934.

Es “casi imposible” votar el proyecto antes del fin de la Legislatura, dice el FA