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Las autoridades sanitarias trabajan en la reglamentación de la ley del aborto y estiman que en un mes estará lista. Habrá tres procedimientos para interrumpir el embarazo: dos con el uso de fármacos y el otro mediante aspiración intrauterina.

En el Ministerio de Salud Pública (MSP) están trabajando desde hace tres semanas en la reglamentación de la ley que despenaliza el aborto. Y ahora que la norma fue aprobada, abrirán la discusión e incluirán a organizaciones de la sociedad civil y a médicos para que contribuyan a afinar detalles de su instrumentación, informó a El País la directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi.

La ley establece que luego de su promulgación (que se concretará en estos días) hay un mes de plazo para la reglamentación. Rieppi aseguró que se pretende cumplir puntualmente con los tiempos establecidos en la normativa.

Algunas de las cuestiones que quedaron libradas a la reglamentación ya están definidas, por ejemplo los procedimientos para interrumpir los embarazos.

Habrá tres formas de practicar un aborto, dos de ellas con la utilización de medicamentos y la otra mediante aspiración intrauterina. La utilización de cada uno de estos métodos dependerá de cada caso, de la situación sanitaria de la mujer y del tiempo gestacional del embarazo.

"La ley dice que los procedimientos deben ser en base a la mejor evidencia clínica. Y en la actualidad la evidencia es que hay tres procedimientos: el misoprostol, misoprostol más mifepristone (combinados) y la aspiración intrauterina. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y nos vamos a afiliar a eso", informó Rieppi.

El misoprostol está disponible en el mercado local, no así el fármaco mifepristone. El subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, anunció que se ordenará su importación y que se lo incluirá en el vademécum.

La cuestión que aún no ha sido definida es si los procedimientos se van a realizar en los propios centros de salud o en los domicilios de las pacientes.

Los ginecólogos se inclinan por la última opción. Argumentan que con un correcto monitoreo del procedimiento la medida puede contribuir a no congestionar los servicios.

Rieppi aclaró que aún no está determinado, pero "lo que se va a priorizar es la seguridad de la mujer". El costo que tendrá para la usuaria la interrupción del embarazo tampoco está definido.

La ley dice que la interrupción del embarazo será considerado un acto médico sin valor comercial. Rieppi interpreta esto como que el costo no debe ser transferido a los usuarios. "Seguramente para la consulta médica tenga que pagarse un ticket", señaló.

Fuentes del mutualismo expresaron a El País que ya existe preocupación por el tema de los costos asociados que implicará montar el servicio del aborto. Además, del acto médico en sí, se deberá instalar un tribunal compuesto por un ginecólogo, un psiquiatra y un asistente social. En la Federación Médica del Interior (FEMI) ya expresaron incertidumbre sobre la posibilidad de integrar esos tribunales y sobre concretar el aborto en lugares alejados de las capitales departamentales. El presidente de FEMI, Edgardo Mier, dijo a Montevideo.com que el plazo de 12 semanas es "lapidario" y que "hasta ese límite el aborto es voluntario y un día después es un delito".

CÍRCULO CATÓLICO. En tanto, la Junta Nacional de Salud (Junasa) anunció que investigará si los ginecólogos de la mutualista Círculo Católico fueron obligados a firmar la objeción de conciencia que los exime de realizar abortos.

El presidente de la Junasa, Luis Gallo, dijo que llegaron denuncias en ese sentido. El presidente saliente del Círculo, Daniel López Villalba, aseguró que las objeciones fueron firmadas hace dos años y que se hicieron en forma voluntaria.

Cuando se reglamente la ley. Las autoridades estiman que esto ocurrirá en aproximadamente un mes. Ahora se trabaja para definir detalles de la instrumentación.

Serán tres procedimientos. El uso de pastillas de misoprostol, el misoprostol combinado con el medicamento mifepristone y la aspiración intrauterina. Su uso dependerá de cada caso.

La ley dice que la interrupción del embarazo será considerada un acto médico sin valor comercial. Por lo pronto las autoridades estiman que para acceder a la consulta habrá que pagar un ticket.

En cada centro de salud habrá un servicio integrado por un ginecólogo, un psiquiatra y un asistente social para asesorar a la mujer que desee abortar. Hay dudas sobre su puesta en práctica en los hospitales del interior del país.

En principio eso no está previsto. Las autoridades sanitarias entienden que la objeción de conciencia para no realizar abortos es individual de cada profesional y no colectiva de todo un centro de salud.

La decisión final sobre la interrupción de su embarazo es potestad exclusiva de la mujer. La voluntad del hombre no es determinanante. La pareja o el padre de la mujer puede acompañarla en las consultas.