El abogado penalista Gustavo Salle presentará una denuncia para que la Justicia especializada en crimen organizado investigue el proceso por el cual el gobierno habilitó la construcción de un puente sobre la laguna Garzón que unirá Rocha con Maldonado, aunque sin la autorización de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

Salle presentará mañana la denuncia basándose en las declaraciones que formuló a El País el empresario argentino Eduardo Costantini, quien financiará la construcción del puente y a la vez desarrollará un millonario emprendimiento turístico en la zona, el que se denomina Las Garzas.

"Esta inversión se realizó sobre la base de un acuerdo que está firmado entre los tres gobiernos: el nacional, el del departamento de Rocha y el de Maldonado, a través del cual ellos daban su consentimiento", aseguró Costantini, quien también indicó que "más bien ellos se manifestaban propensos a la construcción del puente y la empresa que yo presido se comprometía a construirlo".

A juicio de Salle, de las declaraciones de Costantini, "puede inferirse" que de antemano los jerarcas públicos "comprometieron opinión y gestión a favor del proyecto del particular".

En la hipótesis del denunciante, los jerarcas estatales podrían haber incurrido en el delito de "conjunción del interés personal y público".

En el escrito que Salle presentará mañana ante la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos del Poder Judicial, pide que se cite a declarar a Costantini en calidad de indagado para que amplíe el tenor y el alcance de sus dichos.

A su vez, el abogado solicita que se disponga una medida judicial cautelar de "no innovar" en relación al puente sobre la laguna Garzón y también sobre el emprendimiento inmobiliario Las Garzas.