No hubo secuencia de hechos, pero sí violencia privada.

El edil nacionalista de Maldonado, José Plada, fue procesado, sin prisión, por el delito de violencia privada ejercido contra su esposa, la también curul Marcela Fernández, en el entendido que para que le se imputara violencia doméstica deberían haberse concretado acciones prolongadas en el tiempo, algo que no parece haber ocurrido en este episodio, explicó a El País el portavoz de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Raúl Oxandabarat.

“El caso de los ediles no se ajusta a ese supuesto (de violencia doméstica) porque se trataría, en principio, de un hecho puntual”, explicó. “El asunto que nos ocupa parece ajustarse mejor al delito de violencia privada (artículo 288 del Código. Penal) que se cuenta entre los delitos contra la libertad”, agregó.

Este artículo establece que “el que usare violencia o amenazas para obligar a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”. El juzgado a cargo de Diego González hará llegar en las próximas horas el auto de procesamiento a la SCJ.

Plada declaró durante varias horas el martes en Rivera luego de que se produjera el incidente cuando un numeroso grupo de ediles de todo el país estaba reunido el sábado de madrugada en un restaurante de Rivera luego de asistir a un congreso nacional.

La Junta Departamental de Maldonado aceptó la renuncia presentada por Plada. Por su parte, el Partido Nacional dispuso que Fernández, que es edil suplenta de la lista 32 de esa colectividad, no integre ninguna comisión de la junta departamental.

En esa misma madrugada, un edil del Frente Amplio de Montevideo se retiró del restaurante sin pagar una cuenta de $ 2.900 por consumo de comida y bebidas alcohólicas. Al final la cuenta fue pagada por un edil blanco.

Plada fue detenido el lunes en Maldonado y fue trasladado a Rivera.

RIVERA