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Tras un nuevo fracaso en las negociaciones con el gremio, el gobierno decretó la esencialidad de los servicios de Salud Pública. Los funcionarios igual ocuparán hoy siete hospitales y advierten que resistirán "pacíficamente" el desalojo.

La reunión duró cinco minutos. El ministro de Salud, Jorge Venegas, preguntó a los dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) si estaban de acuerdo con la fórmula de salida al conflicto planteada un día antes. "No", fue la respuesta.

De inmediato el gobierno anunció lo que ya había advertido: a partir de la medianoche se decretará la esencialidad de los servicios de Salud Pública.

El decreto abarca a todos los hospitales de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), según confirmó anoche a El País el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.

"El derecho de huelga está inhibido; la esencialidad inhibe la posibilidad de ocupar porque los directores de los hospitales tienen que permanecer en sus cargos", aseveró Brenta.

El secretario de Estado consignó a El País que los funcionarios que desacaten la resolución pueden llegar a ser "destituidos" como indican los acuerdos internacionales en la materia a los que Uruguay se sumó.

"El incumplimiento del decreto habilita a la administración a contratar a terceros y aplicar las sanciones que entienda correspondientes, entre ellas la destitución", aseveró.

Los funcionarios, de todos modos, mantienen la medida de ocupar hospitales y resistirse "pacíficamente" al desalojo.

Hoy, a partir de la hora 8.00 ocuparán tres centros de salud en Montevideo -el Español, el Vilardebó y el Portal Amarillo- otros cuatro en el interior del país: en Colonia, Ciudad del Plata, Río Branco y Artigas. El jueves se seguirá con el cronograma de ocupaciones en otros centros de salud, según confirmó a El País el secretario general de la FFSP, Pablo Cabrera.

La solicitud de esencialidad del ministro Venegas a su colega de Trabajo dice textualmente: "Ante la declaración de medidas gremiales de parte de la Federación de Funcionarios de Salud Pública que incluye la ocupación de Hospital Español, Hospital Vilardebó, Centro Auxiliar de Río Branco, Hospital de Colonia, Centro Auxiliar de Ciudad del Plata, Portal Amarillo y Hospital de Artigas a partir de las 8:00 horas del día 5 de septiembre de 2012, y a los efectos de proteger el derecho humano fundamental de acceso a la salud de sus beneficiarios, las autoridades de ASSE y del MSP solicitan que se decrete antes de la hora mencionada, la esencialidad de todos los servicios en estos hospitales y en toda la red de servicios de ASSE en todo el país, incluyendo los servicios de limpieza, conserjería y otros que se provean a través de empresas contratadas a terceros, como medida para salvaguardar la correcta atención de los pacientes que se asisten en ASSE".

Pocos minutos después, el ministro Brenta firmó el decreto de esencialidad. Allí se establece que la totalidad de los servicios públicos y privados prestados por el Estado, "deberán ser efectuados bajo el control, dirección y responsabilidad de ASSE".

ENTES. Mientras tanto, la conflictividad se mantiene en otros sectores del Estado donde también está latente la amenaza de declaración de esencialidad y los descuentos por paros distorsivos. Los descuentos serán el principal tema de la reunión del Consejo Superior de Salarios del sector público que se desarrollará en la mañana de hoy. Los representantes sindicales plantearán la derogación del decreto 401/08. Se trata de una posición que el Pit-Cnt viene manejando desde "hace años", según dijo ayer a El País el coordinador de los sindicalistas, Ricardo Cajigas.

Mañana jueves a las 10 se volverá a reunir el ámbito de negociación entre Ancap y Fancap que preside el Ministerio de Trabajo (MTSS). Allí las partes se verán las caras tras 48 horas de intercambios informales.

En tanto, en la interna del sindicato de Ancap (Fancap) se discutirá hoy la posibilidad de admitir los descuentos por paros distorsivos a cambio de que la empresa se comprometa a no aplicarlos en el futuro, según dijo a El País la secretaria general del gremio, Lidia Allende.

Sin embargo, en Ancap no están dispuestos a asumir ese compromiso, por el contrario son partidarios de aplicar los descuentos las veces que sea necesario. "Para adelante sí, claro", respondió el presidente de Ancap, Raúl Sendic, a la consulta de si el ente aplicaría nuevamente el decreto 401/08.

"En situaciones parecidas a esta, con medias atípicas que distorsionan la actividad", explicó Sendic, sería cuando el Directorio de Ancap aplique el decreto que habilita a descuentos salariales a los funcionarios.

Ayer se reunió el secretariado ejecutivo del Pit-Cnt con los dirigentes de la Fancap y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) para analizar la situación de Ancap. Se escuchó un informe por parte del dirigente de Antel Gabriel Molina y se resolvió que los coordinadores inicien gestiones "urgentes" para destrabar el conflicto.

Sobre las 15 se reunirá la dirección de la MSCE para analizar el resultado de la reunión de Ancap. Resolverán si aplican o no el paro de 24 horas para respaldar a Fancap y rechazar la aplicación del 401/08.

Desde el lunes los sindicatos que componen la MSCE se declararon en conflicto por la aplicación del decreto y comenzaron a discutir las características del paro.

Dependiendo del resultado de la reunión de las 10, los sindicatos de los entes evaluarán si aplican el paro o no el día viernes. Si lo hicieran ese día se repetiría la situación del fin de semana pasado: desabastecimiento de naftas. En este caso, Ancap solicitará la esencialidad del servicio.

Los edificios sede de AFE, UTU y del Consejo de Formación en Educación (CFE) amanecieron ayer ocupados por sus respectivos sindicatos. Tanto UTU como el CFE respaldaron la medida con un paro nacional de 24 horas, por tanto no hubo clases en la mayor parte de los Institutos de Formación Docente y las escuelas técnicas de todo el país.

El reclamo de los sindicatos de la enseñanza está centrado en las inequidades salariales. En el caso del CFE el problema está centrado en las compensaciones que algunos funcionarios reciben por decisión de la administración del organismo.

"No queremos que le bajen el sueldo a nadie pero la mayoría de nosotros gana unos $ 10 mil y con eso no se puede vivir", dijo a El País la dirigente Mariela De León.

En tanto, los funcionarios no docentes de UTU central piden ganar lo mismo que un profesor y que se aplique el principio de "igual trabajo igual remuneración". Hubo quema de cubiertas.

Al cierre de esta edición los ocupantes de UTU y CFE esperaban que la Policía los desalojara. Los sindicalistas suponían que el gobierno esperaba que se terminaran los informativos de televisión para concretar la orden.

El sindicato de los ferroviarios ocupó ayer por la mañana durante unas horas la sede de AFE para reclamar la devolución de una partida por enfermedad que habían acordado con el organismo en 1987 y esta administración decidió suprimirla, según dijo a El País el dirigente Ricardo Cajigas. Denunciaron que AFE contrató a dos asesores por la misma cifra que pagaba por la partida por enfermedad.